Tegucigalpa.- Contrario a diversos sectores de sociedad civil, Los diputados del Congreso Nacional que aprobaron la Ley de Amnistía para la Liberación de Presos y Perseguidos Políticos afirman que no se trata de un pacto de impunidad, por el contrario, catalogan la normativa como un acto de justicia tras el crimen del golpe de Estado.
El pasado 3 de febrero, el Congreso Nacional que preside el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, aprobó la polémica ley de amnistía que beneficiaría a los exfuncionarios, autoridades, empleados del gobierno del expresidente hondureño José Manuel Zelaya Rosales defenestrado en junio de 2009 tras un golpe de Estado.
Además, la normativa contempla que todas aquellas personas que fueron víctimas de persecución, aprensión y condenas en el marco y posterior al golpe de Estado serían amparados y beneficiados bajo la ley siempre y cuando se logre determinar que es una situación política.
“El decreto de ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan no es un pacto de impunidad ya que el propósito es condenar el golpe de Estado y reparar, resarcir, o restituir a las víctimas, en lo posible, su libertad, su estado de inocencia, su integridad corporal, su dignidad, su honor y el de sus familias…”.
“Tiene como objetivo principal contribuir a que se haga justicia para que estos hechos vergonzosos y deplorables para una nación, ocurridos el 28 de junio de 2009 que constituyeron un golpe de Estado, no se repitan nunca más”, detalla un comunicado de Redondo.
Noticia relacionada Congreso Nacional que preside Luis Redondo aprueba pacto de impunidad disfrazado de “amnistía”
Misma valoración tiene la abogada y diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, quien explicó que la amnistía beneficiará a las víctimas seleccionando y aprobando cada caso en particular mas no a los que fueron condenados mediante una sentencia.
Espinoza detalló que la amnistía es una figura jurídica que traerá reconciliación y paz social después de acciones de un gobierno opresor contra miembros de la oposición que fueron perseguidos incluso por defender sus comunidades como en el caso de los defensores del ambiente de la comunidad de Guapinol, en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, criminalizados y apresados por el régimen del exgobernante Juan Orlando Hernández.
Asimismo, explicó que la amnistía solo procederá contra delitos políticos y conexos examinando el contexto conforme a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y el acuerdo de Cartagena firmado entre Zelaya Rosales y el expresidente Porfirio Lobo Sosa, en 2011.
“Jamás la amnistía puede otorgarse a favor de quienes ya fueron condenados mediante una sentencia firma, En estos casos, lo que procede es el indulto emitido por el presidente de la república. En todo decreto de amnistía debe establecerse un procedimiento para la selección de los casos concretos para su debida calificación”, manifestó.
Cabe indicar que la Constitución de Honduras en su artículo 245 otorga la facultad al presidente o presidenta de la nación poder indultar e inmutar las penas conforme a la ley.
De igual manera, se nombró a la Secretaría de Derechos Humanos y al Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) como organismos que deberán evaluar caso por caso para otorgar la amnistía política.
Noticia relacionada Rechazo total a “pacto de impunidad” disfrazado de supuesta “amnistía” aprobado por Congreso
UN INSTRUMENTO DE JUSTICIA
El Cofadeh, organismo defensor de derechos humanos fundado en 1982, se pronunció sobre los señalamientos de un posible pacto de impunidad al blindarse en la ley delitos como lavado de activos, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, terrorismo, sedición, entre otro rosario de infracciones que contempla la amnistía.
Para el ente, la ley es un “instrumento de justicia” que surge como una propuesta de sociedad en favor de las víctimas del golpe de Estado, siendo perseguidos por los propios órganos judiciales y de investigación creando procesos en contra y permitiendo la imposición de un gobierno de facto.
“Es importante hacer del conocimiento de toda la sociedad que la Ley de Amnistía otorga al Cofadeh la alta responsabilidad de ejercer el control desde la sociedad civil para calificar cuáles serán los casos en los que se aplicará la amnistía”, detallaron las autoridades.
También, es importante indicar que se extenderá una constancia del Cofadeh y la Secretaría de Derechos Humanos que contendrá la relación de los hechos y una justificación clara, amplia y suficiente, a la víctima que sería favorecida con la amnistía.
