Tegucigalpa, Honduras. — Amparándose en la reducción de 15.2 puntos en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes durante 2024, pero con diversos factores en contra que han generado cuestionamientos, el Consejo de Ministros, liderado por la presidenta Xiomara Castro, aprobó una nueva prórroga de 45 días al estado de excepción mediante el PCM 03-2025, que estará vigente hasta el 18 de febrero de 2025 en 226 de los 298 municipios hondureños.
El gobierno de Xiomara Castro justifica la ampliación destacando logros anteriores, como una reducción de 15.2 puntos en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en 2024, el desmantelamiento de 992 bandas criminales y más de 53,000 detenciones por diversos delitos. También se incautaron drogas, armas y vehículos en operaciones que buscan debilitar al crimen organizado.
Sin embargo, analistas en temas de seguridad, como el abogado criminólogo Wilfredo Rubio, sostienen que el estado de excepción, para el gobierno, se ha convertido en una panacea, cuando no está acompañado de un plan de seguridad estratégico que además incluya las tan anheladas reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, para que los resultados, en lugar de ser cotidianos, sean efectivos y, de esa manera, se convierta en una estrategia que no esté marcada por las arbitrariedades.
“Al estado de excepción no solo es de verlo como una panacea, sino como parte de un conjunto de medidas dentro de un plan de seguridad nacional. Para desarticular estructuras criminales, necesitamos tener control sobre las finanzas, comunicaciones, armas y, asimismo, sobre la inteligencia de las estructuras criminales. Estos serían pilares para atacar la raíz del problema”, dijo en medios de comunicación el abogado.
Lo señalado por Rubio tiene fundamento. Aunque el gobierno atribuye la prórroga del estado de excepción a una aparente reducción de homicidios en 2024, persisten vacíos críticos que mantienen a la criminalidad en ascenso, lo que pone en duda la efectividad de esta herramienta constitucional.
Por ejemplo, sigue siendo una quimera controlar la venta y distribución de tarjetas SIM, herramienta clave del crimen organizado para operar redes de extorsión. Asimismo, la falta de regulación sobre las billeteras electrónicas, utilizadas como medio para recibir pagos ilícitos, evidencia la ausencia de un enfoque integral. Estos y otros factores subrayan la necesidad de atacar las raíces estructurales del problema, como lo mencionó Rubio.
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El estado de excepción en 2025, estará vigente en 226 municipios distribuidos en todo el país, incluyendo zonas críticas como el Distrito Central, San Pedro Sula y municipios de departamentos como Atlántida, Colón, Francisco Morazán, Cortés y Olancho. Estas áreas han sido identificadas por la Policía Nacional como de alta incidencia delictiva, especialmente por el delito de extorsión.
La medida está en vigor por un período de 45 días, desde las 6:00 p.m. del 5 de enero de 2025 hasta las 6:00 p.m. del 19 de febrero de 2025. Durante este tiempo, se mantendrán suspendidas los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99; seis garantías constitucionales relacionadas con la libre circulación y la inviolabilidad del domicilio.
La implementación estará a cargo de la Policía Nacional, en conjunto con la Policía Militar del Orden Público (PMOP) a través de las Fuerzas Armadas (FF. AA), que actuarán en las zonas designadas. Estas instituciones están facultadas para realizar detenciones de personas vinculadas a actividades delictivas y reforzar el control en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, de acuerdo con el PCM.
Es decir, en este contexto, elementos de la Policía Nacional y la Policía Militar, pese a tener denuncias en el Ministerio Público por abuso de poder, violaciones a los derechos humanos, tráfico de drogas, agresiones sexuales, implantación de pruebas y otros delitos, seguirán allanando viviendas y arrestando a cualquier ciudadano que consideren sospechoso de pertenecer a una agrupación criminal, incluso sin haber sido objeto de una investigación previa.
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El decreto debe ser ratificado, modificado o improbrado por el Congreso Nacional liderado por el diputado Luis Redondo, en un plazo de 30 días, según lo establece el artículo 187 de la Constitución de la República de Honduras, pero aquí es donde este Poder del Esatdo se encuentra con una paradoja ilegal que se volvió usual.
De los más de 15 decretos ejecutivos publicados en el diario oficial La Gaceta entre el 6 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de 2025, el Congreso Nacional, denominado por el oficialismo como “Congreso del Pueblo”, no ha ratificado más de 6 de estos PCM. Este hecho evidencia no solo la falta de voluntad política, sino también el incumplimiento de lo que manda la Constitución, ya que, al no ser ratificados, el Ejecutivo continúa prolongándolos de manera irregular.
