La situación en la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras se torna cada vez más crítica, entre denuncias de hostigamiento laboral y violaciones generalizadas a los empleados por parte de la ministra Natalie Roque, quien en las últimas horas anunció su retiro temporal por motivos de salud.
La crisis ha dejado en evidencia la incapacidad del gobierno de Xiomara Castro en dar respuesta a la protección y promoción de los derechos humanos como tarea básica del Estado en la tutela de los derechos fundamentales de los hondureños.
Tegucigalpa, Honduras. – La crisis en la Secretaría de Derechos Humanos, se agudiza cada vez más, la toma de instalaciones por parte de empleados que denuncian hostigamiento laboral por parte de la ministra Natalie Roque, ya cumplió un mes –25 días laborales— sin que hasta la fecha haya señales de un diálogo para resolver el conflicto interno que está socavando su capacidad para cumplir con su mandato de proteger y promover los derechos humanos de los hondureños.
Esta situación, genera preocupación a nivel nacional e internacional debido a las implicaciones que conlleva para la protección y promoción de los derechos humanos en este país centroamericano que en 2022 registró 14 muertes violentas de defensores, ubicándolo con el mayor número per cápita de personas defensoras asesinadas de acuerdo con Global Witness.
Para Ismael Moreno, exdirector del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) el sólo hecho de no tener una solución “preocupa”, porque “deja ver la fragilidad institucional para resolver conflictos” y evidencia la “intransigencia de parte de los empleados” y la “negativa de parte de las máximas autoridades del gobierno y de la Secretaría de Derechos Humanos”.
El también sacerdote jesuita apunta que la crisis en la SEDH advierte la poca capacidad del gobierno y del partido en el poder en la solución de conflictos a lo interno del gobierno.
Criterio.hn intentó comunicarse con la ministra Natalie Roque, para conocer su punto de vista y las medidas que tomaría como titular de esta institución para resolver el conflicto interno, sin embargo, no obtuvimos respuesta.
Por otro lado, Criterio.hn dialogó con empleados que mantienen la protesta, quienes afirmaron su denuncia de ser víctimas de hostigamiento laboral y violación a derechos humanos, razón por la cual insistieron con su petición a la presidenta Xiomara Castro para que destituya del cargo a Natalie Roque.
CONFLICTO DENOTA PROBLEMA SERIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Honduras, al igual que muchos países en América Latina, ha enfrentado desafíos persistentes en cuanto a la protección y promoción de los derechos humanos debido a una combinación de factores políticos, sociales y económicos y que ha conllevado a la criminalización de defensores, quienes se han enfrentado a una serie de vejámenes como la cárcel e incluso la muerte.
Lo antes descrito ha quedado al desnundo en el informe Norte de Centroamérica: Personas defensoras del medio ambiente, presentado el 16 de diciembre de 2022 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala que los actos de violencia observados en contra de quienes defienden el medio ambiente van desde discursos estigmatizantes, hostigamiento, criminalización y amenazas hasta atentados contra la vida e integridad personal, asesinatos y desapariciones forzadas.
En 2022, según el último Análisis Global de Front Line Defenders, Honduras fue el cuarto de país de América y el quinto del mundo que reportó el mayor número de personas defensoras asesinadas en ese año.
Bajo este contexto, el conflicto no resuelto al interior de la Secretaría de Derechos Humanos, denota un problema serio para el tratamiento de los derechos humanos del gobierno.
En ese sentido, Ismael Moreno refiere que la Secretaría de Derechos Humanos “es la llamada a ser luz y dar testimonio de cómo se protege y cómo se cuidan los derechos humanos de todo el país”.
Moreno advierte que, si en casa no se resuelven los problemas de derechos humanos, “se está indicando que en Honduras tenemos un alto problema, un conflicto serio en el tratamiento de los derechos humanos a nivel nacional”.
De interés: Elevan ante la CIDH necesidad de fortalecer Mecanismo de Protección de Defensores en Honduras
MÁS ALLÁ DE LA IMAGEN DEL GOBIERNO
La parálisis de la Secretaría de Derechos Humanos, analizada desde el ámbito nacional e internacional, en el primer escenario, afecta directamente la capacidad del Estado para garantizar la protección de los derechos humanos de la población hondureña, principalmente en un contexto donde persisten graves problemas como la violencia, la impunidad y la falta de acceso a la justicia.
En un segundo escenario, a nivel internacional, la crisis en la entidad estatal encargada de velar por los derechos humanos, genera una imagen negativa del país y cuestiona su compromiso con el respeto a los derechos fundamentales, tomando en cuenta que Honduras es signatario de acuerdos internacionales de garantía y promoción de derechos humanos.
Si bien, la crisis en la SEDH afecta de manera negativa en la imagen del Estado y en especial del gobierno, para el abogado Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos, aunque afecta la imagen del Poder Ejecutivo porque se observa que la institucionalidad del Ejecutivo –encargada de rectorar las políticas públicas en materia derechos humanos— se encuentra con una crisis por denuncias de violaciones derechos humanos, “eso es lo menos importante”.
Mejía considera que la atención a la crisis se debe concentrar en el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, porque “si la secretaría que rectora y está a cargo de este mecanismo, está en crisis, el impacto en el mecanismo es grave y es un impacto que debilita aún más a un mecanismo que desde hace años viene debilitándose”.
En consecuencia, señaló que “lo más grave es el impacto que está teniendo en la protección de las personas beneficiarias”. En ese sentido remarcó que el mecanismo ya venía presentando falencias y ejemplificó que una muestra de ello fue el asesinato del comunicador social Francisco Ramírez Amador, en diciembre de 2023, quien gozaba de medidas de protección por parte del Mecanismo Nacional de Protección.
De acuerdo con el registro del Comité para la Libre Expresión (C-Libre), al menos cinco personas –entre periodistas, defensores de la tierra y derechos humanos— han sido asesinados en los últimos años en Honduras, aun estando bajo medidas de protección.
En diciembre, en una entrevista con Criterio.hn, la defensora de derechos humanos y periodista, Dina Meza, lamentó que no se han tomado medidas para fortalecer al Mecanismo de Protección, razón por la cual las resoluciones de los casos se han acumulado. Meza detalló que sólo en el 2022 se acumularon más de 100 casos en el Comité Técnico, quienes aducen que es por falta de presupuesto.
En ese sentido, Joaquín Mejía, instó a las autoridades, luego de resolver la crisis a lo interno de la institución estatal, a retomar y aplicar los diagnósticos y recomendaciones que hizo Proderechos de la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para fortalecer el mecanismo pero, insistió que para ello se requiere voluntad política, pero, “sí estamos viendo que ni siquiera hay capacidad ni voluntad política para resolver un conflicto a lo interno de la Secretaría, pues obviamente el panorama no es nada alentador”.
FALTA DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN
La falta de comunicación efectiva y la ausencia de un proceso de negociación entre las partes involucradas genera la sensación que la problemática no se está abordando adecuadamente al interior de la SEDH, de hecho, los empleados, ante la ausencia de canales de diálogo efectivos, recurrieron a medidas extremas, como la toma de instalaciones, para hacerse escuchar.
“De parte de la ministra no ha existido ningún acercamiento, no ha existido ninguna voluntad”, expresó Héctor Sánchez, empleado de la SEDH, quien apuntó que siguen a la espera de una respuesta para comenzar el proceso de diálogo.
Para Sánchez, es “preocupante” la inexistencia de diálogo para resolver la crisis, tomando en cuenta que la Secretaría de Derechos Humanos, es el rostro del Estado sobre la garantía de derechos humanos. Hace dos semanas la ministra de SEDH, Natalie Roque, aseguró a medios de comunicación estar “abierta al diálogo”, sin embargo, hasta la fecha no se ha materializado ninguna acción para entablar un acercamiento en aras de resolver la crisis.
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
El miércoles 7 de febrero, agentes de la Dirección de Investigación Policial (DPI) llegaron a las instalaciones de la Secretaría de Derechos Humanos. Según Kenia Irías, empleada en protesta de la SEDH, los agentes les informaron que tenían una instrucción de parte del fiscal general interino, Johel Zelaya. A razón de ello, catalogaron la presencia de los agentes de la DPI como “intimidación”.
Kenia Irías, expresó que dicha acción les llamó la atención, ya que en ese momento estaban previo a una etapa de negociación, misma que se fue diluyendo. “Esto no contribuye realmente, lo que está haciendo es sumarse a las acciones de criminalización de nuestra protesta”, acotó
En ese sentido, Héctor Sánchez, informó a Criterio.hn que existía una denuncia en el Ministerio Público. “Tenemos temor que nos vengan a desalojar y nos metan presos por defender nuestros derechos”, aunque abrigó la esperanza que dicho escenario no ocurra, de lo contrario podría traer repercusiones a nivel internacional para el Estado de Honduras,
Criterio.hn se comunicó con el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, para conocer sobre la existencia de dicha denuncia. “Si hay una denuncia que la está llevando el Ministerio Público por usurpación”, confirmó.
Además, explicó que se están desarrollando los análisis para determinar si la denuncia procede y especificó que esta, está a cargo de la Fiscalía de Delitos Comunes. Mora detalló que la denuncia fue interpuesta por la ministra Natalie Roque a través del secretario general.
Al respecto la ministra Natalie Roque, en entrevista con medios de comunicación, expresó que al ser ella la titular, tiene “una responsabilidad enorme sobre las instalaciones”, razón por la cual notificó a las autoridades del Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía de Defensores y argumentó que dicha notificación fue a razón de la falta de garantía de confidencialidad de los expedientes. “No hay criminalización de las protestas”, aseguró la funcionaria.
Además, refirió que “la toma de instalaciones no es el primer mecanismo, siempre respetamos el derecho a la protesta sobre todo en un gobierno que viene de las luchas sociales, pero se deben agotar los canales, y si existen denuncias de algún tipo se deben interponer ante los canales correspondientes”.
Sobre el tema, el defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía señaló que ella como ministra se podía acercar a cualquier institución del Estado para denunciar lo que ella considere, pero, aclaró que dicha decisión, al ser una alta autoridad del Estado, y llevar un conflicto al área penal pudiendo resolverlo, “lo que hace es que profundiza la crisis”.
SEGUIMOS EN LA LUCHA
La noche del martes, la ministra Natalie Roque, informó a través de su cuenta de X –cuenta que fue eliminada—que se encuentra bajo reposo e incapacidad médica/legal, “la razón que me ha obligado a separarme de mis funciones temporalmente, por motivos de salud”, señaló.
La ausencia temporal de Roque ha generado incertidumbre en los empleados que se mantienen en protesta “Esto no es nada oficial, ni ella está declarando que está dimitiendo de su cargo, ni la están destituyendo, esto es una incapacidad médica”, señaló Carlos Díaz, jefe de la Unidad de Transporte de la SEDH, y uno de los empleados que mantiene la toma de instalaciones.
El pasado 6 de febrero el ministro de Estrategia y Planificación, Ricardo Salgado, fue nombrado por el gobierno como mediador del conflicto, pero fue rechazado por los empleados.
Al cierre de esta nota, todavía no se conoce el nombre de quién sustituirá a la ministra Natalie Roque, debido a que los dos viceministros ya no forman parte de la estructura. Guido Eguigure quien fungía como viceministro, el pasado 15 de enero, a través de su cuenta de X, posteó una declaración pública, en la que expuso una diversidad de situaciones que lo llevaron a presentar su renuncia a la mandataria hondureña.
Por su parte, Mirtha Gutiérrez, quien también se venía desempeñando como viceministra de la SEDH, fue nombrada, el 12 de febrero, como subsecretaria en el Despacho de Rectoría de las Políticas para el Desarrollo y la Protección Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Además, se conoció que el secretario general –quien podría asumir la batuta de la secretaría, está con incapacidad—, una situación que genera más incertidumbre por no tener autoridades para la toma de decisión.
Si no se resuelven los derechos humanos al interior de la Secretaría de Derechos Humanos, Ismael Moreno recalcó que “se está dando a conocer y expresando a nivel internacional que aquí, la institucionalidad en la aplicación de los derechos humanos está fallando seriamente”.
En ese sentido, instó a las autoridades gubernamentales a buscar el diálogo, la escucha de las preocupaciones de los empleados y a buscar la resolución “amigable” entre la Secretaría de Derechos Humanos y sus empleados a fin de avanzar hacia el respeto de los derechos humanos en todo el país.
