Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. – El dossier “Impacto de la Corrupción Como Factor Determinante en la Migración” del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA), ofrece una perspectiva del impacto de la corrupción como uno de los desencadenantes más importantes de la creciente migración regular e irregular de hondureños hacia el extranjero.
En este estudio la instancia de veeduría social utiliza diversos indicadores e índices de gobernanza, efectividad del gobierno, percepción de corrupción, Estado de Derecho, Estabilidad Política, rendición de cuentas y del índice de desarrollo humano, entre otros estructurales que explican el fenómeno migratorio en el país.
Señala la vital importancia de que los entes estatales cumplan su papel de gestor anticorrupción en los gobiernos locales, generando incidencia que evite el desplazamiento forzado de la ciudadanía, o que decidan alejarse de su lugar de origen a causa de la corrupción.
EL OPCA, órgano del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) identifica tres momentos históricos de la migración en Honduras, 1999, tras los estragos del huracán Mitch; 2009 y 2014 como consecuencia del golpe de Estado de junio de 2009, la crisis que desató la cuestionada reelección y el fraude electoral para el segundo gobierno de Juan Hernández Alvarado.
“La pandemia causada por el covid-19 vino a acelerar y a acentuar más las políticas restrictivas de movilidad de los migrantes de a pie, generando temores en las poblaciones de tránsito de cada nación como lo advirtió el Observatorio de Legislación y Política Migratoria Frontera México y Estados Unidos”.
“Aun así, el panorama para el migrante hondureño, a pesar de los riesgos y de estar en una extensa cuarentena con países fronterizos en igual o peores condiciones de salubridad, siguen promoviéndose caravanas.”, señala el Observatorio.
Antecedentes de inestabilidad política y social, alta percepción de la corrupción que junto al estancamiento en índices de desarrollo humano y un aumento desmesurado de muertes violentas, del narcotráfico y la extorsión por maras y pandillas catapultan la migración sin control del presente.
El análisis puntualiza que las carencias estructurales y la corrupción incidieron en transformar al país de receptor migratorio de la década de los 80´s a expulsar a su población en el 2018.
Desde entonces, la vida democrática ha convivido con una creciente corrupción e impunidad, impulsada por las élites políticas, económicas y sociales, asimismo, quebrantando la identidad nacional, institucionalidad, justicia, soberanía y esperanza nacional.
También se reflejó el aumento anual del número de desplazados irregulares en accidentes de trenes, asesinatos a tiros, asaltos, o bien, por el frío y el calor de los desiertos, asestando un golpe emocional para los familiares y pérdida de recursos humanos que redundan en más pobreza.
“Circunstancias políticas acumuladas en la memoria popular como ser un golpe de Estado, la reelección ilegal y la percepción de un supuesto fraude electoral que arribó en una crisis política, socioeconómica y democrática fue el impulso de múltiples salidas de migrantes irregulares mediante una nueva forma de convocatorias multitudinarias de salidas conocidas como «caravanas», siguiendo la ruta terrestre de Guatemala y México hasta la frontera con Estados Unidos”.
De igual manera, al analizar la situación de empleo en el país y la escolaridad por rama de especialización “encontramos que estudiando o no, las probabilidades de encontrar empleos y sueldos dignos en Honduras son mínimas”, destaca el Observatorio de Política Criminal Anticorrupción.
Honduras, según la pesquisa, refleja en sus indicadores de desarrollo humano una situación poblacional debajo del promedio general, lo que infiere “que en los últimos 45 años el país no ha implementado eficientes políticas públicas referentes a salud, educación, transparencia y rendición de cuentas, lo que perpetúa los altos índices de corrupción y pobreza”.
También reveló que cuando los índices de desarrollo humano son bajos es porque inversamente la nación convive con crecientes índices de percepción de la corrupción.
El acceso limitado a educación, salud, servicios públicos y la desigual distribución impide la formación del capital humano que impide competir para conseguir empleos de alta productividad, particularmente entre las mujeres, los jóvenes y una amplia concentración de trabajadores en puestos de trabajo de baja productividad.
En los últimos 17 años el país ha presentado un alto crecimiento en los niveles de percepción de la corrupción, posicionándose desde el 2013 como uno de los más corruptos de Centroamérica, y desde hace cuatro décadas no logra mejorar su Índice de Desarrollo Humano (IDH), ubicándose así, en niveles bajos y con un aumento en el flujo migratorio.
A nivel de los gobiernos locales las corporaciones municipales al no administrar los fondos con transparencia, responsabilidad y eficiencia limitan el crecimiento económico provocando que la comunidad opte por otros destinos con mejores niveles de calidad de vida.
IMPACTO LOCAL
Asimismo, se compara que los departamentos de Honduras con las ciudades más grandes, mayor población y presupuestos son los que reflejan más indicios de corrupción y coinciden con las que tienen mayor proporción de migrantes.
Al establecer un comparativo municipal en cuanto a niveles de migración hacia fuera del país, considerando procesos legales incoados por el Ministerio Público y el IDH, acceso de servicios públicos y municipales, tenencia de tierra y casa de habitación, los niveles de migración ofrecen indicios racionales que el accionar sistémico de corrupción e impunidad son barreras en contra de mejoras de nivel y calidad de vida de los ciudadanos de varios municipios.
Entre estos el Distrito Central, Nueva Armenia, Cedros, San Ignacio y Santa Lucía del departamento de Francisco Morazán; San Pedro Sula, Puerto Cortés, Villanueva y Choloma en Cortés.
De igual forma afecta a los habitantes de municipios como El Negrito, Jocón, Morazán, Sulaco y Victoria, en Yoro; y eventualmente en Salamá, Concordia, Manto y Santa María del Real, departamento de Olancho; finalmente, Lejamaní, Humuya, San José, Siguatepeque y Taulabé, en Comayagua.
Finalmente, el OPCA señala la falta de voluntad política y el uso del Congreso Nacional para promulgar leyes que generan impunidad, como el nuevo Código Penal e imponer límites a la labor del Ministerio Público.
