La estrategia de confrontación y división promovida por funcionarios del gobierno no solo afecta la libertad de expresión, sino que también perpetúa un ambiente de tensión que dificulta el diálogo para el fortalecimiento de la democracia en el país
Tegucigalpa, Honduras. – En su Primer Informe sobre el Estado de la Democracia en Honduras, la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) y el Observatorio de la Democracia advirtieron sobre el deterioro de la gobernanza democrática en el país.
El informe destaca una creciente preocupación de las organizaciones de sociedad civil ante las fallas en el proceso electoral, el asedio al espacio cívico, el debilitamiento del Estado de derecho y la incapacidad del gobierno para atender las necesidades básicas de la población.
Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha señalado que la democracia en Honduras se encuentra «golpeada» y en un estado de debilitamiento del Estado de derecho.
En su análisis, Aguilar enfatiza que el modelo democrático ha sido mal utilizado por los políticos, lo que ha llevado a un desgaste significativo de las instituciones y a una creciente desconfianza en ellas.
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POLARIZACIÓN POLÍTICA UN OBSTÁCULO PARA LA DEMOCRACIA
La polarización política en Honduras representa un desafío significativo para la consolidación de la democracia, afectando la cohesión social y la capacidad de las instituciones para funcionar de manera efectiva.
De acuerdo con Melissa Elvir, directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), la polarización política en el país es una consecuencia directa de la falta de diálogo y soluciones efectivas entre los actores políticos.
En un entorno polarizado, las decisiones suelen verse influenciadas por intereses partidistas en lugar de responder a las necesidades de la población, lo que erosiona aún más la legitimidad del sistema democrático y genera un ciclo de descontento que puede llevar a crisis sociales y políticas.
Además, Elvir afirmó que las disputas internas entre diferentes sectores políticos dificultan el progreso hacia un Estado democrático efectivo. En este sentido, subrayó que las diferencias ideológicas deberían servir para construir agendas comunes que promuevan el desarrollo nacional, en lugar de generar divisiones.
La polarización política en Honduras se ha intensificado, creando un ambiente de desconfianza y división entre los diferentes sectores de la sociedad. De acuerdo con analistas, esta polarización se alimenta de discursos divisivos utilizados por los políticos –principalmente funcionarios del partido en el poder—, quienes, en lugar de buscar consensos, fomentan el enfrentamiento y la descalificación.
De acuerdo con el Observatorio de la Democracia entre los principales agresores en las redes sociales, ligados al poder están: Ricardo Salgado, ministro de Planificación Estratégica; Milton Benites, ministro Asesor en materia de comunicaciones; Roberto Quezada, Embajador Representante Permanente de Honduras ante la OEA; Gilberto Ríos, director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda (FOSOVI), Fabricio Sandoval, diputado del Congreso Nacional (Partido Libertad y Refundación – LIBRE), Enrique Reina, secretario de Relaciones Exteriores; Marlon Ochoa, Consejero Propietario del Consejo Nacional Electoral, Gerardo Torres, vicecanciller Política Exterior, José Carlos Cardona, ministro de Desarrollo Social; Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas; Omar Menjívar, Vicealcalde de San Pedro Sula y Manuel Zelaya Rosales, asesor presidencial y esposo de la presidenta Xiomara Castro.
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PROCESO ELECTORAL EN RIESGO
Ante el preocupante panorama que se observa en torno a la democracia en Honduras, la sociedad civil ha intensificado sus exigencias al gobierno para que tome medidas concretas y efectivas.
Estas exigencias incluyen la garantía de elecciones libres y justas, el financiamiento adecuado para las instituciones electorales y la implementación de políticas que frenen la represión y la violencia contra defensores de derechos humanos.
El informe señala que la transparencia del próximo proceso electoral enfrenta desafíos. Luego de las elecciones de 2021 las misiones internacionales presentaron al menos 50 recomendaciones de reforma al marco normativo, de las cuales sólo se han cumplido cinco y otras cinco están con un cumplimiento parcial.
Para Juan Carlos Aguilar el 10 % de cumplimiento a las reformar electorales refleja la poca voluntad política para trasparentar y fortalecer el proceso
Además, enfatizó que el actual proyecto de presupuesto no contempla los recursos necesarios para las elecciones de marzo de 2025. En ese sentido, enfatizó que la falta de previsión presupuestaria afecta a instituciones clave como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Política Limpia (UPL), que requieren financiamiento adecuado para implementar sistemas esenciales como el de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) mecanismo que debe estar adjudicado el 8 de noviembre de 2024 y un sistema biométrico.
