Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-En supuestos daños a su honor y otros perjuicios ocasionados a su entorno familiar, sustenta la demanda de 100 millones de lempiras el comisionado de la Policía Nacional, Danilo Orellana.
En su demanda entablada en los Juzgados de los Contencioso Administrativo, Orellana responsabiliza por daños a su honor y a su familia a los exdirectores de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva y Mario Chinchilla, a quienes además acusó ante la justicia por los delitos de violación de secretos e injurias constitutivas de difamación.
“El daño fue terrible para mi familia, una hija mía tuve que ponerla en un estatus muy especial dentro de la escuela, un hijo mío casi pierde un semestre y mi esposa sufrió fuertes daños, está con una enfermedad que no se la puede quitar de encima, producto del estrés… de estas cosas”: Danilo Orellana.
En tanto Eduardo Villanueva, aseguró que sus actuaciones se enmarcan en la ley. “Las actuaciones de la DIECP bajo mi gestión fueron apegadas estrictamente a derecho y todo está conforme a lo que corresponde al mandato de ley que teníamos”
Agregó que las incongruencias en cuanto al patrimonio versus ingresos, que se le atribuyó a Orellana, fueron trasladadas al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La demanda de Orellana se encuentra en la Sala Laboral del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, donde se espera el nombramiento del juez que conocerá del caso, ya que la jueza designada se excusó, alegando que existe un grado de consanguinidad con el demandante.
La demanda interpuesta por Danilo Orellana podría ser mayor a los 100 millones de lempiras, ya que esa cantidad es la cuantía mínima que se establece en la petición judicial.
Dicho monto debe de ser considerado de acorde a la inflación, la devaluación de la moneda, índice de precio al consumidor, precio promedio del dólar, tasa pasiva del mercado bancario nacional y otros factores económicos financieros.
Orellana, quien fue director de la Policía Nacional, figuró en su momento en una lista de seis oficiales de la Policía investigados por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, a quienes se les contabilizó un patrimonio de 37 millones de lempiras en activos y bienes.
