Tegucigalpa, Honduras. Aunque la creación de un Tribunal Constitucional independiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría permitir más dinamismo en la resolución de recursos interpuestos, primero se deberían cumplir las reformas constitucionales solicitadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al gobierno para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), según analistas.
“Un Tribunal Constitucional como órgano de cierre, independiente de cualquier poder del Estado para garantizar la constitucionalidad, es una buena propuesta. Sin embargo, en este momento no es pertinente, ya que lo que se requiere con más prontitud que el Congreso Nacional apruebe las reformas solicitadas por la Organización de las Naciones Unidas para instalar una comisión anticorrupción en el país”, valoró en conversaciones con Criterio.hn el abogado Joaquín Mejía.
Mejía, doctor en derechos humanos, planteó que, además de una de las facultades que tienen los expertos de la Organización de las Naciones Unidas, es proponer las reformas constitucionales e institucionales para que la misión anticorrupción, una vez instalada en el país, tenga libertad para investigar, por lo que podría incluirse entre los requisitos.
“Recordemos que una de las funciones que los expertos de la ONU tienen es proponer, apoyar y acompañar al Estado para hacer las reformas constitucionales e institucionales para mejorar el sistema de justicia. La creación de un tribunal o corte constitucional podría incluirse también dentro del paquete de reformas que se plantee para la posible llegada de una comisión anticorrupción”, explicó.
Sin embargo, aunque el análisis de Mejía se basa en las exigencias de la ONU, las atribuciones del grupo de expertos y las posibles facultades que pueda tener la comisión anticorrupción, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, evidenció la falta de voluntad política para traer a los investigadores internacionales.
’A mí no me vengan con el cuento de que tenemos que derogar esto o aquello para poder hacer que venga una misión de combate a la corrupción (…) Me pregunto por qué Naciones Unidas no ha llegado a un acuerdo ya. Que vengan aquí; que se instalen y que empiecen a trabajar ya’, aseveró Redondo en un medio de comunicación estatal.
En la actualidad, el gobierno hondureño y la Organización de las Naciones Unidas están negociando el convenio, en el cual, básicamente, ambas partes reiterarán o establecerán nuevas condiciones para la pronta instalación de la CICIH. Una vez acordado, este convenio deberá ser conocido por el pleno de diputados del Congreso Nacional y, posteriormente, aprobado con 65 votos.
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FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA
Según el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, el simple hecho de que el Congreso dilate o condicione la posible llegada de la CICIH para que ya no tenga «colmillos» para investigar, como advertía anteriormente, es una demostración más de que no hay voluntad política para abordar ese tema y tampoco la habrá para la creación de un Tribunal Constitucional.
‘Si aún no se reforma la Constitución para instituir la CICIH, ¿qué futuro tiene este proyecto?’, escribió en su cuenta de X (antes Twitter), Orellana, cuestionando que la iniciativa propuesta por Redondo no será respaldada por los congresistas, tal como ocurre con las reformas para la instalación de la misión anticorrupción.
Al igual que la CICIH, para crear un tribunal se necesitan reformas. Según la propuesta de Redondo se requiere la reforma de los artículos 302, 331 y 316 de la Constitución de la República. Este órgano colegiado funcionaría como una paralela de la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial, actualmente liderada por el abogado del Partido Liberal, Wagner Vallecillo.
Redondo especificó que este órgano, que sería independiente, estaría compuesto por siete magistrados titulares y siete suplentes, designados por el Congreso Nacional mediante un proceso similar al utilizado para escoger autoridades en el segundo nivel de elección, como el Ministerio Público, Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Poder Judicial.
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¿QUÉ SE REQUIERE PARA INSTALACAR LA CICIH?
Para que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad se instale en Honduras, primero se deben cumplir una serie de requisitos que la Organización de las Naciones Unidas estableció en un convenio firmado con el gobierno de Xiomara Castro a finales de 2022. Asimismo, se deben considerar otras sugerencias hechas por una comisión de expertos durante su visita al país en 2023.
En el memorándum de entendimiento, la Organización de las Naciones Unidas sugirió llevar a cabo una serie de derogaciones y reformas en varios decretos, denominados “pactos de impunidad”, que otorgan inmunidad y resguardo legal a políticos implicados en casos de corrupción. Entre las demandas destacan la derogación de los decretos 116-2019, 117-2019, 57-2020, 93-2021, así como la modificación del decreto 04-2022 y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.
Hasta la fecha, el Poder Legislativo sólo ha cumplido con la derogación de los decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021, los cuales, en resumen, limitaban las facultades del Ministerio Público para solicitar información, obstaculizaban su capacidad de presentar cargos y modificaban las disposiciones sobre lavado de activos. Estas derogaciones fueron realizadas en el año 2023.
En 2023, un grupo de expertos de la ONU visitó el territorio nacional en tres ocasiones, durante las cuales hicieron recomendaciones legislativas. Entre ellas se incluyó la sugerencia de reformar el vigente Código Penal, específicamente en lo relacionado con los delitos vinculados al perjuicio a la administración pública.
Sin embargo, a pesar de que la reforma al Código Penal, en vigor desde el 25 de junio de 2020, sólo requiere una mayoría simple de diputados, es decir, 65 votos, aún no se ha agendado su modificación. El único avance respecto a esta sugerencia fue el nombramiento por parte de Luis Redondo de una comisión especial que, desde julio de 2022, está analizando qué modificaciones deben realizarse para cumplir con las exigencias del ente internacional.
