La comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz conmemora cuatro años de la desaparición de sus líderes, insistiendo en la necesidad de una investigación efectiva y justicia para las víctimas
Tegucigalpa, Honduras. – “Continuamos exigiendo la aparición con vida de nuestros compañeros y que se de con los culpables”, es la petición de la comunidad garífuna en Triunfo de la Cruz. Frente a la playa, los garífunas recordaron el 18 de julio de 2020 cuando se perpetuó la desaparición forzosa de los lideres Albert Snaider Centeno Thomas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, y Gerardo Misael Róchez Cálix.
Además, exigieron la creación de una Fiscalía especial contera la desaparición forzada para investigar las desapariciones y la manera en la que estas son ejecutadas.
La desaparición forzada es un delito grave y una violación de los derechos humanos que ocurre cuando una persona es detenida, secuestrada o privada de su libertad por agentes del Estado o por personas o grupos criminales, que se niegan a revelar su paradero o a reconocer su detención, dejando a la víctima fuera de la protección de la ley. Esta práctica no solo afecta a la persona desaparecida, sino también a sus familiares y a la comunidad en general, generando un clima de miedo e incertidumbre. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad según el derecho internacional y, por lo tanto, debe ser investigada, juzgada y sancionada con la mayor severidad
En el caso de los líderes garífunas desaparecidos en Triunfo de la Cruz, secuestrados el 18 de julio de 2020. Testigos relatan que un grupo de hombres armados, vestidos con uniformes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), irrumpieron violentamente en sus hogares durante la madrugada y los obligaron a subir a vehículos sin placas. Desde entonces, no se ha tenido noticia alguna sobre su paradero, y las autoridades no han avanzado significativamente en la investigación de estos hechos. Esta desaparición forzada ha generado indignación y temor en la comunidad garífuna, que históricamente ha sido víctima de discriminación y violencia sistemática.
En los últimos años, de acuerdo con la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), al menos 50 personas garífunas han sido asesinadas, cinco han sido desaparecidas, un poco más 300 han sido criminalizadas y encarceladas y se han registrado numerosas amenazas y desplazamientos.
OACNUDH EXIGE AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DE DESAPARICIONES EN TRIUNFO DE LA CRUZ
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), expresó su preocupación por la falta de avances en la investigación de la desaparición de Sneider, Milton, Suami, Gerardo y Junior.
A través de un pronunciamiento, la OACNUDH destacó la necesidad de incluir a las víctimas y sus representantes, como la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos, en los procesos investigativos. Esta falta de inclusión ha generado un sentimiento de desconfianza y frustración entre las familias de los desaparecidos, quienes exigen respuestas y justicia.
El organismo internacional reitera su solidaridad con las familias afectadas y con el pueblo garífuna, una comunidad que ha enfrentado históricamente violaciones a sus derechos humanos.
A cuatro años de la desaparición, la OACNUDH hizo un llamado al Estado hondureño para que se avance en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de estas desapariciones, reafirmando que la justicia es un derecho fundamental para las víctimas y sus familias.
Además, la OACNUDH se ofreció a brindar asistencia técnica para encontrar soluciones estructurales y sostenibles que garanticen la protección de los derechos del pueblo garífuna. Esto incluye el acceso, uso y disfrute de sus propiedades comunales y ancestrales, incluidas en la recién creada Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI), órgano encargado de coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las sentencias internacionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IHD), en los casos Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
La falta de acción en este caso no solo afecta a las familias de los desaparecidos, sino que también refleja un patrón preocupante de impunidad y falta de protección de los derechos humanos en Honduras. La OACNUDH insta a las autoridades a priorizar esta investigación y a garantizar que los derechos de las comunidades, especialmente de aquellas que han sido históricamente marginadas, sean respetados y protegidos.
CORTE IDH INSTÓ UNA BÚSQUEDA COORDINADA EN 2021
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció el 30 de abril de 2021 sobre los casos de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros, y la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz y sus miembros, en contra del Estado de Honduras.
La Corte IDH expresó su preocupación por la falta de avances en las investigaciones para determinar el paradero de los miembros desaparecidos de la Comunidad de Triunfo de la Cruz. Además, subrayó la importancia de la participación de los familiares de las víctimas en dichas investigaciones.
En ese sentido, la Corte IDH recomendó que las autoridades hondureñas debían coordinar sus diligencias investigativas con el Comité garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de La Cruz (SUNLA, nombre en garífuna), para mejorar la eficacia de los esfuerzos destinados a localizar a las personas desaparecidas. Asimismo, instó al Estado a detallar en sus informes la manera en que estas investigaciones se llevarían a cabo en colaboración con el SUNLA.
A pesar de la resolución emitida Corte IDH, el Estado de Honduras no ha mostrado un interés significativo para dar con el paradero de los líderes garífunas desaparecidos de la Comunidad de Triunfo de la Cruz. La falta de avances en las investigaciones y la escasa coordinación con el SUNLA, evidencian una preocupante indiferencia por parte de las autoridades hondureñas.
Esta inacción no sólo contraviene las recomendaciones de la Corte IDH, sino que también perpetúa el sufrimiento de las familias de las víctimas y la impunidad en la comunidad garífuna.
