Conflicto en Guatemala y crisis en Honduras

Por: Edmundo Orellana

¿Habrá perdido la razón el Presidente de Guatemala? Hay varios indicios de ello. Creer que el Secretario General de la ONU atendería la absurda petición de remover el titular de la CICIG, porque lo está investigando, es uno. El último, pretender, ante la malograda gestión ante el Secretario de la ONU, expulsar del país al jefe de la CICIG.

De haber pedido consejo a su homólogo hondureño, al ser investido de Presidente, seguramente no estaría en semejante aprieto el cómico Morales. Quizá habría neutralizado la CICIG, como hizo con la MACCIH el Presidente hondureño. Sin violencia, pero exitosamente.

Rodeó a la MACCIH con un muro infranqueable de leyes e instituciones dirigidas por incondicionales del Poder, que le impide avanzar más allá del límite que convenga a las élites corruptas. La sombra que proyecta la Ley de Secretos Oficiales la obliga a andar a tientas en los pasillos oscuros de las entidades públicas. La reducción de penas para los delitos de corrupción es la garantía para el caso de que el fraude electoral no prospere, y un límite para los impulsos de la justicia estimulados por la MACCHI, cuyos efectos benéficos alcanzan a los procesados, en virtud de la retroactividad de la ley penal más favorable, y, a los condenados en sentencia firme, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comprende a éstos dentro de aquel principio, siendo obligatorio para los jueces nacionales aplicar, en apego al Control de Convencionalidad, esta interpretación en sus sentencias, puesto que de no hacerlo, los afectados serían, seguramente, protegidos por la CIDH.

Instituyó un nuevo régimen de gobierno, en cuyo vértice se posiciona como jefe absoluto, controlando férreamente todos los Poderes del Estado y los órganos extra poderes (entre los que destacan el MP), por medio del órgano denominado Consejo de Defensa y Seguridad, en cuyo seno se arremolinan, en espera de la orden superior, aquellos cuya obsecuencia desafía su deber constitucional de “ser fiel a la República y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.

En este ambiente de opacidad, de penas reducidas para los corruptos y de sumisión absoluta al Poder, se agrega la pretensión de suprimir la rendición de cuentas a las organizaciones privadas (concesionarias y ONGs) que reciban recursos públicos, excluyéndolas de las auditorías del TSE, mediante las convenientes reformas a su ley orgánica. Es una vieja costumbre de los corruptos, transferir fondos públicos a las ONG, para apropiarse de los mismos o para usarlos para fines inconfesables, porque el TSE, aun teniendo la obligación de auditarlos, no lo hace, con lo que, mientras no prescriba la acción de fiscalización, existe el peligro de que el TSE actúe. Se agregan, además, las concesionarias, por la política presidencial de concesionar funciones administrativas lucrativas. Con esta reforma, ya no hay nada que temer. El resultado es, que el uso de unos recursos (tasa de seguridad, OABI y otros), está protegido por la ley de secretos y el destino de otros (concesionarias y ONG), está fuera de todo control, en todo tiempo.

Es el diseño típico de una dictadura y, además, corrupta, en cuya forja, paradójicamente, participaron activamente todos los actores políticos históricos, especialmente los de la oposición, porque todos han escondido algo bajo la alfombra, pequeño o grande, pero igualmente nauseabundo, y todos coinciden en la necesidad de limitar las funciones de los órganos de control.

A todos conviene, entonces, que la MACCIH sea una frustración más en la lucha contra la corrupción. De ahí, que, gobierno y oposición, coincidan en la escogencia de aquellos que, por razón de sus cargos, deben trabajar activamente con la MACCIH y en contra de los corruptos.

Es la fórmula perfecta para preservar eternamente el sistema de impunidad. ¿Pudo serle de utilidad a Jimmy Morales? Quizá no.

En Guatemala ya el pueblo había construido un muro infranqueable alrededor del gobierno. Prueba de ello, es que el Presidente se sintió incapaz de destituir a la Fiscal Aldana que lo investigaba y de quien depende la presentación de las acciones en contra suya, por lo que optó por la descabellada petición al Srio. de la ONU. Es la misma Fiscal que denunció el propósito de la visita a éste y amenazó con renunciar de tener éxito la gestión.

Por otra parte, la Corte de Constitucionalidad suspendió los efectos del acto de expulsión emitido por el Presidente. Esa es la función de la jurisdicción constitucional, mantener dentro de los límites constitucionales el ejercicio del Poder Público.

No hay duda, en Guatemala funciona la institucionalidad creada para hacer que se respeten los límites impuestos por la Constitución.

Están en crisis los guatemaltecos. Creyeron ingenuamente que un histrión, además de entretener, podría gobernar. Los acontecimientos se suceden velozmente y de seguir la  dirección que llevan, no sería remoto que el bufón termine en la cárcel, divirtiendo al Jefe de la “La Línea” y su pandilla.

En Guatemala, el problema radica en el Presidente; en Honduras, el problema  radica en el sistema creado por el Presidente. El cargo que enfrenta Morales, por ejemplo, es similar al que, supuestamente, tendría el Presidente hondureño, quien admitió que su campaña recibió dinero proveniente del saqueo del IHSS. La diferencia, es que en Guatemala las instituciones actuaron y se espera que con la inhabilitación judicial o la renuncia del Presidente, se resuelva el problema; en Honduras, el problema solamente se puede resolver desmontando el sistema de opacidad, impunidad y autoritarismo impuesto por el Presidente, lo que resulta visible en la forma cómo éste resolvió el problema del, supuesto, financiamiento ilícito: devolviendo el dinero y esfumando el ilícito (otra patente hondureña, esta vez en el Derecho Penal), mientras las instituciones encargadas de luchar contra la impunidad, observan imperturbables, como si no les concerniera.

Aún en ese caos, Guatemala está mejor que Honduras, evidentemente. Allá no hay un rebaño, hay un pueblo; además, hay Fiscalía y jurisdicción constitucional; y, para rematar, hay CICIG, no MACCIH.