El presidente del Legislativo propone modificar la Constitución para suprimir la Comisión Permanente, contemplada en el artículo 207, argumentando que ha sido utilizada de forma abusiva en administraciones recientes.
Uno de los puntos más controvertidos es la facultad de designar funcionarios interinos, utilizada en noviembre de 2023 para nombrar a Johel Zelaya como fiscal general y Mario Morazán adjunto, por medio de la Comisión Permanente.
Tegucigalpa, Honduras. –El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció una serie de reformas orientadas a modificar tanto la Ley Orgánica del Poder Legislativo como la Constitución de la República, entre las que destaca la eliminación definitiva de la Comisión Permanente, una figura actualmente establecida en el artículo 207 constitucional.
Durante la sesión del martes 7 de abril de 2026, se presentó la propuesta, que implica una reforma constitucional, ya que la Comisión Permanente está contemplada explícitamente en la Constitución. El artículo 207 establece que, previo al cierre de sesiones, la directiva del Congreso designa a nueve diputados propietarios y sus respectivos suplentes para integrar esta comisión durante el receso legislativo.
Asimismo, el artículo 208 detalla al menos 15 atribuciones de la Comisión Permanente, entre ellas: la emisión de su reglamento interno, la recepción de denuncias por violaciones a la Constitución, la custodia del archivo del Congreso Nacional y la publicación de decretos y resoluciones aprobados en legislaturas anteriores.
Una de las facultades que más controversial, y que ha sido la causante de debates durante la administración del expresidente del Poder Legislativo Luis Redondo, es la contenida en el numeral 11 de dicho artículo, que permite a la Comisión Permanente designar interinamente a funcionarios cuya elección corresponde al pleno del Congreso, en caso de falta absoluta.
Esta disposición fue invocada por la Comisión Permanente –presidida por Luis Redondo— para el nombramiento de Johel Zelaya Álvarez como fiscal general interino y de Mario Morazán como fiscal adjunto, decisión que fue cuestionada por sectores de oposición al considerar que esa atribución corresponde a los 128 diputados.
Sin embargo, durante una sesión del pleno en febrero de 2024, se ratificó a Zelaya Álvarez como fiscal general y a Marcio Cabañas Cadillo como fiscal adjunto, con el voto favorable de 110 diputados.
En su intervención, Zambrano justificó la iniciativa al señalar que la Comisión Permanente ha sido utilizada de “forma ilegal y abusiva”, por lo que su eliminación busca evitar que futuras directivas del Congreso puedan, según sus palabras, “usurpar funciones del pleno legislativo”.
Asimismo, el titular del Poder Legislativo afirmó que la medida pretende sentar un precedente institucional a largo plazo, es decir, que está no pueda ser “revivida” en otras administraciones del Congreso Nacional.
La reforma también contempla modificar el esquema de sesiones del Congreso Nacional. Según lo planteado, se eliminarían los recesos legislativos establecidos actualmente en la ley —uno en mayo y otro entre noviembre y enero— para habilitar sesiones durante los 365 días del año, dejando a la Junta Directiva la facultad de definir periodos de descanso.
Desde la oposición, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, consideró que la eliminación de la Comisión Permanente puede ser objeto de discusión debido a la correlación de fuerzas en el Congreso, pero advirtió sobre otros riesgos, como la posibilidad de impulsar juicios políticos contra diputados, lo que calificó como una eventual herramienta de persecución política.
Durante una entrevista brindada a medios de comunicación el legislador manifestó que, si bien los funcionarios públicos deben estar sujetos a investigación y rendición de cuentas, las acciones de la Comisión Permanente “se enmarcaron en la Constitución vigente”.
En ese sentido, insistió en que cualquier cambio debe respetar el orden y los procesos para reformas constitucionales y evitar el uso político de los mecanismos de control.
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Por su parte, el abogado constitucionalista Rodil Rivera Rodil cuestionó la premura con la que se impulsa la reforma, argumentando que la eliminación de una figura jurídica no necesariamente es la solución ante un eventual uso indebido.
El jurista dijo a Criterio.hn que, incluso si se comprobara que la Comisión Permanente fue utilizada de forma incorrecta, “ello requeriría un análisis más profundo antes de optar por su eliminación”.
No obstante, puso en duda la efectividad de eliminar la Comisión Permanente si no se garantiza un funcionamiento continuo del Congreso Nacional. Advirtió que, históricamente, los diputados han mantenido periodos de inactividad, por lo que la ausencia de esta figura podría generar vacíos institucionales si no se cumple con el compromiso de sesionar durante todo el año.
De igual manera, cuestionó que las reformas no aborden de fondo aspectos estructurales de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, particularmente las amplias facultades que ostenta el presidente del Congreso Nacional, que han sido ampliamente cuestionadas por fomentar prácticas autoritarias.
En cuanto al procedimiento, el jurisconsulto recordó que la eliminación de la Comisión Permanente requiere una reforma constitucional que debe ser aprobada en dos legislaturas consecutivas, por lo que, de prosperar la iniciativa, su entrada en vigencia se concretaría hasta la siguiente legislatura.
