Congreso Nacional debe derogar la ley que dio vida a las “ZEDES”: CAH

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa, Honduras.- El decreto que dio vida a la construcción de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES) en Honduras debe ser derogado inmediatamente en una sesión extraordinaria de los diputados del Congreso Nacional, porque este proyecto violenta no solo la Constitución de la República; sino todas las leyes establecidas como Estado, su soberanía y derechos evidenciando clara traición a la patria, según los estudios en Derecho y análisis legales realizados por el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).

En una comparecencia pública, el presidente del CAH, Fredis Cerrato en compañía de la Junta Directiva, leyó un pronunciamiento en el que expusieron todas las violaciones a la Constitución de Honduras con la puesta en marcha de las ZEDES y advirtieron que el país se encamina a ser un Estado dentro de otro Estado, además de las posibilidades de empleo ofertadas, son solo usadas como “ganchos” para esconder verdaderos trasfondos que en nada beneficiarán a los hondureños ni a la economía del país.  

“La Ley de las ZEDES es inconstitucional porque otorga facultades a 21 particulares que deben integrar el comité para la organización de buenas prácticas para que regulen materias, cuya competencia conforme a la Constitución de la República corresponden al Poder Legislativo, igualmente por la vulneración de diversos principios Constitucionales, libertades y derechos fundamentales y un tratado internacional vigente”, expresó Cerrato como primer punto con el fin de orientar a la población en general y que los legisladores hagan las correcciones de mérito.

Insistió en que para restablecer la soberanía popular, la integridad territorial e igualdad inquebrantable “se debe derogar los decretos que dieron vida a las ZEDES y en caso de que el titular del Poder Ejecutivo así como los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional se opongan a la derogación de los mismos, el CAH como finalidad de colaborar con el Estado, insta a la mayoría de los diputados para que procedan conforme a los artículos 190 numeral 3 párrafo último, 205 numeral 4 y 2018 numeral 5 de la Constitución de la República.

En el mismo se manifiesta que se puede hacer la convocatoria a la reunión extraordinaria en el CN, en casos de urgencia como el que amerita por la importancia de país, con la presencia de la mitad más uno de los diputados.

“Honduras es de los hondureños, la Patria no se alquila ni se vende, ninguna oferta de desarrollo o empleo debe tener como condición renunciar a la independencia, libertad, soberanía territorial y silenciar la voz del pueblo, el único soberano”, expresó Cerrato al tiempo de insistir que los que ocasionaron este entuerto deben de solucionarlo.

“Hacer lo contrario es violentar el artículo 2 de nuestra Carta Magna que dice, la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos, se tipifican como delitos de traición a la Patria, la responsabilidad de estos casos, es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano”, puntualizó como parte de la postura del CAH en torno a las ZEDES.     

ALGUNAS DE LAS VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN

Entre algunas, de las numerosas violaciones a la Constitución de la República, el CAH, mencionó que “la Ley de las ZEDES, violenta el Principio de aplicación territorial de la Ley Nacional en los artículos 30 y 41 numeral 1 de la Carta Magna, al establecer una injustificada inserción al deber Constitucional a nacionales y extranjeros en territorio hondureño de someterse a las leyes que la Constitución política. Las Zonas de empleo tales como la facultad que se delega a 21 particulares sobre los habitantes de las mismas, es constitucionalmente ilegitimo”.

Como punto tercero del pronunciamiento, “La cuestionada ley vulnera el artículo 107 de la Constitución de la República que dice que los terrenos del Estado ejidales, comunales o privados situados en zonas limítrofes o en el litoral de ambos mares con extensión de 40 kilómetros hacia el interior del país ambos mares (…) solo podrán ser adquiridos, poseídos por hondureños de nacimiento e instituciones del Estado (…) de modo que lo que no disponga a esta norma constitucional para vender parte del territorio a extranjeros”.

En ese sentido, los fines que perciben las ZEDES, contravienen lo dispuesto en la Carta Magna y la Ley para Adquisición de Bienes Urbanos en las áreas que expone el artículo 107 de la Constitución de la República.

En su punto número cuatro, el CMH, advierte que la cuestionada ley, también violenta un tratado internacional vigente con el Reino Unido de Gran Bretaña en época de la Reina Victoria firmado en Comayagua el 28 de noviembre de 1859 ratificado el 18 de abril de 1860 en el cual se reconoce la soberanía de Honduras sobre las Islas de la Bahía y sus territorios en donde el Estado hondureño se comprometió a no otorgar o ceder dichos territorios a extranjeros o nación cualquiera.

Entre otros análisis jurídicos, el CAH instó a los diputados hondureños a que de manera inmediata se avoquen en una reunión extraordinaria, porque la ley afecta los principios de la soberanía y el poder de decisión futuro a las autoridades hondureñas, “no puede el legislador trasladar o delegar en todo o en parte sus facultades a otros órganos o entidades o extranjeros para producir Derecho. El legislador está cediendo a otra facultad, a 21 particulares, aplicar las leyes (…)”.

En consecuencia, “con inobservancia de los preceptos internacionales la ley de las ZEDES ha sido aprobada por los legisladores fuera de las competencias lo que constituye un acto legislativa ordinario que resulta incompatible con la Carta Magna (…) especialmente en el sentido de que extranjeros jueces, magistrados puedan aplicar libremente leyes y normas que ellos aprueben en un sistema jurídico propio, es parte de las conclusiones en base a Derecho que manifestó el CAH.         

ANTECEDENTE DEL SURGIMIENTO DE LAS ZEDES EN HONDURAS

Inspirados en la idea de “Charter Cities” al estilo Hong Kong, Macao y Singapur desde el 2009 luego del golpe de Estado y con la llegada del ex presidente Porfirio Lobo Sosa a la presidencia y de Juan Orlando Hernández al Congreso Nacional  se da un gran interés por la construcción de Regiones Especiales de Desarrollo (o Ciudades Modelo).

Estas zonas se definen como enclaves que se regirán por sus propias normas legales, políticas, administrativas, tendrán fuero jurisdiccional independiente, un presupuesto propio, su propio sistema de recaudación de impuestos, una policía independiente y derecho a expropiar en nombre del interés público, amenazando así a las poblaciones campesinas, al pueblo Garífuna y a los indígenas lencas.

Actualmente se construyen tres ciudades modelo: la primera está ubicada en el Valle de Cuyamel, frontera con Guatemala; la segunda en la Zona de Punta Castilla en la costa Caribe y la tercera, en la Zona del Golfo de Fonseca. Estas son zonas principalmente costeras, de gran potencial para el agro, ricas en petróleo y en agua potable que según la ley pasarían a ser parte del capital de los inversionistas extranjeros, expropiando y desposeyendo a las comunidades locales en el nombre del desarrollo, del empleo y del crecimiento económico.

En el 2011, se firma el decreto 04-2011 para reformar los artículos 304 y 329 de la Constitución Política y dar espacio así a la creación de las ciudades modelo. En el 2012, luego de recursos de inconstitucionalidad interpuestos por varias organizaciones (entre ellos Ofraneh y Asociación de Juristas por el Estado de Derecho) la Corte Suprema de Justicia resolvió que la Ley que creaba estas ciudades modelo era inconstitucional ya que se violentaba la soberanía, las formas de gobierno y el territorio.

En enero del 2013 revive el proyecto, reformando el artículo 294 de la Constitución de la República y se conoce a la Ley con otro nombre pasando a llamarse Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), para algunos abogados como Fredín Fúnez, el nombre es el único cambio, las violaciones a la soberanía, al territorio y a las formas de gobierno se mantienen.

Ese mismo año, tras un desequilibrio de poder en el Congreso se aprobó la Ley orgánica de las ZEDE con 102 votos a favor y 26 en contra dando así viabilidad. Cada ciudad está planeada para ocupar un total de 100.000 ha que pueden ser utilizadas para crear centros financieros, ciudades autónomas, cortes nacionales e internacionales, distritos energéticos renovables, zonas agroindustriales, zonas turísticas especiales, zonas mineras, zonas forestales.

De las tres ciudades modelo a construir, una de ellas está valorada en 125 millones de dólares y estará bajo el mando de un grupo de empresarios estadounidenses llamados MKG group, parte de Grupo de Desarrollos Especiales LLC registrada en Nevada, Estados Unidos, está ubicada entre la Bahía de Trujillo y el río Sico en donde también se ubican 24 comunidades Garífunas.

La oposición ha estado dirigida principalmente por la Organización Fraternal Negra Hondureña quienes han interpuesto denuncias ante las instancias hondureñas y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han procedido a ocupar tierras, recolecta de firmas y manifestaciones ante el Congreso.

FOTO —–ZEDES CAH—-

La nueva Junta Directiva del CAH se “estrenó” con un importante pronunciamiento en base a Derecho, en torno a la venta de territorio a extranjeros, proyecto denominado ZEDES.