Crearán grupo de expertos para investigar la Causa de Justicia Berta Cáceres

Tegucigalpa.- Como resultado de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Honduras, el COPINH y CEJIL mañana se instalará en Honduras un Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes para investigar el caso de Berta Cáceres (GIEI -Honduras).

La instalación de este grupo es resultado de la histórica lucha de los pueblos, de la familia de Berta y del COPINH y representa un hito en la búsqueda de justicia por el asesinato de la ambientalista y defensora del río Gualcarque.

La finalidad de un GIEI es proporcionar asistencia técnica a un Estado respecto a casos específicos. En Honduras, el GIEI coadyuvará en la investigación respecto de la autoría intelectual y los delitos conexos del asesinato de Berta Cáceres; cuyos familiares y los miembros de COPINH son las personas beneficiarias de la medida cautelar No. 112/16.

Berta Cáceres Flores fue asesinada el 2 de marzo de 2016 y tras nueve años de lucha y de exigencia de justicia se ha logrado encarcelar a 8 personas señalados como autores materiales e intelectuales de su muerte.

La última acción que ha ejecutado la justicia hondureña es la ratificación de la pena de 30 años para Sergio Rodríguez, condenado en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en 2016. Al momento del crimen, Rodríguez fungía como gerente ambiental y social de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

Berta Cáceres
Sergio Rodríguez

Si bien la condena contra Rodríguez fue ratificada, se cambió su rol de “coautor” a “inductor” del asesinato, en una decisión que fue resuelta por mayoría de votos (11 a 4), informó el Poder Judicial a través de un comunicado de prensa.

Al momento del crimen, el accionista mayoritario de DESA era la empresa “Inversiones Las Jacarandas” propiedad de la familia Atala Zablah. Hasta el momento el único miembro de esta familia que ha sido requerido en conexión al crimen es Daniel Atala Midence, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Lea además: Ratifican condenas en el caso Berta Cáceres: persiste la impunidad para autores intelectuales

Existe la confianza por parte de La CIDH, el Estado de Honduras, el COPINH y CEJIL que apuestan por este grupo de expertos que será también una instancia que fortalezca el sistema de justicia hondureño y esclarezca la situación de violencia que continúan enfrentando los pueblos en defensa del territorio en el país.

El acto de instalación del GIEI Honduras se llevará a cabo mañana viernes 14 de febrero, en el salón Augusto C. Coello de la Cancillería de la República de Honduras, a las 10:45 am. El evento también se transmitirá en las redes sociales del COPINH.

Este es el cuarto grupo que se instala en América Latina y la primera vez que se hará en Honduras, informó Sofia Espinal de comunicaciones de Cejil.

El primero se instaló en México en 2015 como resultado de las demandas de investigación por parte de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y sus representantes. Desde entonces han existido dos más: el de Nicaragua y el de Bolivia. El GIEI de Honduras será el cuarto.

¿Cuáles son los compromisos del Estado de Honduras?

El Estado de Honduras debe garantizar al GIEI todas las facilidades para el cumplimiento adecuado de su misión.
Esto significa un pleno acceso a todos los órganos y entidades estatales que tienen a su cargo actividades vinculadas al trabajo del grupo.

Respecto a las investigaciones realizadas por las autoridades competentes y causas penales, el Estado de Honduras debe garantizar al GIEI su pleno acceso, así como a las evidencias o pruebas materiales de conformidad con el marco jurídico nacional y los estándares internacionales de investigación. Esto incluye toda la información en su posesión relacionada con los hechos.


Además, el Estado debe garantizar a las personas integrantes del GIEI y a quienes les apoyen durante su gestión, las medidas de protección necesarias para que puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad.

Como parte del acuerdo, el Estado se ha comprometido también a adoptar las recomendaciones que emita el GIEI al finalizar su mandato y a fortalecer sus capacidades institucionales para la investigación de crímenes contra
personas defensoras de derechos humanos, en particular defensoras de la tierra y el territorio.

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