La Corte Interamericana reconoce que el Estado hondureño cumplió con el pago de costas en el caso de la mujer trans Vicky Hernández, pero mantiene la supervisión sobre reparaciones clave como la investigación del transfemicidio, las becas y el reconocimiento de la identidad de género.
Cattrachas alerta que, en medio del cambio de gobierno, Honduras deberá presentar antes de mayo de 2026 un informe con avances reales, mientras persisten la falta de voluntad política y el uso de los derechos LGBTI como moneda de cambio.
Tegucigalpa, Honduras. – Honduras llega a un nuevo punto de supervisión internacional en el caso de Vicky Hernández, con una sentencia parcialmente cumplida y una larga lista de deudas pendientes hacia la población trans y LGBTI.
La más reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoce el pago total de costas a las organizaciones que litigaron el caso, pero al mismo tiempo aprieta la exigencia sobre las reparaciones estructurales que el Estado aún no ha implementado.
La Corte IDH confirmó que el Estado hondureño ya cumplió con la reparación económica por concepto de costas y gastos a favor de la Red Lésbica Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights, que representan a las víctimas en el caso Vicky Hernández. Este punto se declaró totalmente ejecutado, luego de que el tribunal verificara las transferencias realizadas en 2022 y 2024.
Sin embargo, el Tribunal mantuvo abierta la supervisión sobre la mayoría de las medidas de fondo ordenadas en la sentencia de 2021, entre ellas la investigación efectiva del transfemicidio de Vicky, la creación de becas educativas para mujeres trans, la adopción de un procedimiento de reconocimiento de identidad de género y la implementación de protocolos y sistemas de datos para investigar y registrar la violencia contra personas LGBTI.
Para Cattrachas, el elemento más importante de esta nueva resolución es que la Corte le fija a Honduras un nuevo plazo: a más tardar el 25 de mayo de 2026, el Estado deberá presentar un informe que actualice, con información real y verificable, el estado de cumplimiento de todas las reparaciones del caso.
La Corte exige que se detalle qué ha pasado con la investigación de la muerte violenta de Vicky, con las becas ordenadas, con el protocolo de investigación y con los avances en el cambio de nombre para personas trans.
Doris González, abogada de la Red Lésbica Cattrachas, del departamento legal de Cattrachas, subraya que este requerimiento llega en un momento clave, justo cuando el país atraviesa un cambio de gobierno. Recuerda que cada transición desestabiliza las instituciones, altera los planes operativos y reordena prioridades, lo que suele traducirse en retrasos en agendas sensibles como los derechos LGBTI.
Doris González recuerda que ya han llegado a la Corte con el caso Vicky Hernández y con el caso Leonela Zelaya, y advierte que, de persistir el incumplimiento, seguirán recurriendo a las instancias internacionales “todas las veces que sea necesario”
Vicky Hernández fue una mujer trans hondureña, trabajadora sexual y activista por los derechos humanos, asesinada en la noche del 28 de junio de 2009, en pleno toque de queda tras el golpe de Estado, en un contexto de violencia estructural y transfobia contra las personas LGBTI en Honduras.
Su caso se convirtió en emblemático a nivel interamericano porque la Corte IDH declaró responsable al Estado de Honduras por su muerte y por no garantizar su derecho a la vida, a la identidad de género, a la no discriminación y al acceso a la justicia, marcando un precedente clave para los derechos de las personas trans en la región.
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OBLIGACIONES DEL ESTADO MÁS ALLÁ DEL GOBIERNO DE TURNO
Ante ese contexto, Cattrachas insiste en un mensaje político central: las obligaciones internacionales son del Estado, no del gobierno de turno. “El próximo presidente o la próxima persona que se siente en la silla presidencial”, así como quienes hoy ocupan el Poder Ejecutivo, deberán rendir cuentas a la Corte sobre acciones y avances concretos en el caso.
La nueva resolución se convierte, para la organización, en una herramienta jurídica para recordar que los beneficios y avances logrados con la sentencia de Vicky Hernández —como las becas y ciertos ajustes normativos— no pueden eliminarse ni retroceder con un cambio de administración.
La persona que asuma la presidencia tendrá apenas unos meses desde su toma de posesión para presentar un informe sólido, lo que obliga a integrar estas reparaciones en la agenda del nuevo gobierno desde el inicio.
REPARACIONES URGENTES: IDENTIDAD Y JUSTICIA
Aunque el Estado está obligado a cumplir todas las medidas ordenadas, Cattrachas identifica como prioritarias las reparaciones que tocan directamente la identidad y la protección frente a la violencia.
trans y la implementación de protocolos específicos para investigar muertes violentas de personas LGBTI.
Sobre estos puntos, el cambio de nombre se ha quedado estancado en el Registro Nacional de las personas pese a la presión de las organizaciones LGBTI, mientras, organismos internacionales en reiteradas ocasiones han sugerido con urgencia la aplicación de un protocolo de investigación diferenciado.
Gonzalez, recuerda que la obligación de reconocer el cambio de nombre no solo deriva del caso Vicky Hernández, sino también de otros litigios impulsados por la organización, como el caso Leonela Zelaya –presentado en 2024 ante la corte internacional— en el que nuevamente se pidió a la Corte obligar al Estado a garantizar este derecho.
Esta doble obligación refuerza la necesidad de que Honduras deje de postergar reformas legales y administrativas y evite seguir incurriendo en responsabilidad internacional.
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VOLUNTAD POLÍTICA, USO DE LOS DERECHOS LGBTI Y ESTRATEGIA DE PRESIÓN
Sobre la falta de avances sustantivos desde 2021, a pesar de que el actual gobierno tuvo margen para impulsar el cumplimiento de la sentencia, Doris Gonzalez apunta a un problema estructural de voluntad política. Explica que los derechos de las personas LGBTI suelen ser utilizados como “moneda de cambio”, se negocian o se congelan según el contexto político y el cálculo de costos y beneficios, independientemente del partido en el poder.
Frente al nuevo plazo de 2026, Cattrachas apuesta por seguir utilizando el sistema interamericano como herramienta de presión: ya llegaron a la Corte con el caso Vicky Hernández y con el caso Leonela Zelaya, y advierten que, de persistir el incumplimiento, continuarán litigando “todas las veces que sea necesario” hasta lograr el respeto efectivo de los derechos humanos de las personas LGBTI en Honduras.
