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Congresistas republicanos se oponen a apertura de embajada en Cuba

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Parlamentarios de EEUU no quieren relaciones diplomáticas con Cuba. (Foto: web).

Por: Agencias

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Miami. Las disposiciones son un intento de socavar el recién estrenado aperturismo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para normalizar las relaciones con la isla, después de que, tras sacar al país de la lista de países patrocinadores del terrorismo, se haya allanado el camino para la apertura de sedes diplomáticas”.

Los republicanos de la Cámara de Representantes de EEUU, presentaron un proyecto de ley de financiación del Departamento de Estado para el año fiscal 2016 con una disposición que bloquearía la financiación para abrir una nueva embajada estadounidense en Cuba.

“El proyecto de ley incluye la prohibición de fondos para una embajada u otro centro diplomático en Cuba, más allá de lo que existía antes del anuncio de diciembre del presidente de cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba”, apunta el texto.

El legislador republicano por Florida Mario Díaz-Balart, de origen cubano, es uno de los promotores del texto y uno de los más firmes opositores al giro diplomático hacia el Gobierno de La Habana.

Además de esta disposición, Díaz-Balart ha apoyado otras medidas en otros textos vinculados al gasto para limitar los viajes desde EE UU a Cuba y las exportaciones a la isla.

Por otra parte, el documento solicita que el secretario de Estado se niegue a expedir visados a Estados Unidos para miembros del Partido Comunista y militares cubanos.

La medida también restringiría fondos para facilitar la apertura de una embajada de Cuba en Estados Unidos, pero aportaría financiación a temas de inclusión democrática y programas de radiodifusión internacional.

Algunos miembros del Congreso, encabezados principalmente por los legisladores cubanoestadounidenses del Partido Republicano, se oponen a la decisión de Obama sobre la normalización de las relaciones.

Esos detractores consideran que, para ello, el Gobierno de Cuba debe incrementar la mejora de la situación de los derechos humanos en la isla, así como extraditar a los fugitivos de la Justicia estadounidense que puedan residir aun en suelo cubano.

Los republicanos de la Cámara de Representantes de EE UU, presentaron un proyecto de ley de financiación del Departamento de Estado para el año fiscal 2016 con una disposición que bloquearía la financiación para abrir una nueva embajada estadounidense en Cuba.

Las disposiciones son un intento de socavar el recién estrenado aperturismo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para normalizar las relaciones con la isla, después de que, tras sacar al país de la lista de países patrocinadores del terrorismo, se haya allanado el camino para la apertura de sedes diplomáticas.

“El proyecto de ley incluye la prohibición de fondos para una embajada u otro centro diplomático en Cuba, más allá de lo que existía antes del anuncio de diciembre del presidente de cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba”, apunta el texto.

El legislador republicano por Florida Mario Díaz-Balart, de origen cubano, es uno de los promotores del texto y uno de los más firmes opositores al giro diplomático hacia el Gobierno de La Habana.

Además de esta disposición, Díaz-Balart ha apoyado otras medidas en otros textos vinculados al gasto para limitar los viajes desde EEUU a Cuba y las exportaciones a la isla.

Por otra parte, el documento solicita que el secretario de Estado se niegue a expedir visados a Estados Unidos para miembros del Partido Comunista y militares cubanos.

La medida también restringiría fondos para facilitar la apertura de una embajada de Cuba en Estados Unidos, pero aportaría financiación a temas de inclusión democrática y programas de radiodifusión internacional.

Algunos miembros del Congreso, encabezados principalmente por los legisladores cubano-estadounidenses del Partido Republicano, se oponen a la decisión de Obama sobre la normalización de las relaciones.

Esos detractores consideran que, para ello, el Gobierno de Cuba debe incrementar la mejora de la situación de los derechos humanos en la isla, así como extraditar a los fugitivos de la Justicia estadounidense que puedan residir aun en suelo cubano.

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