Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-La Corte Suprema de Justicia de Honduras no restituye a la magistrada y a los tres jueces, destituidos en el marco del Golpe de Estado de 2009, porque con ello estaría aceptando tácitamente su participación en un capítulo oscuro en la vida política de esta nación centroamericana.
Asimismo estaría admitiendo la responsabilidad de los funcionarios que integraban los poderes Legislativo y Judicial, en un delito que no prescribe, como es el de traición a la patria, dijo Luis Chévez, uno de los jueces favorecidos con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“No quieren cumplir con esa sentencia, porque esa sentencia que compromete gravemente al Estado de Honduras porque establece que aquí durante el golpe de Estado se produjo un hecho ilícito internacional o sea se produjo un delito y en ese delito participaron los miembros de la Corte Suprema de Justicia, participaron los miembros del Congreso Nacional y participó el Ejército y todos los grupos de poder”, precisó el jurisconsulto.
Agregó que al hacerse efectiva la sentencia, los antes señalados podrían ser sometidos a la justicia a futuro.
Chévez también dijo que ante el incumplimiento del fallo, los organismos internacionales tienen la obligación moral de suspender cualquier ayuda o financiamiento dirigido al Estado de Honduras porque “está quedando como violador de los derechos humanos”.
El pasado 5 de octubre la Asociación de Jueces por la Democracia y el Centro de Estudios para la Justicia (CEJIL) iniciaron una campaña de incidencia a través de las redes sociales en busca de firmas a nivel mundial para presionar al Estado de Honduras a que cumpla la sentencia de la CIDH.
La CIDH condenó al Estado hondureño el 10 de noviembre del año pasado por la destitución de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado y la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.
Al emitir la condena, la CIDH dio un plazo de un año para que el Estado hondureño retornara a las víctimas a cargos similares a los que desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería a la fecha si hubiesen sido reincorporados en su momento.
En caso que el Estado hondureño no cumpla la sentencia en el plazo establecido, la CIDH llamará a las dos partes a una audiencia e inmediatamente notificará a todos los estados miembros que Honduras es violador del convenio establecido por el sistema.
