Sin temor y desafío: el mensaje de las estructuras criminales en las cárceles a las medidas del gobierno, dicen analistas
Por: Daniel Girón
Tegucigalpa.- No tienen temor y están desafiando la autoridad. Ese es el mensaje que envían los privados de libertad al gobierno que recientemente implementó un plan para desmontar las estructuras criminales que operan en los centros penitenciarios de Honduras, según expertos en seguridad consultados por Criterio.hn.
“El mensaje de estos grupos criminales es claro: están desafiando claramente al gobierno y lo manifiestan con amotinamientos demostrando que no hay temor. El gobierno puede anunciar intervenciones y claramente ellos están preparados para defender su autoridad”, consideró Kenneth Madrid, el director legal de la Asociación de una Sociedad más Justa (ASJ).
Paradójicamente, el 19, 21 y 25 de abril, días después que se confirmaron las 10 medidas del plan Solución Contra el Crimen (SCC), ocurrieron tres amotinamientos en la cárcel de máxima seguridad El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara, en el extremo noroccidente de Honduras, que dejaron como saldo a unos 20 privados de libertad heridos.
“Para estos grupos criminales, las acciones que está implementando el gobierno encajan en un dicho: del dicho al hecho hay mucho trecho. Prácticamente pasar a sólo hablar no cuesta nada y ellos lo entienden”, precisó a través de una llamada telefónica.
A criterio de Madrid, el plan de intervención debe ejecutarse cuanto antes para evitar que se registren más hechos violentos en el interior de las cárceles porque “si los privados de libertad no ven acciones concretas seguirán en su actuar delictivo en los centros penales”.
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RESPUESTA NATURAL DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD
Desde el punto de vista de Carlos Sierra, coordinador del programa Seguridad Ciudadana del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), es una respuesta natural que los privados de libertad ligados al crimen organizado se manifiesten con amotinamientos.
“Es una respuesta natural. Y no sólo se mira en las cárceles hondureñas, esto pasa en todo el mundo cuándo se plantea combatir una estructura criminal, como lo es el crimen organizado en las cárceles, estos reaccionan y normalmente lo hacen de forma violenta para expresar su inconformidad”, opinó.
Advirtió que los amotinamientos más recientes no serán los últimos, pues son estrategias que los privados de libertad utilizan para intentar fugarse, ya que se encuentran amenazados de perder el poder que han conquistado a lo largo de la historia, producto de sobornos a los policías penitenciarios.
“Ellos mandan un mensaje de poder y temor. Demuestran el poder que tienen utilizando artefactos destructivos en el interior de los centros penales, pero también sienten temor a perder ese poder que han conquistado”, puntualizó.
Mencionó además que el plan debió iniciar por investigar, separar, y judicializar a los policías penitenciarios encargados de facilitar el trasiego de armas y drogas a los privados de libertad.
“Sólo rotando el personal y cambiando de puesto no se dará un resultado efectivo. Se debe investigar, por ahí debió iniciar este proceso, no tratando de sacar las armas de las cárceles, ya que fácilmente vuelven a ingresar”, detalló Sierra.
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El SCC, ¿LA RESPUESTA ?
Julissa Villanueva, subsecretaria de Seguridad y designada para ejecutar el SCC, dijo ante lo sucedido en El Pozo, que no le sorprendía la respuesta de las estructuras criminales que mantienen el dominio en las cárceles de la nación centroamericana.
“No es algo que no me esperaba. No me extraña el desafío que pueda darse o las tácticas que los privados de libertad implementen para generar temor o pasar salir a través de los hospitales”, expresó a los medios de comunicación.
Advirtió en ese sentido a los privados de libertad que las entreguen las armas de fuego que poseen por las buenas, antes que inicie el desarme general dentro de los 25 centros penales.
“Se les está diciendo de buena manera que si no quieren aumento de requerimientos cuando llegue el desarme que entreguen todo; el desarme no lo detiene nadie”, planteó.
La presidenta Xiomara Castro en campaña prometió hacer una lucha de frente contra el crimen organizado y narcotráfico que impera en el territorio nacional, medidas que hasta la fecha no han funcionado, dicen analistas.
Para el caso, con relación a la anarquía penitenciaria, Castro prometió la construcción de dos centros penales de máxima seguridad con capacidad para 1,500 privados de libertad, así como la intervención penitenciaria antes descrita.
Mientras la más reciente medida fue anunciada el lunes 24 de abril por Villanueva. “El gobierno con el fin de recuperar el sistema penitenciario del país y como parte del Plan SCC busca rehabilitar el centro carcelario ubicado en Naco, Cortés, obra que fue saqueada y abandonada después del golpe de Estado en 2009”.
Para combatir la criminalidad que mantiene en zozobra a la población hondureña, Castro implementó un estado de excepción desde el 6 de diciembre de 2022, mismo que se mantendrá vigente hasta el 23 de mayo de 2023, según la última actualización.
