A juicio del director de CIPRODEH, Javier Acevedo, las modificaciones a la normativa penal para catalogar a las maras y pandillas como terroristas es un tema repetitivo del que se viene hablando desde el gobierno del expresidente, Ricardo Maduro
Tegucigalpa, Honduras. –El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) anunció la implementación del Plan Solución contra el Crimen que consta de 14 medidas, entre ellas una serie de reformas al Código Penal para darle la categoría de “terroristas” a miembros de maras y pandillas.
Asimismo, se plantearon modificaciones al Código Procesal Penal para que la medida de prisión preventiva sea aplicada a todas las personas por los delitos de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos.
Este paquete de reformas será enviado al Congreso Nacional para que sean aprobadas por el pleno al retornar del receso legislativo del mes de junio, así lo confirmó el secretario del Poder Legislativo y de la Comisión Permanente, Carlos Zelaya.
El congresista dijo en una entrevista brindada a un foro televisivo que desde el fin de semana ese poder del Estado ha iniciado el trabajo con asesores legales para entregar un borrador con las modificaciones a la normativa penal aprobadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Adelantó que la Comisión Permanente del Congreso Nacional realizará el dictamen de dichas reformas, argumentando que es una de las atribuciones constitucionales de ese órgano.
“Esta semana será convocada la Comisión Permanente para conocer los avances que esta comisión de juristas y asesores del Congreso ya tienen, para comenzar a trabajar y elaborar los dictámenes que serán presentadas en la primera sesión ordinaria del Congreso Nacional que será el 1 o de 2 de julio”, declaró el legislador del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, Carlos Zelaya. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
Es importante destacar que el Código Penal en su artículo 587, ya contempla el delito de terrorismo al igual que la Ley de Financiamiento del Terrorismo, mismas que señalan que los individuos que pertenezcan a una asociación delictiva (como maras y pandillas) sean catalogados como terroristas.
“Son asociaciones terroristas las constituidas sea de modo permanente o transitorio, por dos (2) o más personas para cometer algún delito, con alguna de las finalidades siguientes: subvertir gravemente el orden constitucional o provocar un estado de terror en la población o parte de ella”, cita el artículo 587 de la normativa penal.
Con relación a las maras y pandillas detalla que “incurre además en dicho delito quien o quienes formen parte de asociaciones ilícitas y desarrollen acciones cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos violentos o amenaza de cometerlos, alterar gravemente la paz pública, aterrorizar e intimidar a la población o parte de ella, para obligarla a hacer un acto o abstenerse de hacerlo”.
La normativa penal establece penas de 15 a 20 años para los directivos, promotores y financistas de la asociación. Por otro lado, los “simples integrantes” de la asociación terrorista deben ser castigados con las penas de prisión de 10 a 15 años.
Vea: Congreso Nacional conocerá en las próximas semanas las reformas necesarias al Código Penal
MEDIDAS DEL PASADO RETOMAN FUERZA EN ADMINISTRACIÓN DE CASTRO
En 2003 el entonces presidente, Ricardo Maduro Joest (2002-2006), envió al Congreso Nacional una propuesta al Congreso Nacional que autorizó a la policía a arrestar a líderes y miembros de las pandillas.
En agosto de 2003, el Congreso Nacional aprobó la reforma del artículo 332 del Código Procesal Penal que sancionaba con penas de ocho (8) a 12 años, y multas a los líderes de las pandillas juveniles como la Pandilla o Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS13) para frenar las actividades delictivas que cometían esas organizaciones criminales.
Esa reforma al Código Procesal Penal dejó como resultado que los integrantes de maras y pandillas dejaran de tatuarse las insignias y números que los identificaban como miembros activos de esos grupos.
En julio de 2015, el Congreso Nacional volvió a aprobar reformas al artículo 332 del Código Procesal Penal con la cual se aumento de entre 20 a 30 años de prisión a miembros de maras y pandillas.
Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), dijo a Criterio.hn que esta iniciativa propuesta del CNDS no es algo nuevo, ya que es un discurso que se ha venido utilizando desde tiempo atrás por diferentes gobiernos, desde que comenzó el tema de las maras y pandillas.
El también abogado explicó que estas propuestas emulan a la Ley Antimaras, que promovió el expresidente, Ricardo Maduro Joest. Añadió que en Honduras se continúa una política de derecho penal del enemigo, lo que significa que no importa qué tipo de delitos se ha cometido, sino que lo que se persigue es a la persona por ser quien es.
“En ese sentido estamos ante una potencial violación de derechos humanos que es lo mismo que pasó cuando se hizo la reforma de Ley -Antimaras- para considerar a las personas pertenecientes de maras como integrantes del crimen organizado, entonces el delito es de asociación ilícita”, dijo a este medio digital.
A criterio del jurista el tema del terrorismo es algo repetitivo y es aceptar que “no hemos tenido la capacidad de investigar, documentar y de perseguir de manera correcta el crimen y entonces tenemos la buscamos la puerta fácil, por decirlo de alguna manera y es criminalizar”.
De interés: Se requiere reformar el Código Penal para mejorar la efectividad del estado de excepción
CATALOGAR A MARAS Y PANDILLAS COMO TERRORISTAS YA HABIA SIDO PROPUESTA
En junio de 2023, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció que enviará una propuesta al Congreso Nacional para declarar a las maras y pandillas como terroristas.
Durante una conferencia de prensa, las autoridades de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional detallaron las acciones que realizarán para contrarrestar la criminalidad organizada.
