Tegucigalpa, Honduras. –– El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ratifica la pena de 30 años de prisión contra Sergio Rodríguez, condenado en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en 2016. Al momento del crimen, Rodríguez fungía como gerente ambiental y social de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Si bien la condena contra Rodríguez fue ratificada, se cambió su rol de “coautor” a “inductor” del asesinato, en una decisión que fue resuelta por mayoría de votos (11 a 4), informó el Poder Judicial a través de un comunicado de prensa.
En noviembre de 2024, la Sala de lo Penal ratificó las condenas contra siete de las ocho personas sentenciadas en su grado de autoría material. Sin embargo, en el caso de Rodríguez no alcanzó consenso, generando preocupación debido a la campaña mediática y al interior del sistema de justicia que se sostuvo a lo largo del año pasado.
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A mediados de año, se elevó una campaña de desinformación que involucraba la falsa admisión de una nueva demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de Sergio Rodríguez, haciendo hincapié en las repercusiones económicas para el Estado.
Sin embargo, contrario a lo informado, no fue la Corte IDH que admitió una nueva demanda contra el Estado de Honduras sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano no jurisdiccional, que admitió una petición presentada en septiembre de 2018 para la revisión del caso por presuntas violaciones de derechos humanos del encausado.
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El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) celebró la victoria, calificándola como popular. Además, agregó: “Luego de más de 6 años de espera, el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha confirmado la condena a Sergio Ramón Rodríguez Orellana, ratificando que es culpable de asesinato agravado del crimen contra nuestra hermana Berta Cáceres y la condena de 30 años de prisión. El pleno ha recalificado su responsabilidad como autor por inducción”.
El Copinh concluyó exigiendo que la justicia alcance a los autores intelectuales contra la defensora ambiental lenca, que acompañó y lideró al pueblo lenca contra la imposición de un proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque, un afluente de sagrado para las poblaciones afectadas.
Al momento del crimen, el accionista mayoritario de DESA era la empresa “Inversiones Las Jacarandas” propiedad de la familia Atala Zablah. Hasta el momento el único miembro de esta familia que ha sido requerido en conexión al crimen es Daniel Atala Midence, quien se encuentra prófugo de la justicia.
