Pese a los esfuerzos legislativos para detener la cancelación del tratado de extradición, abogados constitucionalistas expresaron a Criterio.hn que el Congreso Nacional no tiene la autoridad para revertir esta decisión, ya que es una competencia que corresponde exclusivamente a la presidenta de la república
Tegucigalpa, Honduras. – Ante la firmeza de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en su decisión de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, diputadas del Congreso Nacional (CN), han anunciado que presentarán una ley para detener la cancelación de dicho acuerdo.
La orden de la mandataria, emitida el pasado 28 de agosto, ha generado un malestar en la población hondureña, que teme que la eliminación de esta herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico transforme al país en un refugio para delincuentes y narcotraficantes, quienes podrían aprovecharse de ser enjuiciados de un débil sistema judicial hondureño.
Frente a la negativa de la presidenta Castro de reconsiderar su postura, la diputada Maribel Espinoza, del Partido Liberal de Honduras (PLH), y la diputada Ligia Ramos del Partido Salvador de Honduras (PSH) manifestaron a Criterio.hn su intención de revertir esta decisión mediante la presentación de iniciativas legislativas en el Congreso Nacional.
LAS INICIATIVAS
La diputada y precandidata presidencial Maribel Espinoza manifestó que, tras el anuncio de la cancelación del tratado, ha intentado presentar ante la secretaría del Congreso Nacional una iniciativa de ley que exhorte a la presidenta Castro a revertir dicha decisión.
Asimismo, busca que el Congreso Nacional adopte una postura firme para preservar esta legislación, “todos los días solicitaré la palabra, me la concedan o no, para proponer un proyecto que asegure la permanencia de la extradición en Honduras, porque es lo correcto», afirmó Espinoza.
Además, subrayó que solo manteniendo vigente la extradición se podrá demostrar que Honduras no aspira a convertirse en un refugio para narcotraficantes.
De su lado, la diputada del PSH, Ligia Ramos, reconoció la dificultad de ejercer una incidencia directa en la cancelación del tratado, sin embargo, la bancada de su partido, consciente de que la decisión de la presidenta, aunque dentro de sus facultades constitucionales, no refleja el deseo de la mayoría de los hondureños, está considerando la opción de un referéndum.
‘Es fundamental explorar todos los procesos necesarios para convocar un referéndum, para determinar si esta es la única forma efectiva de influencia política que tenemos en este momento’, expresó Ramos.
A pesar del impulso de su bancada, Ramos reconoce que el camino no será sencillo, ya que es consciente de que algunos miembros del Congreso, involucrados en casos similares, podrían oponerse a la propuesta, no obstante, subrayó que esto no debe frenar las acciones ni limitar la presentación de alternativas y posicionamientos.
Al respecto, el abogado Joaquín Mejía explicó en el X Space de Criterio.hn que realizar un referéndum en Honduras es complicado por varias razones, primero, debido al tiempo que requiere su preparación, el cual podría extenderse más allá del plazo requerido.
Además, un referéndum sólo puede aplicarse a leyes nacionales, ante esta situación, Mejía sugiere que la presidenta debería centrarse no solo en los aspectos jurídicos, sino también en lo simbólico, es decir, en la opinión del pueblo.
Similar a lo que se planteó con la cuarta urna, ‘podríamos considerarlo en esos términos, porque al final la participación del pueblo soberano no se refleja únicamente en lo jurídico, sino también en lo simbólico”, aseveró Mejía.
Además: Congreso Nacional aprueba por unanimidad presupuesto para elecciones primarias de 2025
SIN MAYORES AVANCES
A pesar de los esfuerzos desde el poder legislativo para influir en la decisión sobre el tratado, estas iniciativas probablemente no prosperarán, ya que la presidenta Castro tiene la autoridad constitucional para tomar esa decisión, según explicó el abogado constitucionalista Rodil Rivera Rodil.
El abogado señaló que una de las atribuciones del presidente de la República, específicamente la número 12, confiere al titular del poder ejecutivo el control de la política exterior y convenios internacionales.
En la práctica, cuando se trata de tratados internacionales, una vez que el poder ejecutivo los ha negociado y suscrito, son enviados al Congreso Nacional para su aprobación. Lo mismo ocurre con las denuncias; por lo tanto, la intervención del Congreso no sería procedente’, afirmó Rivera Rodil en una entrevista con Criterio.hn
Aquí: Renuncia de funcionarios: ¿suficiente para limpiar la imagen del gobierno?
SECTORES PIDEN REVERTIR LA CANCELACIÓN LA EXTRADICIÓN
Las iniciativas de ley que se buscan impulsar en el Congreso Nacional no son el único esfuerzo para solicitar la cancelación de la denuncia del tratado de extradición, el cual aún tiene seis meses de vigencia hasta su vencimiento el 28 de febrero de 2025.
Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil han emitido un comunicado conjunto instando a que se revierta esta decisión, asimismo, la población capitalina se movilizó el pasado viernes 6 de septiembre en la capital, Tegucigalpa, para hacer la misma petición a la mandataria hondureña.
