Profesionales del derecho señalaron la urgencia de eliminar la concentración del poder y la toma de decisiones administrativas actualmente centralizadas en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Tegucigalpa, Honduras. -En su último informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subrayó que continúa pendiente la promulgación de una Ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, para separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La CIDH destacó que esta normativa es crucial para garantizar una administración de justicia independiente y efectiva, un aspecto esencial para la consolidación de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Honduras.
Asimismo, el escrito presentado el pasado 17 de mayo de 2024, abordó la necesidad que esta normativa se ajuste a los estándares internacionales sobre independencia judicial, especialmente en relación con los procesos de nombramientos, el ascenso escalafonario, los traslados, los regímenes disciplinarios y la separación del cargo de juezas y jueces.
Durante la visita in loco de la CIDH en 2023, operadores de justicia y sociedad civil señalaron la urgencia de remover la concentración del poder y la toma de decisiones administrativas de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“En este sentido, preocupa a la Comisión que continúe siendo aplicada de manera supletoria la Ley de Carrera Judicial de 1980, cuyo contenido normativo es considerado incompatible con los estándares interamericanos de independencia judicial por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el Caso López Lone y Otros Vs. Honduras”, cita el documento.
La falta de una ley adecuada del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial ha sido una preocupación constante para diversas entidades y organizaciones, quienes advierten que, sin estas reformas, el sistema judicial seguirá siendo vulnerable a presiones políticas y administrativas.
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SE DEBE CUMPLIR SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
La abogada penalista y exministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, recordó que, en abril de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia con efecto extensivo declarando la inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura.
De igual manera, en la parte resolutiva de la sentencia se estableció que el Poder Judicial debía elaborar el proyecto de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura, situación que hasta ahora no se ha cumplido.
“La Sala de lo Constitucional de la CSJ, emitió una sentencia en ese recurso de inconstitucionalidad con efectos extensivos, es decir, que se derogó totalmente la Ley del Consejo de la Judicatura en esa misma sentencia la Sala estableció que la Corte debe trabajar en un nuevo proyecto de ley que posteriormente debe ser aprobado”, dijo la profesional del derecho a Criterio.hn.
Añadió que tanto la administración de Rolando Argueta (2016-2023) y la de Rebeca Ráquel Obando (2023-2030), han obviado el cumplimiento de esa sentencia, en el sentido de impulsar una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
A criterio de la jurista lo que falló en el pasado fue la escogencia de las y los miembros del Consejo de la Judicatura, que, aunque hubo una participación de las organizaciones de sociedad civil la misma se hizo de manera político- partidaria de tal forma que las y los miembros del Consejo se convirtieron en activistas de los partidos que los habían puesto.
Por último, sugirió que, si se va a iniciar la construcción de una nueva ley, esta debe ser socializada con las asociaciones de jueces, sociedad civil, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), la academia y demás sectores interesados.
En esa misma línea de pensamiento opinó el abogado constitucionalista, Rodil Rivera Rodil, al señalar que se debe “revivir” el Consejo de la Judicatura y la carrera judicial.
En diálogo con este medio digital, el profesional del derecho enfatizó que con estas herramientas se logrará separar las funciones administrativas y la función judicial del Poder Judicial.
Sin embargo, la corrupción de actores del pasado empañó y paralizó el funcionamiento del Consejo de la Judicatura no funcionó y se paralizó.
“La idea de separar esas funciones de la Corte Suprema es excelente y necesaria”, afirmó el abogado, Rodil Rivera Rodil.
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INCONSTITUCIONALIDAD DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
El 25 de noviembre de 2011, el Congreso de la República aprobó la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, una normativa que derogó la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y que otorgó labores administrativas a un nuevo ente, mismo que inició sus funciones el 6 de septiembre de 2013, y que se encargaba de organizar y dirigir la administración y las finanzas del Poder Judicial.
Sin embargo, la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial fue cuestionada desde su aprobación en el Legislativo, razón por la cual, el 15 de abril del 2016, la Corte Suprema, a través de la Sala de lo Constitucional, emitió una sentencia con efecto extensivo declarando la inconstitucionalidad de la normativa en alusión.
En la parte resolutiva de la sentencia se estableció que el Poder Judicial debía elaborar el proyecto de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura.
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COMISIÓN LEGISLATIVA ESTANCADA EN LA CREACIÓN DE LEY DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
En marzo de 2023, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, nombró una comisión especial para trabajar en un borrador de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. La iniciativa surge siete años después de la disolución del Consejo cuya gestión se caracterizó por la corrupción.
Dicha comisión fue integrada por diputados, en su mayoría del oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre), Angélica Smith, Netzer Edu Mejía, Mario Portillo, Marco Bertilio Paz Sabillón, Linda Donaire, Rebeca Angelina Ávila, Lourdes Maribel Mejía, Carlos Raudales (Democracia Cristiana) y José Rosario Tejeda (Partido Liberal).
A la comisión se le dio la facultad de elaborar un proyecto de decreto para la creación del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial basados en el artículo 317 de la Constitución de la Republica que establece la creación de dicho Consejo cuyos miembros, organización, alcances y atribuciones serán objeto de una ley, aprobada por las (2/3) dos terceras partes del voto favorable de la totalidad de los diputados del Congreso Nacional.
Sin embargo, la CIDH mencionó que “al momento de redacción de este informe, no ha tenido mayor noticia sobre avances en el trámite legislativo de algún anteproyecto de ley”.
