Manifestantes enfrentaron 421 días de represión, gases lacrimógenos y persecución, en rechazo a una concesión vial. Cinco años después, inversionistas demandan al Estado hondureño ante CIADI.
La demanda es uno de 15 arbitrajes contra Honduras, promovidos por inversionistas beneficiados tras el golpe de estado de 2009.
Además del millonario litigio promovido por Autopistas del Atlántico, Honduras enfrenta al menos dos demandas más que involucran las Alianzas Público-Privadas.
Tegucigalpa, Honduras. –– Inició en 2016 con una huelga de hambre y se extendió a una movilización que se sostuvo por 421 días en rechazó a la instalación y cobro de peaje en el denominado corredor turístico, cuya concesión a Autopistas del Atlántico fue cancelada en 2018.
Después de cinco años de silencio por parte de sus inversionistas, en abril de 2023, Autopistas del Atlántico, S.A. de C.V. (ADASA) y otros iniciaron una demanda por más de USD 179 millones en contra del Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).
El consorcio Autopistas del Atlántico, junto a otras corporaciones panameñas y chilenas, así como financistas de la talla de JP Morgan Chase Bank y Goldman Sachs, argumentaron que el motivo del litigio fue “la violación de su contrato por la suspensión de la carretera de pago ante la protesta de las comunidades y la cancelación del contrato en 2018”, reveló el informe Inversiones Mafiosas contra Honduras presentado en septiembre de 2024.
Karen Spring, coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras, durante la presentación del informe Inversiones Mafiosas contra Honduras explicó que el Mecanismo de Solución de controversias Inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) permiten a las empresas transnacionales presentar las demandas, a la vez que invisibilizan las voces de la población afectada.
“Las 15 demandas activas contra Honduras son un ataque a las luchas por la dignidad, la justicia y la democracia. Las demandas y el sistema que las permite son un ataque a la soberanía de Honduras y la soberanía de las comunidades impactadas”, afirmó Spring.
INDIGNACIÓN CIUDADANA Y LA CANCELACIÓN DEL PEAJE EN EL PROGRESO
Articuladas en la “Mesa de la Indignación Ciudadana”, Suyapa Majano e Idalia Carballo cuentan que ni el clima ni los cuerpos represivos del Estado amedrentaron la lucha en contra de la imposición de un peaje que consideraron inconstitucional al limitar la libre circulación de la ciudadanía.
Suyapa Majano recuerda que para sostener la movilización se establecieron turnos en los que participaban de forma mayoritaria las mujeres, celebraron cumpleaños y se hicieron viacrucis durante semana santa, para no dejar de mostrar el rechazo ante la imposición del peaje.
“Nunca aflojamos la lucha”, pese a que “golpearon a varios compañeros y compañeras”, recibieron de forma rutinaria gases lacrimógenos y fueron perseguidos por su oposición. “Hay compañeros [y compañeras], estudiantes también, que me acuerdo, que se tuvieron que ir”, mientras que quienes quedaron en el país fueron perfilados por las fuerzas represoras.
Idalia Carballo cuestionó la legalidad de la concesión del corredor turístico a una empresa por el uso de vías que ya estaban construidas y sin que existieran vías alternas para asegurar la libre circulación de la ciudadanía. “No construyeron nada para poner esos peajes”, expresó.
Carballo recordó que el gobierno de Juan Orlando Hernández favoreció a Autopistas del Atlántico colocando policías y militares para que reprimiera a la población que protestaba en contra del cobro de peaje por el uso de carreteras construidas con los impuestos de la ciudadanía y que además tendrían un impacto en el costo de la canasta básica.
La concesión del corredor turístico fue promocionada por la primera administración del expresidente Juan Orlando Hernández –hoy condenado en Estados Unidos por conspirar para la importación de cocaína a ese país– como un avance para la infraestructura del país, estimulando el comercio, turismo, la generación de empleo y disminución de los costos de transporte.
Inicialmente, el contrato establecía que solo podría iniciar el cobro por el uso de la carretera después de que finalizara la construcción de las obras. Sin embargo, en 2016 “con tan solo 10% de avance” se aprobó el inicio del cobro a todo vehículo que transitara dicha ruta. Esto activó la garantía de pago de los ingresos mínimos garantizados a la empresa en el contrato, pasando el Estado a deber USD 110 millones, en lugar de USD 42 millones por la cancelación temprana del proyecto, explicó el documento Inversiones Mafiosas contra Honduras.
EL FRACASO DE LAS OPACAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADA
La demanda de Autopistas del Atlántico es tan solo una de quince arbitrajes contra Honduras ante el CIADI, promovidas por inversionistas que fueron beneficiados tras el golpe de estado de 2009, durante el periodo denominado narcodictadura. En este caso la vía legal o lanza jurídica usada para acudir a Mecanismos de Solución de controversias Inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) fueron las Alianzas Públicos-Privadas (APP).
“Vemos por lo menos tres demandas […] que corresponden a contratos de Alianza Público-Privada, que fueron negociados bajo condiciones altamente perjudiciales para el erario [público] por Coalianza [Comisión para la promoción de la Alianza Público-Privada]”, explicó Jen Moore del Institute for Policy Studies (IPS).
Las APP fueron creadas a través de la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada en 2010, que también ideó la hoy extinta Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), cuya función era promover, celebrar y supervisar los contratos APP, entre los sectores público y privado, nacional e internacional.
Para 2019, COALIANZA fue desmantelada tras el allanamiento de sus oficinas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Previamente, en 2014, parte de las actividades de COALIANZA fueron declaradas secretas, tras la aprobación de la Ley para la clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional o Ley de Secretos, por lo que se cuestionó la limitada auditoría y supervisión de sus operaciones.
Las otras dos demandas que involucran un contrato Alianza Público Privada, es el litigio de Palmerola International Airport (PIA) ingresado al CIADI por USD 10 millones, y la demanda Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios S.A.S. por 500 millones. Debido a la ausencia de transparencia se deconoce la motivación y el monto reclamado en el arbitraje presentado por International Container Terminal Services & Operadora Portuaria Centroamericana.
Moore remarcó que aun cuando no se transparenta la causa detrás de varias de las demandas contra Honduras ante el CIADI, se identifican dos tipos de motivaciones: por un lado generar presión para cambiar las reglas y las condiciones de negocios, y por otro, obligar a las y los hondureños a pagar por las perdidas de los proyectos e inversiones fracasadas.
Luciana Ghiotto, del Transnational Institute (TNI), expresó que los Mecanismos de Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS) cuenta con críticas a nivel global y los afectados van más allá de Honduras.
Concluyó que la salida de Honduras del CIADI en agosto de 2024 fue “un paso importante, pero no suficiente”. Esto a causa de que “el CIADI es solamente uno de los centros de arbitraje a nivel global, pero los tratados de protección de inversiones […] habilitan que los inversionistas puedan demandar al Estado en cualquier foro arbitral del mundo, incluido el CIADI”.
El informe Inversiones Mafiosas contra Honduras urgió eliminar los privilegios que se otorgan a los inversionistas tanto en tratados internacionales como en su ley nacional y de los contratos con empresas, como las Alianzas Público-Privadas. “Debe desarrollarse una acción contundente en todos los frentes, tanto en el internacional para pedir la renegociación de los tratados de comercio e inversión, como en el interno, para empujar la reforma de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones de 2011”.
