Texto y fotos: Luis Escalante
Tegucigalpa.– Cuando se habían votado 14 artículos y habían transcurrido unas ocho horas desde que inició a discutirse el dictamen de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, suspendió la sesión del 16 de julio y aseguró que algunos diputados se hallaban en el padecimiento de «problemas estomacales». La discusión y votación, que se realizó en tercer debate y que dejó pendientes 14 artículos, se reanudará el lunes.
Coincidentemente, todo ocurrió en un contexto en el que eran discutidos dos incisos referentes a los requisitos e inhabilidades para la autopostulación de los candidatos a magistrados, contenidos dentro del artículo 15 del proyecto de decreto y que generaron una amplia diversidad de posturas por parte de los partidos de gobierno –Libre y PSH– y de la oposición –Nacional y Liberal–. La polémica se generó después que el presidente del Legislativo sugirió a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que elaboró el dictamen, la eliminación de uno de los incisos y la modificación de otro.
El primero, el B, contemplaba que ningún candidato a magistrado debe «ser miembro activo de un partido político, ni haberlo sido en los dos años anteriores a su autopostulación», y el segundo, el C, que nadie puede aspirar a la Corte si ha «sido condenado por delitos dolosos, por violencia doméstica o por cumplimiento de deudas alimentarias».
POSTURAS
Después de un receso, en el que la comisión deliberó las sugerencias realizadas por Luis Redondo, el diputado de Libre y presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Ramón Barrios, determinó eliminar el primer inciso y modificar el segundo, sustituyendo la frase «no haber sido condenado» por «no haber recibido sentencia firme». La decisión con respecto a ambos incisos provocó una variedad de opiniones de parte de las distintas bancadas.
Referente a la modificación del segundo inciso citado, la diputada de Libre, Beatriz Valle, quien en algunos instantes de la sesión utilizó un silbato y reclamó ser ignorada, declaró que cualquier persona que incumple sus obligaciones familiares debe ser excluida del proceso de selección de magistrados de la Corte. «Hay miles de abogados honrados que no han sido acusados formalmente», expresó Valle, quien insiste en que no pertenece más a la bancada del partido oficialista. Otros legisladores de Libre, entre ellos Silvia Ayala, José Manuel Rodríguez y Mario Cálix, también fueron férreos críticos de la reformulación del inciso.
A pesar de ello, cuando se le solicitó que argumentara la deliberación que realizó la comisión que él preside, el diputado Barrios se limitó a responder que la Constitución establece que a una persona no se le puede retirar su estado de presunción de inocencia si «no han sido agotadas todas las instancias».
MIEMBROS DE PARTIDOS POLÍTICOS SI PODRÁN SER MAGISTRADOS
Con respecto a la eliminación del inciso B, la discusión también fue variada. Por un lado, algunos diputados como el liberal Marlon Lara y el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, defendieron que pertenecer a un partido político es un derecho constitucional y expresaron que el punto principal de la elección debe ser la idoneidad moral y profesional de los candidatos.
Por el contrario, la diputada del PSH, Ligia Ramos, declaró que es «voluntad del pueblo» que quienes aspiren a los cargos de magistrados de la Corte no pertenezcan a partidos políticos. «Vamos a presentar la moción y vamos a esperar qué sucede el lunes. Lo que queremos es una Corte independiente y no vamos a ceder en ello», confirmó a Criterio.hn desde el palacio legislativo.
Desde el Ejecutivo también hubo posturas en sincronía con el punto anterior. Para el caso, Edmundo Orellana Mercado, ministro de Transparencia y autor del anteproyecto de ley, expresó vía Twitter que «debemos insistir en que los dirigentes de los partidos sean excluidos».
En tanto, la bancada del Partido Nacional, que se abstuvo en la votación de casi todos los artículos y que por ello recibió fuertes cuestionamientos de los partidos de gobierno, sugirió que entre los candidatos inhabilitados se incluyera a secretarios de Estado durante los últimos dos gobiernos y a funcionarios o exfuncionarios beneficiados por amnistías políticas.
«Vamos a ver si esta junta directiva es tan coherente como ellos aseguran y vamos a ver si así, desde este poder el Estado, se da un mensaje de que el proceso será verdaderamente transparente», apuntó su jefe de bancada, Tomás Zambrano, quien protagonizó la mayoría de sugerencias hechas a la comisión junto a sus compañeros David Manaiza y Marco Midence, al igual que los legisladores de Libre, Jari Dixon Herrera, Kely Aguilar, Rasel Tomé y Hugo Noé Pino, y los del PSH, Maribel Espinoza y Luis Redondo.
El resto de la votación de los artículos contenidos en el dictamen de la ley, que en total son 28 y que vendrán a reemplazar a la Ley Orgánica de la Junta Nominadora para Elección de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia –vigente desde 2001 y regidora de tres procesos de elección y nominación–, se realizará el lunes a partir de las 2:00 de la tarde.
Una vez que sea aprobada, como la tendencia indica que ocurrirá, la ley será enviada a la presidenta Xiomara Castro, quien se encargará de su sanción y promulgación en el diario oficial La Gaceta. El decreto servirá como el instrumento que regulará tanto el proceso de selección de los integrantes de la Junta Nominadora como el proceso de nominación y elección de los candidatos a magistrados de la Corte que ejercerán sus funciones entre 2023 y 2030.
Entre las novedades, la normativa incluye dos elementos de género y la autopostulación de los candidatos. La elección de los 15 magistrados de la Corte –de un listado final de 45– se realizará el 23 de enero de 2023 y deberá pasar por la aprobación de, al menos, 86 diputados.
