Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Ante la lluvia de recursos de inconstitucionalidad presentados contra el artículo 184 del Código Procesal Penal, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría darle dilatorias al fallo buscando beneficiar a los implicados en casos de corrupción.
En primera instancia podría caber que los recursos sean admitidos con suspensión del acto reclamado y de esa manera los juicios pendientes sobre casos de corrupción sean paralizados hasta que exista una resolución definitiva.
En el marco del pacto de impunidad que hay entre las élites de poder, el coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Víctor Fernández, adelantó que cualquier decisión que se adopte tanto en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, frente a los recursos de inconstitucionalidad, será política.
Precisó que el rigor técnico y jurídico se ha ido perdiendo por las confabulaciones, las componendas y ya eso lo ha demostrado la Corte con diversos recursos, específicamente, contra las “ciudades modelo” que fueron declaradas constitucionales, pese a que atentan contra la soberanía nacional.
Recordó que los magistrados fueron nombrados mediante un notorio pacto entre la élite política de Honduras. Sin embargo, vaticinó que tarde o temprano la justicia los alcanzará porque actualmente no parecen ser jueces o diputados, “sino lo que parecen, lo que son, una estructura criminal que está saqueando al país y que está usando la institucionalidad para garantizarse impunidad”.
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Hasta el momento son siete los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el artículo 184 del Código Procesal Penal, por parte de algunos de los 38 señalados por participar en el saqueo de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), bautizado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) como caso “Pandora” y contra quienes la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) presentó requerimiento fiscal.
Los recursos de inconstitucionalidad contra la reforma del año 2012 sobre el artículo 184 del Código Procesal Penal pretenden evitar la prisión preventiva en delitos de corrupción pública. Los abogados recurrentes alegan que la reforma es inconstitucional porque evita la audiencia inicial y establece cargos a los imputados sin haber pasado por este proceso legal.
El coordinador del MADJ manifestó que los imputados están en su derecho a presentar todos los recursos legales procedentes, pero como los imputados aquí no son cualquier imputado, se teme que al final la justicia …..
Fernández dijo que en el tema hay mucha hipocresía porque muchos de los imputados son parte de la élite política que participó en la formación de la reforma al artículo 184 del Código Penal, que “en algún momento se ufanó, se vanaglorió de su dureza, de la cero tolerancia hacia los criminales, pero nunca pensaron que su conducta normalmente, criminal, les iba a calzar exactamente su propia reforma”.
El ex fiscal del Ministerio Público manifestó que Honduras tiene una dirigencia política y económica, burda, mediocre, que ni siquiera tiene los alcances para medir sus actos y todo ello se debe a los altos niveles de impunidad en el que han convivido en los últimos tiempos.
RECURRENTES
Entre los recurrentes de los recursos de inconstitucionalidad se encuentra el representante legal del diputado del Partido Liberal, Elvin Santos y su padre, el abogado Iván Martínez, quien además representa al diputado del Partido Nacional, Elden Vásquez
En tanto los abogados Félix Ávila y Ritza Antúnez, presentaron también recursos de incondicionalidad a nombre de José Celín Discua Elvir, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso y Armando José Rivera Marroquín.
De acuerdo a las investigaciones de la UFECIC, con los fondos sustraídos de la SAG en el 2013 se pagaron campañas políticas de los partidos Nacional, Liberal y Frente Amplio. Se precisó que parte de los fondos fueron destinados para financiar la “tarjeta cachureca” que potenció la candidatura presidencial del entonces presidente del Congreso Nacional y actual gobernante, Juan Hernández.
Asimismo, para el pago de préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99 millones de lempiras, durante la administración del actual diputado Elvin Santos.
A los 38 imputados se les atribuye delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, fe pública y la economía del Estado de Honduras.
5 respuestas
Ya se retrasó mucho tiempo. Quieren tapar las picardía de sus hermanos corruptos desviando la atención de un pueblo que está con grandes ansias de que ésta institucionalizada corrupción se termine lo más pronto posible. Da pena que los Abogados defensores de éstos DELINCUENTES interpongan estos recursos, pero da más pena que se los acepten. La Jueza Natural que la CSJ ha nombrado es, ya de por sí, alguien que, les guste o no, cometió el delito de traición a la patria, delito que jamás prescribe.
Ya el pueblo no se chupa más el dedo.
O están con él y someten a la Justicia a este atajó de pícaros o llevarán, ustedes y sus generaciones, está Cruz llamada Corrupción por el resto de sus vidas.
O DEMOCRACIA O CORRUPCIÓN.
Corte corrupta entonces, no se esconden éstos bárbaros no tienen vergüenza.
Estamos jodidos. Aquí solo los gatos van a la cárcel.
Le estan dando tiempo a los corruptos .
Le van a dar largas para beneficiar a los corruptos.