La aeronave fue comprada en 2014 con fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, bajo un régimen de confidencialidad y con presuntas irregularidades que durante años impidieron su venta.
El decreto fue aprobado por unanimidad en la primera legislatura del período 2026-2030, retomando una promesa de campaña que la administración anterior dejó pendiente.
Tegucigalpa, Honduras. – Por unanimidad de votos el Congreso Nacional aprobó la venta del avión presidencial, adquirido durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, sentenciado a 45 de prisión por delitos relacionados al tráfico de drogas y posteriormente fue indultado por el mandatario estadounidense Donald Trump, cuyo proceso de compra y uso ha estado marcado por opacidad, presuntas irregularidades y señalamientos de corrupción.
El avión, con matrícula FAH-001, fue adquirido en 2014 a un costo superior a los 14 millones de dólares, utilizando fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), un impuesto creado en 2011 y administrado bajo un régimen de confidencialidad durante varios años.
Esta iniciativa fue presentada el pasado 25 de enero, durante la primera sesión del Congreso Nacional, por el diputado nacionalista Eder Mejía a petición del presidente Nasry Asfura, y aprobada durante la sesión del lunes 26 de enero de 2025.
Pero esta solicitud no es nueva para las y los hondureños, de hecho, fue una promesa de campaña que dejó pendiente la administración de la exmandataria Xiomara Castro Sarmiento.
Los argumentos de la administración saliente fue que el Embraer Legacy 600 no contaba con la documentación y que fue comprado con un sobrecosto. En septiembre de 2024, durante el proceso de investigación sobre los vuelos de la presidenta Castro, consultó al entonces titular de la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), Luis Alonso Sosa, sobre el destino del avión presidencial y en qué estado se encontraba.
El funcionario explicó que la aeronave fue enviada a Miami, Estados Unidos para una revisión de rutina, en la cual se realiza un avalúo para, posteriormente, regularizar su ingreso a Honduras e inscribirlo en la Dirección Nacional de Bienes del Estado, y posteriormente se realizaría la subasta pública (nacional e internacional).
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IRREGULARIDADES EN COMPRA DE AVIÓN PRESIDENCIAL, OBSTACULIZARON SU VENTA
No obstante, el proceso se estancó debido a irregularidades detectadas en el expediente de compra, las cuales —según el exfuncionario— impiden establecer una base legal sólida para su venta o subasta a compradores nacionales o internacionales.
“Yo me negué a incorporarlo porque estaría cometiendo un delito”, afirmó Sosa Salgado en declaraciones brindadas a un noticiero capitalino, al referirse a su decisión de no inscribir el avión en la DNBE.
El exfuncionario detalló que la supuesta factura de compra por 14 millones de dólares carece de requisitos legales básicos, al estar emitida en una hoja sin membrete oficial ni validación formal.
Además, señaló que el expediente contiene una firma atribuida a un ciudadano brasileño, Paolo Esteban Tulio, sin respaldo jurídico que acredite su participación en la transacción.
“Por los defectos que el gobierno del Partido Nacional ocasionó al adquirir esa propiedad con documentos falsos, con documentos irregulares y precios alterados, no se puede inscribir como un bien del Estado”, sostuvo el exfuncionario.
De igual manera, cuestionó la viabilidad de una subasta pública o venta directa, al advertir que ningún comprador serio estaría dispuesto a adquirir una aeronave sin documentación completa.
De acuerdo con su testimonio, además del pago inicial, el Estado invirtió entre cuatro y cinco millones de dólares adicionales en reparaciones y adecuaciones.
“Ese avión presidencial no pasa de los cinco millones de dólares por las condiciones en las que se encuentra”, aseguró, tras relatar que inspeccionó personalmente la aeronave en un hangar de la Fuerza Aérea de Honduras (FAH).
A los costos de adquisición y reparación se suman los gastos de mantenimiento, que —según Sosa— podrían oscilar entre tres y cuatro millones de dólares por cada proceso de inspección mayor en Estados Unidos.
En ese contexto, el avión se ha convertido en una carga económica para el Estado, sin haber sido utilizado por la administración de Xiomara Castro, pese a existir una orden expresa de venderlo.
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AVIÓN PRESIDENCIAL, IRREGULARIDADES Y MILLONES PERDIDOS: EL LEGADO INCÓMODO DE JOH
En 2022, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) publicó un informe en el que denunció que la administración de Hernández Alvarado desembolsó más de 1,070 millones de lempiras —equivalentes a 26.5 millones de dólares— provenientes de la Tasa de Seguridad Poblacional para la compra, uso y mantenimiento del avión presidencial.
De acuerdo con el CNA, la aeronave fue utilizada para viajes de lujo a destinos como Estados Unidos, Japón, España y Argentina, mientras el país enfrentaba serias carencias en áreas como salud, educación e infraestructura.
El informe también reveló que, pese a que el avión fue pagado el 31 de diciembre de 2014, se creó una cuenta denominada de “gastos anticipados”, la cual permaneció activa hasta el 30 de diciembre de 2021, lo que levantó sospechas sobre el manejo posterior de los fondos.
La compra del Embraer Legacy 600 fue aprobada el 6 de octubre de 2014 mediante una resolución del CNDS, bajo la modalidad de contratación directa y con recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional, un impuesto aprobado en 2011 cuando el Congreso Nacional era presidido por el propio Juan Orlando Hernández. La información de la transacción fue clasificada como secreta.
Cinco días antes de concretarse la compra, el Poder Legislativo reformó el artículo 84 de la Ley de Contratación del Estado, que hasta entonces prohibía la adquisición de bienes usados, una modificación que permitió legalizar la operación.
En mayo de 2024, el Ministerio Público informó que se la compra del avión presidencial está siendo investigada. En el comunicado, la fiscalía indicó que el Embraer Legacy 600 fue adquirido en 2014 a un costo de 14 millones de dólares a la empresa Embraer Brasil, subsidiaria de la compañía irlandesa ECC Leasing Company Limited, durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado.
La compra de la aeronave se realizó con fondos públicos en un contexto marcado por la opacidad y la reserva de información, lo que posteriormente generó cuestionamientos sobre la legalidad del proceso y el uso de los recursos destinados a seguridad ciudadana.
Inicialmente, el gobierno de Hernández Alvarado sostuvo que el avión había sido donado por el gobierno de China (Taiwán), versión que fue difundida oficialmente y mantenida durante varios años.
Como parte de la investigación la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) decomisaron información en la Fuerza Aérea de Honduras (FAH) y anunciaron la apertura de una línea de investigación sobre la adquisición del avión presidencial.
“El objetivo de los fiscales es obtener documentos soportes del proceso de adquisición del aeroplano, gestión que se consumó con fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, luego de la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa del Estado en el año 2014”, informó el Ministerio Público en un comunicado oficial.
Hasta el momento, la Uferco y la ATIC no han brindado mayores detalles sobre el avance de la investigación, mientras el caso continúa siendo uno de los símbolos más emblemáticos de la opacidad y el presunto uso indebido de fondos públicos durante la administración de Juan Orlando Hernández.
