El debate sobre la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad

Confrontación, ideologización y politización de lo público en tiempos de crisis

Por: Leticia Salomón

Para cualquier observador cercano o distante de la realidad nacional, de dentro o de fuera del país, la situación actual es, definitivamente, confusa, contradictoria e incomprensible, peor si quiere informarse a través de los diferentes medios de comunicación, de lo que opinan connotadas figuras públicas, más de algún líder religioso y uno que otro analista marcadamente “anti” todo lo que tenga que ver con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro o del partido Libertad y Refundación (LIBRE). Da la impresión de que el espacio público alberga una proliferación de visiones particulares que interpretan a su antojo lo que creen que el país es y no lo que realmente es, de acuerdo a sus intereses personales, partidarios, gremiales, religiosos y de cualquier índole.

La realidad es que apenas estamos saliendo de una o quizás de la etapa más negra de la historia de nuestro país, presidida por el partido Nacional para vergüenza de muchos de sus militantes y con el sello del expresidente Juan Orlando Hernández hoy preso en una cárcel de Estados Unidos acusado por sus vínculos con el narcotráfico. Todavía estamos sufriendo las consecuencias de su ambición desmedida, de la hipercorrupción que impulsó, del saqueo de las arcas del Estado, del endeudamiento abusivo, del descuido de la salud y la educación, de la militarización del Estado en general, de la criminalización de la protesta, de su forma particular de convertir en cómplices a todos los que gravitaron a su alrededor y de su estilo de manipular la ley y la misma Carta Magna, haciendo realidad la prohibición constitucional de ser reelecto como presidente de la república, sin que ninguno de sus seguidores y cómplices dijera o hiciera nada.

Lo que sucede en la actualidad tiene ese antecedente que marcará la historia del país por muchos años y nos obligará a todos los hondureños a pagar las consecuencias, mientras los cómplices siguen ahí, queriendo blanquear sus culpas agitando los fantasmas del pasado para asustar a los ingenuos, exacerbando el espíritu “anti”, promoviendo la inconformidad, atizando las emociones, polarizando el debate, confrontando a los hondureños, motivando el desencanto y tratando de evitar que el torrente de estiércol heredado por su partido los sepulte políticamente, como ocurrió con el partido Liberal por su miope y lamentable papel en el golpe de Estado de 2009, del que aún no se recupera y difícilmente lo haga en los años y contiendas venideros.

De lo expuesto podemos deducir que la coyuntura está marcada por la contraposición de dos fuerzas y sus respectivos bloques: los que representan el pasado vergonzoso (el partido Nacional y el exmandatario Juan Orlando Hernández) y los que representan una forma distinta de ver el país y sus necesidades (el partido LIBRE y la presidenta Xiomara Castro), que ganaron las elecciones de 2021 de manera contundente, nos guste o no nos guste, porque la democracia es eso y nos obliga a todos a aceptar los resultados electorales, darle oportunidad a los nuevos y prepararse para la próxima contienda. Esto parece claro y natural para los que estudian principios básicos de la democracia, pero no para el partido Nacional y muchos de sus aliados entusiastas o vergonzantes, visiblemente antidemocráticos, que abogan por su fracaso, agitan las emociones de los conservadores de otros países para obtener su respaldo ante las locuras que quisieran convertir en realidad y trabajan insistentes y obsesionados en la idea de un golpe de Estado.

El partido Nacional, en tanto ente conservador aglutinador de todos los “anti” del presente, ha logrado promover, sin constituirse organizativamente como tal, un bloque conformado por personas o instancias que, de forma consciente o inconsciente, entusiasta o disimulada, secundan, apoyan, votan, escriben, opinan, sacan pronunciamientos, agitan y repiten el mismo discurso del liderazgo más oscuro del partido Nacional que ha sido incapaz de mostrar vergüenza y pedir perdón a la sociedad por el daño infringido en tanto hechores y consentidores de las atrocidades del pasado reciente. En ese bloque se encuentran los que arrastran la ignominia del pasado; los que se sienten desplazados del poder y de los privilegios del gobierno anterior; los cómplices de entonces que guardaron silencio; los ególatras relegados u ofendidos por haber perdido protagonismo; los políticamente ingenuos que se sienten excluidos y otros, entre ellos: el partido Liberal; los gremios empresariales; los dueños y directores de grandes medios; las iglesias evangélicas; la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), autonombrada representante de la sociedad civil (¡como si esta pudiera tener representantes!); Salvador Nasralla, creador del partido Salvador de Honduras (PSH) y designado presidencial; la directora del Consejo Nacional Anticorrupción; Romeo Vásquez, exjefe de Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas quien ejecutó el golpe de Estado de 2009 y sigue considerándose por ello un firme defensor de la democracia y combatiente del comunismo; lamentablemente, los diputados del novel PSH en el Congreso Nacional; y, por supuesto, los intelectuales orgánicos que le dan sustento y coherencia al discurso “anti”.

Los anteriores, en todo o en parte, están impulsando las siguientes acciones directas: 1) boicotear todas las iniciativas del poder Ejecutivo, por cualquier vía (opinión pública, Congreso Nacional); 2) enarbolar dos banderas clave de la derecha ultraconservadora: el anticomunismo cavernario y la lucha feroz contra la reivindicación de derechos de las minorías; 3) Insistir en la afirmación de que LIBRE es igual de corrupto que el partido Nacional; 4) Unir a las fuerzas políticas de oposición en el Congreso Nacional en torno al rechazo a tres hechos concretos: apertura diplomática y comercial del país al mundo (China y la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento); contrarrestar las iniciativas parlamentarias que afecten los privilegios oscuros de la empresa privada, aunque estas beneficien a la sociedad (Ley de Justicia Tributaria); y obstaculizar la adopción de las medidas necesarias que faciliten la lucha anticorrupción y que son básicas para la llegada de la CICIH.

En ese espacio público confrontado, ideologizado y politizado se producen los siguientes hechos que terminan contaminados por las tendencias del contexto. Veamos:

1. Inesperada, visceral y poco objetiva acusación de la directora del CNA contra el gobierno desde su inicio en 2022, lo que continúa hasta acusarlo frontalmente de corrupción, nepotismo (que no es lo mismo) y persecución política por sus denuncias;

2. Inicio del proceso de selección de las máximas autoridades del Ministerio Público;

3. Crispación en el Congreso Nacional por la aprobación de la adhesión de Honduras al CAF;

4. Lobby de los empresarios con las bancadas del Congreso Nacional para impedir la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria;

5. Publicación de la Lista Engel del Departamento de Estado el 19 de julio en el que aparecen diez hondureños, hecho que siempre atrae la atención y la preocupación sobre la afiliación partidaria de los señalados.

6. Convocatoria a movilizaciones diversas en las calles, todas ellas en la semana que hoy termina, que crisparon el ambiente, agudizaron las contradicciones, visibilizaron el contexto descrito anteriormente, encendieron las alertas del gobierno y el partido, tratando de establecer alguna interrelación entre ellas. Veamos:

• Convocatoria a una marcha de varias organizaciones de sociedad civil, realizada por CESPAD, para el 18 de julio, para retomar las “marchas de las antorchas contra la corrupción” tratando de emular el fenómeno de 2015 en un contexto y circunstancias totalmente diferentes;

• Convocatoria del partido LIBRE en la misma fecha y hora para presionar al Congreso para la adhesión de Honduras al CAF, la aprobación de la ley de justicia tributaria y la llegada de la CICIH, en un claro movimiento de partido para apoyar a la presidenta ante lo que consideraron una amenaza desde la sociedad civil;

• Cancelación de la marcha por parte de CESPAD y las otras organizaciones convocantes, ante la potencial conflictividad generada por la convocatoria de LIBRE, en la que dieron a conocer los tres propósitos de su movilización: derogación de los pactos de impunidad; aprobación de la ley de colaboración eficaz y reformas al código penal, y respaldo a la instalación de la CICIH, con lo cual evidenciaron que era una marcha para apoyar y no para confrontar en la lucha contra la corrupción;

• Convocatoria a otra marcha por parte de la agrupación “Una sola voz por Honduras” para el 21 de julio con el propósito de “encender de nuevo las antorchas”, “exigir mayor democracia”, “exigir una lucha real contra la corrupción” y reclamar por el desempleo, corrupción y hospitales, frente a la Casa Presidencial, haciendo, además, un llamado a sumarse a las fuerzas armadas y a la policía nacional, como producto de lo cual denunció que él y otra persona fueron perseguidos y golpeados;

• Convocatoria de los reservistas militares y retirados policiales a otra marcha el 22 de julio para conmemorar el día del veterano de guerra, lo que motivó sendos comunicados de las Secretarías de Defensa y Seguridad, recordándoles que la convocatoria y uso de uniformes e insignias eran violatorias de la Constitución y que podía considerarse como una manifestación política en contra de la presidenta de la república; la marcha se realizó bajo la observación constante de la policía nacional argumentando su deber de mantener despejada la vía pública y finalizó sin mayores inconvenientes pese a que la iglesia católica les canceló una misa prevista para esa conmemoración.

• Marcha de las iglesias evangélicas y católica con sus respectivas escuelas, colegios y universidades el 22 de julio en varias ciudades del país en contra de lo que ellos denominan “ideología de género”, pidiendo a la presidenta que vete la ley que ya fue aprobada por el Congreso Nacional e insistiendo en que no era una marcha política.

7. Conferencia de prensa de la directora del CNA el 18 de junio para anunciar su regreso al país después de un autoexilio de un poco más de un mes por denunciadas amenazas a su integridad y a la de su familia. La acompañaron diversas organizaciones y personas opositoras del gobierno y sorprendentemente la representante de la ONU en Honduras en lo que terminó siendo un acto de oposición y crítica al gobierno y el partido que lo sustenta. La directora leyó un comunicado que no tuvo que ver con la lucha anticorrupción, como corresponde a la instancia que dirige, sino que se dirigió, en su casi totalidad, a señalar, denunciar y confrontar, precisando que regresa al país a rescatarlo de las fuerzas oscuras, impulsar la transición democrática en este contexto político, señalarlos como imitadores de las prácticas de cerrar espacios cívicos y atentar contra cualquiera que se atreva a levantar la voz, indicando que ahora ya no les toca protestar sino resolver y que pretenden contrarrestar en las calles lo que no han podido hacer desde el poder, recordándoles, además, que su tiempo en las calles ya pasó y que ella regresa para dar una cátedra de democracia, tolerancia y pluralismo.

Reflexión final

En un país confrontado, ideologizado y politizado, abunda el recelo, la suspicacia y la desconfianza entre los distintos actores políticos, sociales y empresariales que protagonizan el espacio público, que realmente tienen malas intenciones o que simplemente actúan de buena fe creyendo que hacen o dicen lo mejor para el país. Para evitar lo anterior hay que darle un seguimiento cuidadoso a la coyuntura para descubrir la lógica de lo que acontece, los intereses ocultos y las intenciones perversas de quienes buscan desestabilizar el gobierno con intenciones que no tienen nada que ver con la democracia.

Es indudable que el gobierno de la presidenta Xiomara está bajo acecho y bien hace el gobierno en hacer los análisis pertinentes para adelantarse, prevenir o contrarrestar todas las amenazas en un país donde todo es posible desde que, en el colmo de la enajenación, a un grupo de protagonistas se le ocurrió que no estaba de acuerdo con un presidente salido como tal en elecciones legítimas y decidieron darle un golpe de Estado sin siquiera imaginar las graves consecuencias que esto traería para el país y que están a la base del país confrontado, ideologizado y politizado que tenemos ahora, catorce años después.

También hay que advertir a aquellos que han hecho causa común con el partido Nacional, que no pueden seguir llevando al país y empujando al gobierno por el despeñadero, porque detrás de él nos vamos todos con nuestro futuro por delante. El país necesita escuchar voces de auténticos hondureños, creíbles, respetados y preocupados por el futuro de este país, clamando, exigiendo y demandando de estos sectores que paren la confrontación y que sigan las reglas del juego democrático respetando la voluntad ciudadana que eligió mayoritariamente a esta presidenta para que nos gobierne durante cuatro años, jugando limpio y dejándola gobernar sin el acecho al que la han sometido. Este es un gobierno que ofreció en campaña varias respuestas al clamor ciudadano, muchas de las cuales no ha podido cumplir por las precarias condiciones en que recibió el país con las cuales poco o nada puede hacer para enfrentar, además, los obstáculos que le pone en el camino esa oposición retardataria, miope, cínica e irresponsable.

Los diversos sectores de la sociedad, organizados o no, deben actuar con la prudencia necesaria para evitar las trampas de la manipulación y de la complejidad del contexto, acompañar los procesos, demandar soluciones concretas, aprovechar espacios para ser escuchados, defender los avances que nos permitan salir del atolladero en que nos encontramos, señalar peligros y derrumbar el acecho que se alimenta de la duda, la desconfianza y la perversidad. No se trata de salir a aplaudir todo lo que el gobierno haga, se trata de hacerlo con espíritu crítico y capacidad propositiva, sabiendo que esta es una oportunidad única para avanzar y construir el país que nos merecemos.

El Consejo Nacional Anticorrupción tiene una gran tarea por delante para garantizarnos a todos que las cosas se están haciendo bien en materia de combate a la corrupción e impunidad para denunciar a los que están fallando y para dar pistas concretas sobre las redes corruptas que siguen ahí agazapadas, esperando la oportunidad o el descuido para extender sus tentáculos; pero todos sus integrantes, y no solo la directora, deben recordar que su papel no es cuestionar al gobierno o a los líderes del partido de gobierno, y menos alabarlos. Su papel está en mantener la distancia y el respeto necesarios para hacer que su discurso sea creíble e igualmente respetado; el CNA no fue creado para hacer oposición política y menos para plegarse a los intereses del pasado que están ahí, al acecho, para convertirlo en un eficaz instrumento de oposición al gobierno.

El gobierno debe ser menos desconfiado y receloso creyendo que todos los que hacen crítica son enemigos a los que hay que atacar, sin diferenciar a los que critican para destruir de los que lo hacen para construir. En una democracia siempre debe existir, crecer y fortalecerse el espacio de la crítica y el señalamiento de los errores que son percibidos desde afuera del gobierno con mucho más apego a la realidad que los que siempre están cerca adulando al poder. Los derechos constitucionales deben garantizarse incondicionalmente y propiciar el libre juego de ideas que conduzcan al consenso o el disenso y asegurar que militares y policías estén para proteger los derechos de la ciudadanía y asegurar el orden público con todas las previsiones posibles. Para ello es imprescindible consolidar la base de sustentación social en las diversas organizaciones que hasta ahora únicamente están observando, analizando, vacilando y descubriendo cómo se dan las cosas. Es necesario abrir los espacios para el encuentro con la diversidad de sectores, escucharlos y proceder para que sientan que tienen un gobierno que escucha; atender el reclamo de garantía de la integridad de personas que se sienten amenazadas es una obligación ineludible, más allá de las creencias y suposiciones de los encargados de hacerlo.

A todos los sectores que pueden influir en la conciencia ciudadana – maestros, líderes sindicales, medios de comunicación, iglesias, centros de pensamiento, organizaciones ciudadanas- les toca hacer lo suyo para detener la polarización y parar la confrontación. El país no puede seguir así, desgastándose y hundiéndose en la violencia verbal y física porque luego será muy tarde para los lamentos.

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