A pesar de la existencia de múltiples iniciativas legales para proteger a las mujeres en Honduras, su aprobación se estancó en un Congreso dominado por posturas conservadoras y dinámicas machistas.
Leyes clave como la alerta morada, la integral contra la violencia y la de violencia política permanecen sin avanzar, mientras reformas esenciales al Código Penal y presupuestos con perspectiva de género enfrentan retrasos, dejando a las políticas públicas en papel y sin aplicación efectiva.
Por: Doris Sánchez
La persistente demora en la aprobación de leyes para la protección de las mujeres evidencia que, en Honduras, no se trata de carencia de propuestas, sino de un Congreso dominado por intereses políticos y posturas conservadoras que, en lugar de priorizar la seguridad femenina, favorecen la inercia legislativa.
Iniciativas como la alerta morada, la ley integral contra la violencia y reformas al Código Penal llevan años esperando, mientras que los mecanismos de respuesta institucional permanecen fragmentados y sin seguimiento efectivo.
Además, esta falta de acción no solo retrasa medidas urgentes frente a femicidios, desapariciones forzadas y violencia intrafamiliar, sino que también expone la debilidad estructural de las políticas públicas. En consecuencia, la resistencia cultural y machista dentro del poder legislativo, sumada a la ausencia de voluntad política para asignar recursos y reglamentar leyes existentes, convierte a los proyectos en instrumentos sin eficacia real, dejando a las mujeres atrapadas entre derechos reconocidos y su implementación concreta.
La falta de aprobación de leyes en favor de las mujeres en Honduras no responde únicamente a la ausencia de propuestas, sino a la acumulación de iniciativas que permanecen sin avance dentro del Congreso Nacional. Así lo plantea Cristina Alvarado, coordinadora de la organización Visitación Padilla, quien advierte que varias leyes llevan años en espera.
Asimismo, al abordar otras normativas en proceso, Cristina Alvarado señala que, la ley integral para prevenir la violencia contra las mujeres ha pasado por distintas instancias institucionales, incluyendo el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Secretaría de Finanzas. No obstante, su recorrido no se ha traducido en avances concretos, evidenciando así un estancamiento legislativo.
Por otra parte, al referirse a leyes que ya han sido aprobadas, explica que la ley de casas refugio aún enfrenta limitaciones en su implementación. En ese contexto, “advierte que la falta de reglamentación y presupuesto convierte estas normativas en instrumentos sin aplicación efectiva”.
Entre las iniciativas pendientes se encuentran medidas sobre violencia digital y la creación de una comisión legislativa destinada a evaluar la respuesta del gobierno ante los femicidios. Estas propuestas buscan detectar fallas institucionales, mejorar la coordinación entre instituciones y asegurar la asignación de recursos, pero hasta ahora no han recibido el seguimiento necesario, evidenciando la inacción frente a problemáticas urgentes que afectan a las mujeres.
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DERECHOS EN ESPERA: EL CONGRESO QUE NO AVANZA
En un país donde la violencia de género se mantiene en niveles alarmantes, la inacción legislativa de no aprobar estas leyes se convierte en un obstáculo estructural para los derechos de las mujeres. La acumulación de proyectos sin debate, la falta de seguimiento institucional y la resistencia cultural dentro del Congreso evidencian que la problemática no es la ausencia de propuestas, sino la voluntad política para traducirlas en medidas concretas que realmente protejan y prioricen la vida y los derechos de las mujeres.
En ese sentido, Suyapa Martínez, coordinadora del Centro de Estudios para la Mujer – Honduras (CEM-H), señala que existen varias iniciativas relacionadas con los cuidados integrales, como la creación de centros de adultos mayores y guarderías infantiles en cabeceras departamentales, junto con la propuesta del Sistema Integral Nacional de los Cuidados y la Ley de Protección Integral Social, que incluye un subsistema en esta materia. En ese sentido, sostiene que estas leyes deberían ser unificadas en un solo dictamen, debido a que todas responden a la misma problemática, vinculada a la carga de cuidados que asumen las mujeres, incluyendo la atención de personas enfermas, adultas mayores y personas con discapacidad.
Otra de las propuestas pendientes se relaciona con las disposiciones generales del presupuesto de la República con perspectiva de género, elaboradas desde una mesa de trabajo que incluyó a organizaciones de mujeres.
Estas disposiciones contemplan la asignación de recursos para temas de cuidado, becas, el fortalecimiento de unidades especializadas en muertes violentas de mujeres y femicidios, así como apoyo a la Fiscalía Especial de la Mujer y a la unidad de femicidios dentro de la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
Sin embargo, pese a que estas propuestas ya fueron planteadas y estructuradas previamente, su continuidad depende de la voluntad política del gobierno actual, lo que pone en duda su implementación efectiva y evidencia las limitaciones en la incorporación real de la perspectiva de género dentro de la planificación presupuestaria del Estado.
De igual forma, Suyapa Martínez señala que, se requieren reformas al Código Penal, específicamente para ampliar las penas en delitos relacionados con femicidio y violencia contra las mujeres, debido a que las sanciones actuales resultan insuficientes. También menciona “la necesidad de corregir la confusión entre las figuras de femicidio y parricidio, así como fortalecer la tipificación de la violencia intrafamiliar”.
Además, también mencionó que continúa pendiente la aprobación de la ley contra la violencia política hacia las mujeres, pese a haber sido introducida en varios períodos legislativos, así como la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que aún no ha sido aprobado por el Congreso Nacional.
Asimismo, expresó que a esto se suman reformas a la ley contra la violencia doméstica, que incluyen medidas de control a agresores y la creación de una base de datos, aunque persisten vacíos que requieren cambios más profundos orientados específicamente a la violencia contra las mujeres, junto con un proyecto de ley integral en esta materia que aún no ha sido presentado.
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Por otro lado, aunque se han introducido múltiples iniciativas, también han surgido propuestas contraproducentes, como el proyecto de derechos parentales, que limitaría el acceso a la educación en temas de sexualidad y prevención de la violencia.
Ell avance de posturas conservadoras se ha convertido en un obstáculo para la aprobación de leyes a favor de las mujeres. Esto evidencia que la presentación de proyectos no es suficiente: los resultados dependen de su aprobación e implementación, condicionados por la voluntad política dentro de un Congreso que sigue siendo mayoritariamente dominado por hombres.
