La mayoría de estos ataques contra candidatos a cargos de elección popular se suscitaron en el departamento de Santa Bárbara en el mes de agosto. Por ejemplo, el 2 de agosto desconocidos atentaron contra el alcalde de Quimistán, Santa Bárbara, Rubén Darío Pacheco, del partido de gobierno
Mientras que el 8 de agosto, el diputado suplente por el Partido Nacional, Mario Reyes, fue secuestrado junto a dos activistas de ese instituto político, y el 26 de agosto, el candidato a diputado por el Partido Liberal, Nelson Bueso, sufrió un atentado en Azacualpa, Santa Bárbara.
Tegucigalpa, Honduras. – La violencia generada por la polarización política en Honduras ha cobrado la vida de al menos cuatro aspirantes y candidatos a cargos de elección popular durante 2025. El caso más reciente ocurrió el martes 9 de septiembre, con el asesinato de Oscar Bustillo Oseguera, candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Bustillo Oseguera, ingeniero forestal, fue atacado por desconocidos en el barrio Montecristo, municipio de Yoro, cuando se encontraba en su vivienda junto a su familia. Los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones. Aunque fue trasladado a un hospital, no logró sobrevivir.
El hecho se suma a una serie de asesinatos, atentados y secuestros que han afectado a dirigentes políticos de los tres partidos mayoritarios: Libre, Nacional y Liberal. Para analistas en temas electorales consultados por Criterio.hn señalan que estos sucesos reflejan un clima de inseguridad generalizada.
En la primera quincena de febrero de 2025, a menos de un mes de las elecciones primarias del 9 de marzo, fueron asesinados dos aspirantes a alcaldes del Partido Nacional. El primer caso ocurrió el 11 de febrero en Esparta, Atlántida, donde fue ultimado Óscar Gerardo Montoya. Apenas cinco días después, el 16 de febrero, Iván Zambrano, aspirante a la alcaldía de Morazán, Yoro, también fue asesinado.
Meses más tarde, el 9 de julio de 2025, la violencia volvió a golpear al Partido Nacional: hombres armados asesinaron al alcalde de San Isidro, Intibucá, Francisco Martínez Domínguez.
Héctor Soto, analista político, explicó que “no se trata de ataques focalizados de un partido contra otro, sino de una ola de violencia que golpea a todos los sectores políticos”. A su juicio, este fenómeno envía un mensaje claro de fragilidad y temor tanto a los líderes como a la ciudadanía.
Recordó el atentado contra el alcalde de Quimistán, Santa Bárbara, Rubén Darío Pacheco, del partido de gobierno; el ataque sufrido por un candidato liberal en Azacualpa, Nelson Bueso; y el secuestro de Mario Reyes, diputado del Partido Nacional en Santa Bárbara. Hechos que muestran la amplitud del fenómeno.
“Estamos viendo asesinatos, atentados y secuestros que afectan a todos los partidos grandes. Esto no es algo direccionado, es una señal de que la política se desarrolla en un entorno altamente riesgoso”, enfatizó el analista en una entrevista brindada a este medio digital.
“En departamentos como Yoro y Santa Bárbara, el clima de miedo está cambiando la forma de hacer política. Los líderes se muestran más cautelosos y la gente también evita manifestar simpatías por temor a represalias”, explicó.
Este ambiente, advierte Soto, puede tener un impacto directo en la participación electoral. “El temor desestimula el voto, genera apatía y distorsiona la sana competencia democrática”, añadió.
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El analista sostiene que la violencia, sumada a las descalificaciones entre candidatos presidenciales y diputados, ha relegado las propuestas de gobierno a un segundo plano.
“Las propuestas han estado ausentes. En un contexto violento, los temas más sensibles —como seguridad, narcotráfico o conflictos ambientales— son desplazados del debate por temor a tocar intereses peligrosos”, señaló.
De esta forma, la agenda electoral se reduce y pierde calidad. Soto alerta que, si la violencia política continúa, los ciudadanos tendrán menos elementos de juicio para decidir su voto.
A esta problemática se suma el hecho de que Honduras atraviesa un prolongado estado de excepción, bajo el cual se desarrollaron las elecciones primarias del 9 de marzo y que se mantendrá para las elecciones generales del 30 de noviembre.
“Nos encaminamos a otro proceso electoral bajo estado de excepción, lo cual no es nuevo en la región, pero sí refleja los límites de esta medida. Los atentados siguen ocurriendo pese a la restricción de derechos”, explicó Soto.
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MINISTERIO PÚBLICO DEBE INVESTIGAR ESTOS ATAQUES A CANDIDATOS
Ante los constantes ataques contra candidatos a cargos de elección popular, los analistas sugieren que el Ministerio Público y l Policía Nacional deben investigar a fondo las causas de estos atentados, secuestros y asesinatos.
Soto, por su parte, subrayó la necesidad de fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección, así como el acompañamiento policial y fiscal hacia los candidatos en riesgo. “Eso podría ayudar a reducir el clima de vulnerabilidad”, expresó.
En esa misma línea de pensamiento expreso el analista político, Carlos Cálix, quien coincide en que la violencia política debe analizarse desde el marco de la polarización que se intensificó en los procesos de 2017 y 2021.
Según Cálix, esa “polarización tóxica” alcanzó niveles alarmantes tras las elecciones primarias de marzo de 2025, alimentando enfrentamientos entre aspirantes de los partidos Libre, Nacional y Liberal.
“El país vive una escalada de violencia política que se mezcla con la violencia criminal generalizada. La abundancia de armas y la presencia del crimen organizado agravan aún más el panorama”, precisó el entrevistado.
Asimismo, considera que detrás de algunos asesinatos podrían confluir factores políticos y delictivos, por lo que se requiere una investigación profunda que determine las causas reales.
En cuanto al impacto en la confianza ciudadana, Cálix advierte que los asesinatos de aspirantes generan mayor descontento social hacia las instituciones encargadas de la seguridad.
En ese sentido, señaló que el riesgo no solo recae en candidatos locales o regionales, sino que podría alcanzar a candidatos de las grandes ciudades, incluyendo a los presidenciables, tal y como sucedió en Colombia con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, en agosto de 2025, y en Ecuador con la muerte de Fernando Villavicencio en 2023.
Ambos analistas coinciden en que la violencia política debilita la democracia hondureña, reduce el debate público y amenaza con afectar la participación electoral en un año decisivo.
Con cinco líderes políticos asesinados en lo que va de 2025, Honduras enfrenta el desafío de garantizar seguridad a quienes compiten por cargos públicos y confianza a los ciudadanos que acudirán a las urnas.
El desenlace de las elecciones generales dependerá, en buena medida, de la capacidad institucional para contener la violencia y devolverle a la política un espacio de propuestas, en lugar de convertirse en un terreno de riesgo mortal.
