El pasado 19 de agosto, el Poder Ejecutivo, a través de un nuevo decreto, prolongó el estado de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre de 2024. Esta prórroga tiene un plazo máximo de 30 días para que el Congreso la examine, modifique, apruebe o rechace. Sin embargo, ninguna de las anteriores ha sido ratificada por el Poder Legislativo, lo que convierte esta medida en inconstitucional
Tegucigalpa, Honduras. — Aunque durante el 2024 el Poder Ejecutivo ha emitido más de cinco decretos para continuar prolongando cada 45 días el cuestionable estado de excepción, solo uno ha sido ratificado por el Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo.
Esta situación no solo revela ineficiencia legislativa y falta de consenso y voluntad política para al menos legalizar una estrategia de seguridad del oficialismo, sino que también podría acarrear consecuencias para el Estado al no cumplir con lo que establece la Constitución para la extensión de esta medida excepcional.
La única ocasión en 2024 en que el Congreso Nacional conoció y aprobó la ratificación del decreto emitido por el Poder Ejecutivo fue en abril, extendiendo la medida del 6 de ese mes hasta el 21 de mayo.
Esta prolongación, que literalmente ha sido la única de 2024, recibió únicamente el respaldo de la mayoría simple de diputados (65 votos), lo que permitió evidenciar que la gran mayoría de congresistas no se encuentran en la disposición de continuar apoyando esta medida oficialista.
De hecho, varios diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH), del Partido Nacional y del Partido Liberal han manifestado que no votarán a favor de la ratificación del estado de excepción en futuras ocasiones, debido a la falta de resultados efectivos tras 624 días de vigencia.
La diputada y precandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinoza, declaró en una entrevista que la falta de apoyo a la medida, junto con los resultados insignificantes, se debe a la escasa transparencia en las capturas y allanamientos, lo cual constituye una violación a los derechos humanos de la ciudadanía.
“Para ilustrar la magnitud de este problema, el Comisionado de los Derechos Humanos envió una carta a cada jefe de bancada en el Congreso Nacional destacando la gravedad de ratificar nuevamente el estado de excepción, que solo ha resultado en la violación de derechos humanos”, señaló la congresista.
Además, Espinoza vaticinó que el presidente del Congreso Nacional no ha programado ninguna ratificación del estado de excepción ni la agendará como parte de una estrategia para evitar debates, dado que el pleno podría no aprobarla y, por lo tanto, no se podría seguir prolongando la medida.
“Nosotros tenemos que estar alertas a estas medidas que son contrarias a la ley y cuyo único propósito es continuar con la concentración y el control del poder. Al igual que gobiernos anteriores, el actual ha identificado que las instituciones de seguridad pública son bastiones esenciales para ejercer control sobre la sociedad”, valoró.
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NUEVA AMPLIACIÓN
Desde el 6 de diciembre de 2022, cuando el gobierno de la presidenta Xiomara Castro aprobó un decreto ejecutivo para implementar un estado de excepción inicialmente limitado a ciertas zonas del país, la medida se ha extendido progresivamente.
Entonces, desde la fecha el Poder Ejecutivo ha aprobado quince prórrogas cada una de 45 días, pero menos de la mitad han sido ratificadas por el Congreso. La última que se aprobó fue el pasado 19 de agosto, que estará vigente hasta el dos de octubre de 2024.
Aunque inicialmente se supuso que esta medida abarcaría solo las zonas más conflictivas del país, como Francisco Morazán, Cortés y Olancho, el estado de excepción se extendió a 223 de los 298 municipios hondureños. Sin embargo, el ambiente de temor infundido por el crimen organizado y el narcotráfico persiste.
Esta medida se implementó con el objetivo de reducir el delito de extorsión, pero, tras 624 días de vigencia, la extorsión no solo persiste con mayor agresividad, sino que las acciones policiales para perseguir a los criminales dedicados a este “cobro de renta” han sido ineficaces.
Criterio.hn, a través de diversos análisis de datos, no solo ha demostrado cómo la comisión de este delito ha proliferado, afectando tanto a la cúpula empresarial del transporte urbano como a otros sectores, sino que también ha puesto en evidencia el fracaso de las tareas de inteligencia e investigación policial debido a los escasos resultados.
Por ejemplo, aunque el estado de excepción fue implementado para combatir la extorsión, las capturas por este delito realizadas entre diciembre de 2022 y junio de 2024 no representan ni el 2%. Es decir, durante este período se han arrestado 35,271 personas, pero solo 513 fueron por extorsión, lo que equivale al 1.4%.
Las autoridades han afirmado en varias ocasiones que la prolongación de esta medida es importante porque ha reducido el índice de homicidios. Aunque los datos respaldan esta afirmación, el ambiente de criminalidad y violencia persiste. Las muertes de mujeres continúan, y los delitos comunes han proliferado en zonas rurales del país, donde antes no había alta incidencia delictiva.
