Cientos de familias campesinas de tres cooperativas agropecuarias viven violencia y desplazamiento forzado a manos de grupos armados desde el 24 de diciembre de 2024
Tegucigalpa, Honduras. –– El Bajo Aguán, en el nororiente de Honduras, es escenario histórico de un conflicto perpetrado por grupos de poder que el Estado, sin importar la administración de turno, no ha podido solventar, ya sea por falta de interés o por incapacidad.
Muestra de esto es la extendida violencia y desplazamiento forzado que viven cientos de familias integrantes de las cooperativas agropecuarias Tranvío, Camarones y El Chile, a manos de grupos armados, entre estos Los Cachos.
La ofensiva violenta que se reanudó desde el 24 de diciembre de 2024 no ha podido ser contenida pese a la militarización de la zona, la prohibición de armas (decreto 117-2012) y la instalación de la comisión de la verdad tras la firma del acuerdo tripartito entre el Estado, organizaciones campesinas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, en calidad de mediador.
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MILITARIZACIÓN INEFICAZ ANTE VIOLENCIA PERPETRADA EN EL BAJO AGUÁN
Lucía Vijil, analista socioambiental, dijo a Criterio.hn que la crisis en el Bajo Aguán es estructural y responde a la presión que ejercen los grandes agroexportadores a través de acciones de intimidación a campesinos que han reivindicado el derecho a la tierra y han demostrado las prácticas corruptas mediante las cuales fueron despojados.
Por un lado, no se concretan avances efectivos en la distribución de la tierra y por otro, no existe un control territorial de parte de los entes de seguridad del Estado, detalló.
“Desde el [momento] que hay gente armada en un departamento que hace años declaró un desarme general, te dice que realmente las políticas de seguridad con las que se han abordado este tipo de conflictos agrarios han fracasado”, declaró Vijil.
Sumado a esto, señaló, que no hay explicación cómo estando involucrada la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, a la par de dicha unidad existan grupos criminales identificados plenamente y no se actúe en su contra, dando como resultado que ganen territorio a lo largo de los años.
Para Vijil, la Policía y los cuerpos de seguridad no pueden ofrecer una protección efectiva a las comunidades campesinas, porque, “o están involucrados, o realmente no pueden controlar territorialmente el espacio”.
A la par de estas dinámicas, Vijil señala que existe una ausencia de avances sustanciales en las mesas de negociación, ocasionadas ya sea por falta de presupuesto, por rotación de personal del gobierno o una falta de voluntad política para trabajar una solución integral en la distribución de las tierras sujetas a la reforma agraria.
PIE DE FOTO: A tres años de la firma del convenio agrario con la administración de Xiomara Castro, organizaciones cuestionan la ausencia de acciones encaminadas a solventar el conflicto originado por el despojo de las tierras destinadas a la reforma agraria.
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BRECHA ENTRE EL ESTADO Y LA REALIDAD DEL BAJO AGUÁN
Andrea Pochak, relatora para Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó tras la gira al Bajo Aguán en noviembre del año pasado que perciben una brecha entre el Estado en la capital hondureña y la realidad en el Bajo Aguán.
En esa ocasión, Pochak recalcó la urgencia de promover mayor institucionalidad en la zona, y que la presencia estatal no se limite a elementos del ejército sino con el robustecimiento de la institucionalidad democrática en materia de justicia.
En esa ocasión, Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos, apuntó que la debilidad institucional en el Bajo Aguán, así como otras regiones del país, se evidencia en la ejecución de su función, no en lo que dice la Constitución y las leyes, sino en función de quienes ejercen el poder y control territorial, es decir, los empresarios de la agroindustria, militares y altos jerarcas del ejército, así como narcotraficantes.
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