Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en contra del Decreto Legislativo número 141-2017, que contemplan las reformas a la Ley de Presupuesto y que ha sido denominado como “Pacto de Impunidad”.
El recurso de inconstitucionalidad número SCO-0095-2018 fue interpuesto además contra la fe de errata, publicada en el diario oficial La Gaceta, números 34,546 y 34,552 de fechas 19 y 26 de enero del año en curso, respectivamente, mediante los cuales se reforma la Ley Orgánica de Presupuesto.
El recurrente del recurso es el abogado, Odir Fernández, en su condición de apoderado legal y jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA.
Fernández expuso al interponer el recurso que la reforma “tiene como único fin, el crear en la práctica un sistema de inmunidad a favor de los diputados del Congreso Nacional”.
Sin embrago la Sala de lo Constitucional resolvió declarar sin lugar el recurso al considerar que no existen razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.
Al conocer la respuesta de la Sala de lo Constitucional, Fernández publicó en su cuenta Twitter que “la Inconstitucionalidad presentada por el CNA, no fue admitida porque dice la Sala de lo Constitucional, que no tenemos un interés legítimo, para alegar que la fe de errata es inconstitucional. Entonces, ¿quiénes serán los legítimos? Si nadie combate la corrupción de frente como CNA”.
La Inconstitucionalidad presentada por CNA, no fue admitida porque dice la Sala de lo Constitucional, que no tenemos un interés legítimo, para alegar que la fe de errata es inconstitucional. Entonces, quiénes serán los legítimos? Si nadie combate la corrupción de frente como CNA.
— Odir Fernández (@odirfernandez) April 19, 2018
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En enero pasado la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) identificó varias irregularidades entre lo aprobado por el pleno del Congreso Nacional y lo publicado en el diario oficial La Gaceta.
Entre los cambios, considerados “amañados”, se publicó el denominado “Pacto de Impunidad”, que consiste en la eliminación de la facultad de investigación penal por parte del Ministerio Público sobre la ejecución de fondos públicos por parte de diputados y funcionarios del Estado.
El entonces vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, denunció una red de al menos 160 diputados corruptos que habían drenado fondos públicos para fines particulares a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s). En la lista mencionó al actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
2 comentarios
Los Magistrados de la CSJ son unos borregos de JOH. Cuando les toca juzgar y tomar decisiones a favor del pueblo y en contra de la corrupción, se empalangan diciendo y aduciendo independencia de Poderes. No hay nadie en quien se pueda confiar para lograr Justicia. Desde los conserjes hasta los Magistrados, no digamos los demás entes de seguridad están embarrados de una institucionalizada y totalmente sucia corrupción.
Corte suprema ala medida de los corrutos