Congreso de EE.UU solicita tomar acciones en Honduras en respuesta a los asesinatos de defensores del medioambiente

Por: Redacción CRITERIO

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En dos cartas caracterizadas por un tono ciertamente enérgico enviadas al Secretario de Estado entrante Rex Tillerson, casi 80 legisladores de Estados Unidos hoy expresaron su seria preocupación por los riesgos a los que se enfrentan los activistas que defienden sus tierras y el medio ambiente en Honduras.

Un informe reciente de Global Witness expuso cómo más de 120 personas defensoras de la tierra y el medioambiente han sido asesinadas desde 2010. Esta son gente ordinaria quienes alzaron la voz en contra de abusivas represas, minas, tala de árboles o agricultura de gran escala en su tierra – asesinados por fuerzas estatales, guardias de seguridad o sicarios. Muchos más han sido amenazados, atacados o encarcelados.

Estados Unidos es implicado. En el 2016, ese país proporcionó USD $98.3 millones en apoyo bilateral a Honduras, además de millones más a través de acuerdos multilaterales. Un pedazo grande de estos dólares están financiando la policía o el ejército, que están detrás de muchos de os ataques. No obstante Tillerson se reunió hace dos semanas con el Presidente Hondureño en Washington, para planear colaboración futura.

Pero ahora legisladores del Senado y la Cámara de Representantes han instado a la administración de Trump a que tome medidas más firmes para apoyar a los activistas y evitar que se invierta en industrias abusivas. Solicitan que se suspenda la ayuda que Estados Unidos ofrece a Honduras en el caso de que una inspección más estricta de su historial de derechos humanos demuestre que el país no está cumpliendo con las condiciones de la ayuda.

Las cartas son importantes por cuatro razones principales.

En primer lugar, cartas simultáneas bicamerales sobre los asuntos exteriores es sumamente  raro en el Congreso. Con legisladores de ambas cámaras proponiendo una agenda clara y detallada sobre Honduras apenas unas semanas después de la confirmación de Tillerson, es claro que él se enfrentará a un escrutinio reñido y coordinado por lo que respecta el papel de EE.UU. en los derechos humanos en América Latina, el continente más mortífero por el activismo ambiental.

En segundo lugar, el hecho de que 78 políticos estadounidenses se tomaran el tiempo para hablar de esto en un momento en que – seamos honestos – hay un gran ajetreo en Washington – envía un mensaje de solidaridad especialmente marcado hacia los activistas en la línea del frente en Honduras. El mensaje entre líneas es tranquilizador: no nos vamos a olvidar de ustedes solo porque tengamos una situación de locos por aquí.

En tercer lugar, lo entienden. Las cartas no solo expresan preocupación por los asesinatos, sino que suponen un llamado para abordar las causas fundamentales que hemos documentado en nuestro informe: la corrupción generalizada permitiendo que las élites de los negocios y de la política impongan minas, hidroeléctricas y otras industrias en comunidades rurales, mientras que la impunidad significa que la disconformidad se puede silenciar con violencia sin sufrir consecuencias.

Por último, pero quizás lo más importante, los legisladores han empleado las cartas para poner de manifiesto la amplitud de las intervenciones de Estados Unidos que afectan a los derechos humanos de Honduras, y a la seguridad de quienes los defienden.

La atención se centra en la ayuda estadounidense, donde legisladores cuestionan cómo el Departamento de Estado llegó a certificar que Honduras (el lugar más peligroso de la Tierra para defender la tierra y los derechos ambientales) había cumplido con condiciones que exigen que grupos no-gubernamentales puedan «funcionar sin interferencias». Las cartas piden el establecimiento de criterios eficaces para medir el cumplimiento, reiterando que la ayuda debe cesar en el caso de que eso no pueda verificarse. Además, hacen hincapié en lo complejo que es hacerse una idea de cómo funciona la asistencia estadounidense y solicitan una mayor transparencia.

Las cartas van más allá aún. Al reconocer que los proyectos abusivos dejarán de existir sin inversión, ellas solicitan al Departamento de Estado que trabaje con la el Departamento del Tesoro para oponerse al financiamiento de las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, en las industrias relacionadas con violaciones de los derechos humanos.

Piden que se ejerza una mayor presión sobre el gobierno hondureño para erradicar la corrupción, garantizar el derecho indígena al consentimiento libre, previo e informado, y poner fin a la impunidad. Por último, solicitan a los Estados Unidos que adopten un rol más participativo y firme en su apoyo a los activistas locales.

Piden mayor presión sobre el gobierno hondureño para que se garanticen los derechos indígenas. Solicitan a los Estados Unidos que sean más vocal en su apoyo a los activistas locales.

Pero ¿por qué deberíamos esperar que la nueva administración actúe? Bueno, quizás la razón más evidente para el Presidente Donald Trump es que está estrechamente ligado a una de sus prioridades: la migración.

Miles de hondureños están huyendo a Estados Unidos por las condiciones en las que viven en su país, en que la corrupción que hemos documentado significa que los recursos del país siguen en manos de unas pocas élites. Son precisamente los líderes comunitarios quienes combaten la corrupción y proponen un desarrollo universalmente beneficioso que están siendo asesinados. Si Trump realmente quiere reducir la inmigración, debe hacer frente a sus causas fundamentales, y eso significa ponerle remedio a lo que indican las cartas.

La solicitud del Congreso llega en el momento oportuno: justo un año después del asesinato de la galardonada activista medioambiental Berta Cáceres y en el momento en el que las condiciones para la defensa de los derechos humanos en Honduras están empeorando. El gobierno no ha contrarrestado una orquestada campaña online contra Global Witness y otras ONG, mientras que la empresa hidroeléctrica DESA ha presentado una demanda civil contra la defensora local Suyapa Martínez por sugerir que estaban vinculados con la muerte de Berta.

Pero los niveles actuales de escrutinio son sin precedente. Estas cartas llegan justo después de la reintroducción de legislación para exigir la suspensión inmediata de la ayuda en temas de seguridad de EE.UU. a Honduras. Juntos, recuerdan al gobierno hondureño que ése tendrá que hacer mucho mejor, y proteger a sus defensores y defensoras, si quiere seguir contando con el apoyo estadounidense.