La Corte IDH concluyó que Honduras violó derechos a la libertad personal, a la identidad y a las garantías judiciales en el caso de Leonela Zelaya, y ordenó medidas de reparación e investigación para combatir la impunidad frente a la violencia contra personas trans
Tegucigalpa, Honduras. – Honduras fue declarado internacionalmente responsable por la detención arbitraria y discriminatoria de Leonela Zelaya, mujer trans, y por las graves falencias en la investigación de su muerte, según la sentencia notificada este 19 de enero por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Durante la lectura de la sentencia del caso Zelaya y otra vs. Honduras, el juez Rodrigo Mudrovitsch, presidente de la Corte IDH, señaló que el Estado es responsable por la demora injustificada y la falta de debida diligencia reforzada en la investigación, pero aclaró que no de su muerte. Lo que vulneró las garantías judiciales y la protección judicial de Thalía Rodríguez, quien convivió con Leonela durante nueve años.
La Corte también determinó que Honduras violó el derecho a la integridad personal de Thalía Rodríguez, debido a los sufrimientos ocasionados por la dilación judicial y las deficiencias en la investigación del transfemicidio de Leonela.
Asimismo, el tribunal estableció que el Estado violó los derechos de Leonela Zelaya al detenerla de forma ilegal y arbitraria los días 20 de enero, 11 de agosto y 2 de septiembre de 2004, y que desconoció su identidad y expresión de género durante la investigación de su muerte, ocurrida el 7 de septiembre de ese mismo año.
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MEDIDAS DE REPARACIÓN
En su decisión, la Corte tomó en cuenta que el Estado de Honduras reconoció parcialmente su responsabilidad internacional. No obstante, precisó que las violaciones acreditadas comprometen plenamente la responsabilidad del Estado por los hechos sufridos por Leonela Zelaya y por los impactos causados a Thalía Rodríguez.
Por unanimidad, el tribunal determinó que la sentencia constituye en sí misma una forma de reparación y ordenó al Estado desarchivar el expediente de la investigación por la muerte de Leonela Zelaya, realizar una investigación penal seria y, de ser el caso, identificar y sancionar a las personas responsables del crimen.
La Corte dispuso además que Honduras publique íntegramente la sentencia y su resumen oficial, y por mayoría ordenó la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
Entre las medidas estructurales, el tribunal ordenó al Estado incluir información sobre el avance de los procesos por violencia contra personas LGBTIQA+ y los índices de impunidad en estos casos en el sistema de recolección de datos creado a raíz de la sentencia del caso Vicky Hernández.
A partir de la notificación, el Estado de Honduras dispone de un año para informar a la Corte IDH sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia en el caso de Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez.
Leonela Zelaya era una mujer trans de 34 años, trabajadora sexual en Tegucigalpa, que vivía junto a Thalía Rodríguez, a quien consideraba como una hermana, y que enfrentó múltiples episodios de violencia debido a su identidad de género. El caso por su transfemicidio fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Comisión Interamericana el 11 de abril de 2024, después de años de impunidad y de que el Estado hondureño no atendiera las recomendaciones emitidas en el Informe de Fondo sobre su asesinato.
Grecia O’hara, directora de Somos CDC, dijo a Criterio.hn que esta sentencia llama a la sociedad y al Estado y a la población LGTBIQ+ a seguir dándole seguimiento a esta sentencia porque hay una sentencia previa que es la de Vicky Hernández que no fue cumplida en su totalidad por el gobierno de Xiomara Castro.
Dejaron una sentencia prácticamente vacía, sólo se cumplió lo que no afectaba la visibilidad del Estado: como las becas, el pago a la familia de Vicky Hernández, el perdón público que se manifestó por parte de la presidenta Castro y ahora con esta segunda sentencia, si se hace lo mismo, no se llegará a nada y se irán acumulando las sentencias sin que hagan algo, acotó O’hara.
Reconoció que fue una organización no Trans quien lideró este caso y debe reconocerse como un hito en Honduras y dejar a un lado el tema de protagonismo y replantear ante el nuevo gobierno su lucha y la exigencia de sus derechos y el cumplimiento de las sentencias.
