El Congreso Nacional tiene hasta el 31 de agosto para elegir al séptimo fiscal general del Ministerio Público y hasta el momento no han iniciado debates para llevar el proceso de elección
Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional tiene menos de un mes para llevar a cabo la elección de segundo grado para escoger, de la nómina de cinco abogados entregada por la extinta Junta Proponente, al próximo fiscal general y adjunto del Ministerio Público (MP) que deberían asumir los cargos a partir del 1 de septiembre de 2023.
Las tres bancadas mayoritarias en el Congreso Nacional (Libertad y Refundación, Liberal y Nacional) tienen hasta el 31 de agosto del corriente año, es decir, un poco más de 20 días para lograr llegar a consensos, pero, hasta el momento, no han tocado el tema para escoger a las próximas figuras de la fiscalía que estarán hasta septiembre de 2028.
Aunque en sesiones no se ha hablado de la elección, los diputados integrantes de las bancadas mayoritarias han externado, por ejemplo, que escogerán a las próximas autoridades de la fiscalía respetando la nómina final entregada por los proponentes, en cambio, otros manifiestan que las cúpulas de los partidos están acordando no hacer el proceso de elección en el tiempo que establece la ley para, de esa forma, cumplir con lo que se pactó al momento de escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El diputado por el Partido Nacional Jorge Zelaya, quien asegura que algunas de las decisiones de su casa política no lo representan, denunció que el proceso de elección no se llevará en el tiempo que establece el reglamento porque las cúpulas de los partidos políticos acordaron escoger a un fiscal general fuera de la nómina que mandó la Junta Proponente.
Lo anterior, según Zelaya que se desempeñó como periodista y ahora está lanzando una candidatura presidencial, para tener unas próximas figuras en la fiscalía que continúen manteniendo la hegemonía de impunidad y corrupción que ha protegido a la clase política y económica por más de una década.
“Para la elección del fiscal general y fiscal adjunto las cúpulas de los partidos se están poniendo de acuerdo para que el proceso no se haga ahora porque no les parece ninguno de los abogados que están en la nómina (…) están intentando hacer lo que hicieron con la Corte”, denunció el congresista en medios de comunicación.
Agregó que “ya verán ustedes como todos estos días (resto del mes) se darán circunstancias en el Congreso Nacional, no llegarán a consensos para que el actual fiscal (Óscar Fernando Chinchilla) continúe en funciones y así les dé tiempo de escoger a unas autoridades a la medida como ellos quieren”.
Zelaya, aunque no lo aseguró, se refirió al famoso acuerdo tripartito que se pactó desde la elección de los magistrados de la CSJ, bajo el objetivo de repartir cuotas de poder a abogados que respondieran a intereses de los tres partidos políticos y los mismo buscan hacer en el andamiaje de la fiscalía.
Por ejemplo, ese acuerdo busca crear un segundo fiscal adjunto (con la actual normativa sólo hay uno) y que el cargo director de fiscales entre también en un proceso de elección para que los tres partidos políticos, que integran el acuerdo tripartitito, queden con una cuota de poder en el ente investigativo.
Para que este plan se materializa entraría en juego la carta que denunció el diputado Zelaya, pues se tendría que reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público para crear esas nuevas figuras y ratificarla la modificación en la siguiente legislatura, es decir, hasta 2024.
“Buscan que en la fiscalía quede uno de Libre; un liberal y un nacionalista y eso pasará, por eso lo estoy denunciando y hay que abrirle los ojos al pueblo hondureño, aunque me traiga problemas en mi partido”, precisó.
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Sin pacto
En cambio, el diputado de Libre, Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional, sostuvo que, en efecto, en la anterior legislatura, se fraguó pacto tripartito entre las bancadas mayoritarias del Congreso Nacional, pero por algunos impases que surgieron y atrasaron la agenda legislativa, no se logró materializar el plan que se tenía con el Ministerio Público.
“Sí, se habló de eso en la anterior legislatura, pero no se alcanzó, ahora queda tomar las decisiones y quiero dejar algo claro, Libre no será un obstáculo para elegir a las autoridades de la fiscalía que ojalá pueda ser antes del uno de septiembre porque será difícil llegar a consensos”, detalló.
Además, aseguró que los 50 votos que alcanza el oficialismo están listos para escoger a las próximas autoridades del Ministerio Público que estén dentro de la nómina que mandó la Junta Proponente el pasado primero de agosto.
“Libre no se saldrá de la lista de cinco, lo tenemos claro. Estando esa nómina en el Congreso claro que nos vamos a reunir (entre las bancadas) para lograr llegar a consensos porque es la única manera de hacerlo. Libre está listo para comenzar una vez se definan los procedimientos y ojalá sea antes de la fecha prevista”, mencionó el congresista.
“Hasta hoy no tuvimos reuniones ni con las cúpulas de los partidos y no hemos incidido en las decisiones. Se especuló tanto que íbamos a imponer a Mario Urquía (postulantes inhabilitado) que es actual y orgulloso militante de Libre y no pasó. Los 50 diputados de Libre estamos listos”, añadió.
La Junta Proponente entregó la nómina el pasado 1 de agosto, desde ese entonces, los congresistas sólo se han manifestado desde su propia, no en sesiones legislativas, algo que podría perjudicar el proceso porque tienen hasta el 31 de agosto para escoger a las autoridades de la fiscalía en una elección de segundo grado con mayoría calificada, es decir, 86 votos.
La nómina está integrada por: Jenny Gabriela Almendares como la abogada mejor calificada con un 95.55% de 100, le sigue Mario Alexis Morazán con un 87.98%, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Álvarez y Pablo Emilio Reyes.
Desde varios sectores de sociedad civil, incluso desde el mismo Congreso, especulan que otra de las jugadas de la clase política sería escoger a un abogado que esté fuera de nómina, es decir, repetir la historia de 2018, año que eligieron al actual fiscal general de manera arbitraria e ilegal, seleccionándolo cuando no participó ni en el proceso de elección que realizó la Junta Proponente de aquél entonces.
En consecuencia, Óscar Fernando Chinchilla, conocido anteriormente como “fiscal cinco estrellas”, fue recriminado por la sociedad primero por ser pieza clave para ese tipo de componendas y, en segundo lugar, por mantener una hegemonía de corrupción e impunidad en el ente investigador.
