La sustitución del fiscal general Johel Zelaya y la renuncia a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia por parte de la magistrada Rebeca Ráquel Obando, reactivan alertas sobre concentración de poder, en medio del silencio, o respaldo, de sectores que antes denunciaban estas prácticas.
Tegucigalpa. – Bajo el argumento de resguardar el orden constitucional y hacer prevalecer la justicia, el oficialismo en el Congreso Nacional de Honduras desencadenó en 72 horas una crisis democrática al concentrar poder mediante la sustitución del fiscal general, Johel Zelaya, y la presión que derivó en la renuncia de la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando.
La vía fue el juicio político. Curiosamente, varios de los diputados del Partido Nacional –Tomás Zambrano, Mario Pérez y Antonio Rivera Callejas– que hoy lo impulsan también participaron, bajo el liderazgo del entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, en la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012.
Estos habían declarado inconstitucionales normas como la “Ley del 1%”, la Ley Marco de las Iglesias Evangélicas, la Ley de Depuración Policial y la Ley Orgánica de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), antecedente de las ZEDE, lo que molestó al Poder Ejecutivo en ese entonces dirigido por Porfirio “Pepe” Lobo Sosa.
Desde el oficialismo, el presidente del Congreso Nacional y diputado del Partido Nacional por el departamento de Valle, Tomás Zambrano defiende la actuación de su congreso al afirmar que el juicio político contra el fiscal general se realizó conforme a la Constitución y a la ley que lo regula, respetando –según afirmó– el debido proceso, el derecho a la defensa y las garantías legales, tras una votación que alcanzó más de 90 votos en el pleno.
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CUESTIONAMIENTOS JURÍDICOS AL JUICIO POLÍTICO
Sin embargo, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su fallo del Caso Gutiérrez Navas vs. Honduras, advirtió que los mecanismos de destitución deben contar con causales claras, procedimientos previamente establecidos y garantías de debido proceso, ya que su ausencia permite decisiones arbitrarias del poder político y vulnera la independencia judicial, criterios que han sido utilizados para cuestionar la Ley Especial de Juicio Político.
En esa línea, el abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía advirtió que la activación del juicio político por parte del Congreso Nacional, sin adecuarlo a los estándares fijados por la Corte IDH, podría derivar en una nueva condena internacional contra el Estado. Asimismo, cuestionó la imparcialidad del proceso al señalar que actores políticos adelantaron su resultado antes de analizar pruebas o escuchar a la defensa, lo que evidenciaría un uso partidista del mecanismo.
Por su parte, la abogada constitucionalista Georgina Sierra sostuvo que el juicio político, tal como está concebido en Honduras, es incompatible con la Constitución, al considerar que vulnera el principio de legalidad, la seguridad jurídica y la separación de poderes. A su juicio, esta figura permite que el Congreso asuma funciones que corresponden a otros órganos del Estado y compromete garantías como el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de juez natural.
En tanto, el exfiscal general Edmundo Orellana señaló fallas en la aplicación del procedimiento, al indicar que no se respetaron etapas previstas en la ley, como la deliberación del pleno, ni se evitó la participación de diputados con intereses directo en el caso, pese a estar impedidos. A su juicio, estas irregularidades podrían abrir la puerta a una eventual demanda internacional.
CUESTIONAMIENTOS DESDE LA SOCIEDAD CIVIL
Para el caso, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cuestionó el respaldo de la diputada Luz Ernestina Mejía a Juan Carlos Alfaro Nieto, exfuncionario de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) vincula a este último con acciones de seguimiento contra la lideresa lenca Berta Cáceres y miembros del Copinh en el contexto del Proyecto Agua Zarca.
A estas críticas se sumó, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) que calificó lo ocurrido en el Congreso como una “simulación de juicio político” y advirtieron que responde a una lógica de persecución política y concentración de poder en un contexto de debilitamiento institucional.
En esa línea, el presidente del Poder Legislativo fue uno de los diputados señalados en el caso Fe de Erratas presentado en 2018 por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), por trastocar leyes aprobadas en el Congreso Nacional durante el periodo 2018-2022.
Zambrano junto a Antonio Rivera Callejas y Mario Pérez votaron a favor de iniciativas como las ZEDE, la eliminación de la MACCIH y la habilitación de la reelección presidencial que permitió un segundo mandato del ahora narco presidente indultado, Juan Orlando Hernández.
Desde Tocoa, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, organización que coordinó Juan López hasta su asesinato el 14 de septiembre de 2024, advirtió que el juicio político se enmarca en una pugna por el control institucional y rechazó que la demanda de justicia por el crimen del defensor ambiental sea utilizada como argumento para legitimar decisiones políticas.
El señalamiento surge luego de que, durante el juicio político contra Zelaya, se mencionó el caso derivado de las denuncias realizadas por López, que vinculaban al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez. La referencia se produjo a partir de los testimonios del fiscal auxiliar Fabricio Perdomo y la fiscal Claudia López.
Fúnez es una figura divisiva al interior del Partido Libertad y Refundación (Libre), donde incluso se recomendó su inhabilitación por parte del Tribunal de Honor. No obstante, mantiene control político en Colón pese a la acumulación de señalamientos en su contra. Entre ellos, la circulación de un video en el que se le observa participando, junto a Carlos Zelaya –hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la expresidenta Xiomara Castro–, en una reunión con reconocidos personajes ligados al narcotráfico.
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La organización sostuvo que su exigencia de justicia trasciende gobiernos y denunció persecución y criminalización durante la “narcodictadura” del nacionalista Juan Orlando Hernández. Asimismo, señaló la continuidad de la impunidad durante la administración de Xiomara Castro, con denuncias de corrupción “engavetadas” que, según afirmaron, han favorecido a intereses políticos y empresariales y son utilizadas con fines de control del Ministerio Público.
En esa línea, el abogado constitucionalista Joaquín Mejía también cuestionó vía redes sociales el silencio de sectores mediáticos, analistas y organizaciones civiles frente al proceso, al señalar que la defensa de la democracia suele activarse de forma selectiva, dependiendo de quién ostente el poder.
Añadió que esta falta de consistencia se evidenciaría al comparar reacciones actuales con las que se habrían producido ante decisiones similares en administraciones anteriores, lo que, a su juicio, refleja un doble rasero en la denuncia de posibles retrocesos democráticos.
Así, más allá de su justificación formal, el juicio político vuelve a colocar en el centro del debate la independencia de poderes en Honduras y el riesgo de que decisiones políticas se impongan sobre garantías constitucionales, en un contexto de creciente debilidad institucional.
En ese escenario, más allá de quiénes o qué partido político ocupen hoy los cargos, y de los cuestionamientos que también pesan sobre ellos, como ocurrió en 2012, el respeto al debido proceso no debería ser una concesión política, sino una garantía no negociable.
