Tegucigalpa, Honduras.- Luego que el abogado Mario Roberto Urquía y el titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) Luis Javier Santos presentaran un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, el proceso que está haciendo la Junta Proponente para escoger a las próximas autoridades del Ministerio Público está en manos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Sala de lo Constitucional, encabezada por la magistrada, Sonia Marlina Dubón, podría simplemente no admitir los recursos o, si lo hace, lo podría hacer por dos vías: aceptarlo con la suspensión del acto reclamado y paralizar el trabajo de los proponentes o, por el contrario, valorarlo, pero sin frenar las funciones.
“Si la Corte los admite con la suspensión del acto el proceso se para y entrenamos en una crisis para el proceso de elección del fiscal general y fiscal adjunto porque no podríamos continuar con el proceso y entregar el martes el listado porque se establece que se admitió (recurso) suspendiendo todo acto que nosotros hemos realizado”, explicó Odir Fernández, representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ante la Junta Proponente.
Si la Sala de lo Constitucional acepta el recurso de amparo sin la suspensión del acto reclamado, está la posibilidad que el proceso se vea interrumpido una vez la Junta Proponente haya mandado la nómina al Congreso Nacional, es decir, ese listado quedaría sin valor y se tendría que enviar uno nuevo en el que puedan competir Santos y Urquía.
“Pero si la Sala de lo Constitucional no admite ningún recurso y no se pronuncia no pasaría nada porque la Junta Proponente se disuelve una vez entregada la nómina y el proceso terminaría en el Congreso Nacional. La gracia es suspender el acto para poder ingresar al listado final”, agregó Fernández.
RESPETO AL TRABAJO DE LA JUNTA PROPONENTE
De igual manera, Fernández consideró que si la Corte Suprema de Justica admite los recursos de amparo estaría aceptando que el trabajo y análisis que hizo la Junta Proponente para inhabilitar a Santos y Urquía fue en el marco de la ilegalidad.
“Son criterios que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, evidentemente nosotros tendremos que ser respetuosos como Junta Proponente con estos criterios, pero también llamamos a la cordura, nosotros no hemos jugado a la política, hemos adoptado criterios objetivos y los resultados lo están manifestando”, valoró.
Agregó que “se tendrá que respetar la disposición de cada una de las instituciones que cada integrante de la Junta Proponente representamos. Llamamos a esa cordura de respetar esos criterios independientes que nosotros hemos tenido”.
Mario Roberto Urquía, asesor de la Alcaldía en San Pedro Sula y el que era uno de los favoritos para lograr la titularidad de la fiscalía, quedó inhabilitado del proceso el jueves 27 de julio por haber sido el presidente de la Junta Nominadora para la elección de los magistrados de la CSJ y, un día después (viernes 28) se apersonó a la Corte a interponer un recurso de amparo con suspensión del acto, argumentando que fue separado del proceso de manera arbitraria.
Cuatro de los 7 integrantes de la Junta Proponente, tras leer e interpretar lo que dice el artículo 42 del reglamento que rige esta instancia, determinaron marginar del proceso a Urquía Fajardo, ya que fue el presidente de los nominadores y, según los análisis, eso suficiente causal para sacarlo del proceso.
El inciso G del artículo mencionado, explica que ninguna de las personas que integró la Junta Nominadora, en los próximos dos años, podrá optar a cargos administrativos o jurisdiccionales en los tres poderes del Estado, es decir Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, la normativa no menciona literalmente a la fiscalía.
Mientras que, a Luis Javier Santos, 5 de los 7 integrantes de la Junta Proponente determinaron excluirlo del proceso porque desde mayo de 2013 la Procuraduría General de Estado (PGR) lo demandó por estar salpicado en la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra Honduras.
A Honduras la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) la sentencio por falta de investigación en el asesinato de la ambientalista Jeannette Kawas, quien fue ultimada en el interior de su vivienda ubicada en el barrio El Centro, en Tela, Atlántida, al norte de Honduras el 6 de febrero de 1995.
Santos fue uno de los fiscales que conoció este caso y también fue el único que presentó pruebas y levantó un requerimiento fiscal contra el sargento clase III de la Policía Nacional Ismael Perdomo, quien participó en la muerte de la ambientalista alterando la escena del crimen.
TRABAJO DE LA JUNTA PROPONENTE
En la primera fase de este proceso, la Junta Proponente recibió 26 postulaciones, de las que, a medida ha ido avanzado, varios abogados han renunciado a su aspiración y otros han sido inhabilitados por no cumplir con los requisitos ya establecidos en la norma que rige esta instancia.
Durante la fase de subsanación de información, los proponentes enviaron a 20 abogados a corregir sus carpetas porque presentaron información falsa, errónea e incompleta. Pero sólo 18 lograron completar lo requerido.
La abogada Karen Alicia Motiño, afín al Partido Nacional, y Arnaldo Alvarado García fueron los aspirantes que fueron separados en esa fase tras no poder subsanar la información requerida a tiempo ante la Junta Proponente. Para hacerlo tuvieron 48 horas (desde el 1 al 3 de julio).
Después, los proponentes determinaron inhabilitar a la abogada y exdiputada del Partido Liberal, Sobeyda Judith Andino Álvarez, tras encontrar que no cumplía con la experiencia en materia penal que se requiere para ser fiscal general o fiscal adjunto.
Entre tanto, argumentando estar atravesando problemas personales, la profesional del derecho y actual titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna renunció a su postulación. Sin embargo, de acuerdo con el reglamento, igual tenía que ser inhabilitada por ostentar un alto cargo en una institución del Estado.
Mientras se desarrollaba la fase de tachas y denuncias, lo equivalente a la segunda fase de este proceso, el abogado Alejandro Alvarenga Padilla renunció a su postulación y denunció que el trabajo de los proponentes está maniatado porque ya hay nombres y apellidos de las personas que tendrán los altos puestos de la fiscalía.
El proceso de tachas cerró con 21 abogados de los 26 que se postularon, y de esos 21, 17 fueron denunciados ante la Junta Proponente, mismos que tenían hasta el viernes 14 de julio para justificar, con evidencias, que no habían sido parte de ninguna irregularidad.
Después siguió la fase de pruebas toxicológicas, psicométricas y de patrimonio, mismas que terminaron el sábado 15 de julio, después, durante el 26 y 27 de julio, los postulantes que continuaron en el proceso (13) se sometieron a entrevistas públicas.
Entre las pruebas toxicológicas y proceso de tachas y denuncias quedaron fuera del proceso los abogados: Plinio Leonel Consuegra, Olga Janeth Flores, Marco Antonio Zelaya Reyes, Omar Bonilla, Rita Núñez, Mario Urquía y Luis Javier Santos.
Un día después de terminar las entrevistas públicas (28 de julio) salió a la luz que el abogado Johel Zelaya, uno de los 13 postulante que continúa en el proceso, se desempeña como regidor por el Partido Liberal en la Alcaldía de Reitoca, en Francisco Morazán, causal suficiente para ser apartado del proceso.
Ahora, desde el 28 hasta el 31 de agosto, los proponentes evaluarán a los abogados que pasaron los filtros anteriores, a quienes calificarán de 1 a 100 puntos, seleccionarán a los cinco que obtuvieron la mejor nota y posteriormente enviarán esa nómina al Congreso Nacional presidido por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo.
El Congreso, en esa etapa crucial, tiene dos opciones. La primera es reivindicarse con la sociedad escogiendo a los abogados por los méritos obtenidos en los filtros que hizo la Junta Proponente y, la segunda, es colocar a las personas que respondan a los intereses corruptos de la clase política y económica, siguiendo la misma hegemonía que mantiene la fiscalía en la actualidad.
