Tegucigalpa, Honduras.- La madrugada de este viernes 26 de julio, cuatro agentes de la Policía Nacional fueron requeridos por el Ministerio Público (MP) por su presunta responsabilidad en el asesinato del menor Erick Daniel Bonilla Pérez, quien fue abatido la noche del 13 de junio en la Cuarta Avenida de Comayagüela, ubicada en el Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, durante la vigencia del estado de excepción.
De acuerdo con la información, el funcionario policial Carlos Daniel Núñez Ávila habría sido el encargado de perpetrar el asesinato, mientras que Mario Orlando Amador Sosa, Kenia Cárcamo Ordóñez y Rosi Elizabeth Valladares López, quienes presenciaron el hecho, manipularon el informe policial. Por ello, fueron acusados de encubrimiento de homicidio y omisión del deber de socorro.
El proceso de investigación, que duró 43 días y fue elaborado por la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), reveló que mientras estos cuatro agentes realizaban operativos de rutina en un vehículo policial con número de serie RPM 936 en el barrio El Edén, intentaron capturar a Erick y su acompañante, quienes se desplazaban en una motocicleta. Sin embargo, ellos no respondieron a la solicitud y se dieron a la fuga.
Erick y su acompañante, tras una breve persecución, se estacionaron en un tramo de la Cuarta Avenida de Comayagüela. Segundos después, la patrulla se posicionó junto a la motocicleta. Daniel (supuesto asesino), mientras estaba sentado en la parte trasera, sacó por la ventana su arma de uso reglamentario (un fusil calibre 5.56) y disparó en contra del menor.
Luego de disparar sin justificación legal, en lugar de solicitar asistencia médica o trasladar al herido a un centro asistencial, los agentes policiales abandonaron la escena. Minutos después, el menor falleció. Personal del Sistema de Emergencias 911 llegó al sitio después de que personas que presenciaron el incidente llamaran para reportar el asesinato.
Los policías no solo cometieron esta arbitrariedad al abusar de su poder. Además, al momento de redactar el informe, se compadecieron con total normalidad, como si ya fuera una práctica habitual, estableciendo que la víctima portaba un arma de fuego y un paquete que no detallaron el contenido de su interior. Sin embargo, la Fiscalía desmintió estas afirmaciones durante la investigación.
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CUERPOS DE SEGURIDAD AMPARADOS EN FACULTADES DEL ESTADO DE EXCEPICÓN PARA ABUSAR DE SU PODER
Lo paradójico del caso es que el asesinato de este menor a manos de policías solo pone en evidencia los abusos de autoridad que han estado cometiendo los cuerpos de seguridad del país. Estos abusos se han intensificado debido a las facultades que poseen bajo el estado de excepción vigente desde el 6 de diciembre de 2022.
Evidencia de lo anterior es que, hasta abril de 2024, se habían presentado 440 denuncias contra elementos de la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público (PMOP) ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). Estas acusaciones, realizadas desde diciembre de 2022, señalan que se han perpetrado diversos tipos de delitos en contra de la población hondureña.
La información revela que algunos efectivos policiales están abusando de sus facultades para violar los derechos humanos de los ciudadanos, e incluso para robar pertenencias en viviendas que supuestamente allanan en busca de personas implicadas en delitos.
Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional del Conadeh, explicó que un antecedente de lo anterior es que los delincuentes están utilizando indumentaria de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado para llevar a cabo sus delitos. Esto se comprobó el 20 de abril, cuando un grupo de ladrones, disfrazados de policías, asaltó un negocio en San Pedro Sula para robar a los propietarios.
Debido al aumento de casos en los que delincuentes supuestamente usaban uniformes de la DIPAMPCO, las autoridades han decidido que esta unidad policial deberá utilizar el uniforme convencional de la Policía Nacional.
Además, se ha comprobado que miembros de la Policía Nacional, particularmente de la Dirección Policial de Investigación (DPI), han incurrido en múltiples ilegalidades durante el estado de excepción. Actualmente, más de 10 agentes están siendo procesados judicialmente por diversos delitos cometidos en contra de la población.
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ESTADO DE EXCEPICÓN SIN ESTRATEGIA
Cáceres evaluó que “el estado de excepción carece de una estrategia de política pública efectiva. Este debería reservarse para situaciones verdaderamente extraordinarias, y su prolongación cuestiona la responsabilidad del Estado, ya que otorga a los agentes la capacidad de realizar intervenciones y arrestos sin fundamentos”.
El director del Observatorio Nacional del Conadeh subrayó lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República, que limita el estado de excepción a situaciones como invasión del territorio nacional, grave perturbación del orden público, epidemias u otras calamidades generales. Esta disposición contrasta con la política del gobierno de Xiomara Castro, que ha extendido el estado de excepción en múltiples ocasiones por periodos de 45 días.
Datos cotejados indican que los efectivos de seguridad aprovechan los allanamientos de vivienda para cometer ilegalidades. (Fotografía: Horacio Lorca)
Hace un par de meses el gobierno estadounidense publicó un informe en el que se destaca el aumento de las violaciones de derechos humanos en Honduras debido a la prolongación del estado de excepción. Esta afirmación fue desestimada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que argumentó que, en realidad, la medida ha contribuido a la reducción de homicidios.
