Por: José Rafael del Cid
Se acerca a cuarenta el saldo trágico del actual conflicto político. Testigos achacan la mayoría de estos asesinatos a agentes militares y policiales. Es una brutalidad que sacude los fundamentos de la razón humana, de la fe y la moral pública. Ocultar este saldo de vidas, jóvenes en su mayoría, jamás tendrá justificación en ideología o creencia religiosa alguna.
En su libro El Contrato Social o Principios de Derecho Político (edición española de 1832), Jean-Jacques Rousseau escribió: “Siendo el fin de la guerra la destrucción del Estado enemigo, hay derecho para matar sus defensores en tanto ellos tengan las armas en la mano; pero tan pronto como las dejan y se rinden, cesan de ser enemigos o instrumentos de enemigo, y quedan simplemente hombres; y bajo este respecto no se tiene ya derecho sobre su vida. Algunas veces se puede matar al Estado sin herir a ninguno de sus miembros; y he aquí como la guerra no da algún derecho que no sea necesario a su fin. Estos principios… son derivados de la naturaleza de las cosas, y apoyados en la razón” (págs. 15-16).
Obsérvese que el escrito alude a una situación extrema, de guerra, de enfrentamiento entre Estados. Cuánto más severa será la advertencia cuando el adversario son compatriotas, hermanos hondureños, indignados sí, pero prácticamente desarmados.
Puede que usted sea de los que achaca todas las culpas a los líderes del Bloque contra la Dictadura o a toda la clase política en general. Créalo así, si quiere. ¿Pero de qué bando son los caídos y de cuál la mano asesina? ¿De dónde emanan las órdenes y la forma despiadada con se ejecutan? Para no experimentar las implicaciones de conciencia de estas preguntas algunos prefieren evadirlas. Se encierran en sus exhortaciones a la resignación y a la aceptación de la injusticia. Divagan en sus burbujas de complacencia con el poder y los intereses pecuniarios. ¿Dormirán tranquilos?
“La violencia es el miedo a los ideales de los demás”, expresó Gandhi, quien también agregó que “un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo mundo lo crea”. La protesta es un derecho que a nadie debe servir de excusa para desatar violencia. Además, recuérdese la peculiaridad de esta protesta, no es cualquier cosa. La Constitución exige insurreccionarse ante la violación de artículos pétreos como la reelección.
La gente en la calle no redactó la Constitución, probablemente usted tampoco, pero el punto es que allí no figuran términos como “voluntad” o “recomendación” sino “deber” patriótico. Así que quienes han cometido la violación debieron antes entender que se enfrentarían a ciudadanos que tomarían en serio tal obligación con su país. “Siembra vientos, cosecharás tempestades”.
La violencia del Estado contra sus ciudadanos debe cesar, porque es una verdad fundamental “que todo poder que no dimane de la Nación (el pueblo), es tiránico e ilegítimo”, lo dijo también Rousseau y lo recogió en espíritu y letra nuestra Carta Magna.
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Ninguna de las vidas cegadas vale la ambición de cualquiera de los que usted considere culpables por alusión o por comisión. ¿Entonces por qué callar ante el reclamo de la sangre derramada? ¡Es sangre de compatriotas, de hermanos hondureños, por favor! Diálogo y razón deben imponerse para resolver el conflicto. Digo resolverlo, no disimularlo o banalizarlo, para ventaja de los sembradores de vientos y sus cómplices. Es que “no existe reconciliación que se construya sobre la ausencia de verdad, de justicia y de duelo” (M. Bachelet 2013).
