La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito levantó la suspensión judicial que frenaba la cancelación del TPS, habilitando al DHS avanzar con su terminación mientras continúa la demanda.
Tegucigalpa, Honduras. –– Las promesas de que la cercanía entre Nasry asfura y Donald Trump blindaría el Estatus de Protección Temporal (TPS) se desmoronaron. Apenas dos días después de su primer encuentro en Mar-a-Lago, una resolución judicial ordenó avanzar con la terminación del programa, amenazando la estabilidad de 50 mil hondureños en Estados Unidos.
La determinación fue emitida por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que levantó la orden judicial del 31 de diciembre de 2025 que mantenía suspendida la cancelación del TPS mientras se resolvía una demanda presentada por la Alianza Nacional del TPS, junto a otras siete personas afectadas. Con esta decisión, el tribunal permitió al Departamento de Seguridad Nacional retomar el proceso de terminación del programa, sin que ello represente una resolución definitiva sobre el fondo del litigio.
A dos días de las elecciones del 30 de noviembre de 2025, el hoy titular del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, sostuvo en video que el apoyo de Trump a Asfura garantizaba una línea directa para resolver la crisis de los “tepesianos”. Esta narrativa de optimismo fue reforzada por Fernando Cerimedo, asesor político de Asfura, quien llegó a vaticinar la reactivación del TPS para el 1 de febrero de 2026.
Hoy, como ocurrió tras la cancelación del TPS, desde medios corporativos se intentó responsabilizar al gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, pese a que organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes previamente han señalado que la continuidad del programa depende de decisiones de política interna de Estados Unidos y de procesos judiciales ajenos a la retórica del Ejecutivo hondureño, sin importar su color político.
Durante una entrevista televisiva, José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, atribuyó la suspensión del programa a la administración del presidente Donald Trump y su agenda contra la comunidad inmigrante, al señalar que a todo país cuyo plazo vence se le ha dado por terminado el programa.
La respuesta de Palma fue interrumpida por la conductora para dar paso a una entrevistada que afirmó que la expresidenta Castro no realizó las gestiones necesarias para evitar la cancelación del estatus, trasladando la responsabilidad al gobierno hondureño, en contradicción con lo expresado por Palma y otras organizaciones defensoras de las personas migrantes.
Teodoro Aguiluz, director de la organización comunitaria CRECEN en Houston, Texas, dijo a Criterio.hn que pese a las especulaciones sobre la amistad entre Asfura y Trump, y la instrumentalización del TPS con fines político-electorales, la comunidad debe continuar organizándose y movilizándose de manera autónoma ante la incertidumbre que enfrentan.
El director de CRECEN afirmó que el fallo es un fuerte golpe a la comunidad hondureña que lleva más de 25 años construyendo su vida en Estados Unidos desde que el TPS nació en 1998, tras el paso del huracán Mitch. Detalló que las extensiones nunca han sido dádiva ni producto de afinidades políticas, sino el resultado de una lucha organizada y constante de las comunidades, que han estado presentes en cada periodo de vencimiento para exigir continuidad.
Sobre las especulaciones que un gobierno afín sellaría la ampliación del TPS para Honduras, Aguiluz afirmó: “con la nueva administración de Honduras queda claro que las amistades solamente están en la mente de la gente”. Añadió que las supuestas afinidades políticas entre gobiernos no garantizan protección migratoria, y que las decisiones adoptadas han alcanzado a distintas nacionalidades, reforzando que los avances logrados han sido consecuencia de la organización y el trabajo sostenido de las comunidades.
Aguiluz afirmó que, si bien el fallo del Noveno Circuito deja en una situación de desprotección a las personas hondureñas amparadas bajo el TPS, es fundamental que no se aíslen, se mantengan organizadas y recurran a organizaciones de confianza, mientras el equipo legal continúa argumentando la continuidad del programa.
Tras el anuncio, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, celebró el fallo a través de una publicación en X, calificando la decisión como una “victoria del Estado de derecho”, a la vez que continuó estigmatizando a las personas migrantes al asociar el Estatus de Protección Temporal (TPS) con la presencia de criminales, terroristas y supuestas amenazas a la seguridad nacional.
