Entre 2012 y 2023 Honduras registró el asesinato de 149 defensores del ambiente, según cifras expuestas por Global Witness
Tegucigalpa, Honduras. – A casi siete meses del asesinato del defensor de la tierra y de los bienes comunes y públicos de Tocoa, Colón, Juan López, las autoridades hondureñas aún no han dado respuesta sólida sobre los responsables del crimen, un hecho que evidencia el panorama de impunidad que rodea a quienes luchan por el territorio.
Según el informe Voces Silenciadas, publicado en septiembre de 2024 por Global Witness, Honduras se consolidó en 2023 como el tercer país de América Latina con la tasa per cápita más alta de asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, y como el primer país a nivel centroamericano.
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LOS HECHOS
Durante la noche del sábado 14 de septiembre de 2024, el ambientalista y defensor de la montaña de Botaderos, el parque nacional Carlos Escaleras y los ríos Guapinol y San Pedro en el municipio de Tocoa, Colón, Juan López fue asesinado por impactos de arma de fuego a los 46 años de edad.
Los hechos fueron registrados en la colonia Fabio Ochoa del municipio de Tocoa, cuando López se encontraba saliendo de la iglesia. Las versiones de los testigos señalan que cuando el defensor se encontraba en su vehículo fue interceptado por sujetos quienes dispararon hasta quitarle la vida.
El crimen en contra de la vida del ambientalista fue condenado por autoridades hondureñas, entre ellas, la presidenta Iris Xiomara Castro, quien condenó el asesinato y exigió a los operadores de justicia una investigación que esclareciera de manera inmediata los hechos, sin embargo, a casi 7 meses del crimen no hay avances en las investigaciones.
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EL ESTADO DE HONDURAS DESPROTEGE A LOS DEFENSORES
En Honduras la defensa por la protección del territorio y medio ambiente se ha convertido en una labor marcada por amenazas, criminalización e impunidad para aquellos dedicados a la defensoría de los recursos naturales.
Datos expuestos en un informe por la Global Witness, el 10 de septiembre de 2024, detallan que del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2023, honduras ha contabilizado 149 asesinatos a defensores y defensoras del territorio y medio ambiente. De los cuales 70 se registraron después del crimen contra Berta Cáceres.
Pie de foto: En 2023 Honduras contabilizó el asesinato de 18 defensores y defensoras del medio ambiente, según los datos expuestos en el informe Voces Silenciadas de la Global Witness.
El 28 de febrero del presente año, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), informó a los medios de comunicación que 35 defensores de la tierra murieron de manera violenta entre el periodo de 2022 a los primeros días de 2025.
Según datos del CONADEH, el 79% de los asesinatos registrados en ese periodo ocurrieron en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro, territorios habitados por comunidades afrohondureñas, campesinas y defensoras de derechos humanos, cuyas tierras están marcadas por la riqueza en recursos naturales y bienes comunes.
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HONDURAS IMCUMPLE MEDIDAS DE LA CORTE IDH
El 5 de octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares de prevención a favor de defensores y miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos y del equipo legal del Bufete Justicia para los Pueblos, entre ellos se encontraba el defensor del ambiente, Juan López.
En su resolución, la CIDH ordenó al Estado de Honduras adoptar medidas de protección que garantizaran a las personas beneficiarias el ejercicio de su labor como defensoras sin temor a represalias ni a ser víctimas de violencia.
Luego de 11 meses del dictamen del organismo internacional, se registró el asesinato de Juan López, evidenciando el incumplimiento del Estado Honduras con a las indicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En septiembre de 2024, pocos días después del asesinato del ambientalista Juan López, Criterio.hn contactó al activista y especialista en derecho ambiental Pedro Landa, quien denunció que en Honduras los recursos destinados a la protección de defensores del ambiente estaban siendo utilizados para beneficiar a personas ajenas a contextos de riesgo, mientras quienes realmente enfrentan amenazas permanecen desprotegidos.
Landa aseguró, que en ese momento había al menos seis funcionarios públicos que estaban absorbiendo más del 80% de las medidas de protección y que esos recursos que estaban beneficiando a dichos empleados públicos podrían proteger y prevenir a las y los defensores con dictámenes de medidas de protección.
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El 14 de marzo de 2025, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa denunció, a través de un comunicado, que aunque se había iniciado un proceso contra tres presuntos autores materiales del asesinato de Juan López, no existían avances significativos para identificar a los responsables intelectuales. Además, señalaron la falta de compromiso del Ministerio Público en el esclarecimiento del crimen.
En ese sentido, Criterio.hn intentó comunicarse con miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón para indagar sobre el estatus de la investigación, y el establecimiento de la comisión técnico-científica independiente que investigue el crimen, pero hasta el momento de la publicación del artículo no se obtuvo respuesta de ninguna de las fuentes.
