Por: Leticia Salomón
El ciclo OPOSICIÓN–CONFLICTO-LUCHA entre personas, grupos y organizaciones es parte sustancial de la democracia. Su existencia revela la vitalidad y dinamismo de una sociedad plural y diversa que se mueve, reclama y gestiona sus derechos, y los hechos y fenómenos que caracterizan su vida cotidiana, su forma de ganarse la vida, los excesos del poder político a nivel central y local, el desempeño de militares y policías en el abordaje de fenómenos que pertenecen al ámbito social, los abusos de empresas nacionales y extranjeras que operan en los diferentes territorios, la dimensión exacta de la justicia social, la forma en que se criminaliza a los que luchan por sus derechos y el manejo ideológico de su desempeño desde los medios de comunicación, las iglesias, los políticos, los educadores y hasta los internautas que navegan en las redes sociales con total impunidad.
En esta especie de ebullición social en la que se mueven, mezclan, chocan y se desplazan diferentes intereses, hay que poner atención a tres fenómenos muy importantes: 1) la FORMA EN QUE REACCIONA EL GOBIERNO CENTRAL O LOCAL (reprimiendo o dialogando); 2) el GRADO DE AUTONOMÍA, ABUSO, PREPOTENCIA, RESPETO/IRRESPETO a los derechos constitucionales de las personas o grupos que protestan o se defienden (movilización, organización, expresión, información, entre otros) por parte de los operadores de justicia (jueces, fiscales, defensores, policías), militares, policía municipal, empresarios, alcaldes, diputados y hasta los familiares y allegados que usufructúan del poder de los cargos de sus parientes, correligionarios o amigos; 3) la CONTRADICCIÓN PRINCIPAL Y LAS CONTRADICCIONES SECUNDARIAS, con los protagonistas de cada una, su forma de manifestarse, sus aliados u opositores, el sustento jurídico del reclamo social y hasta la utilización de grupos de choque o guardias de seguridad privada que defienden los intereses de quienes les pagan.
Los elementos anteriores permiten conocer con facilidad si estamos en presencia de un gobierno, central o local, con perfil democrático o autoritario, horizontal e incluyente o vertical y excluyente; si existe una amalgama de intereses políticos y privados en contra de la demanda social; el grado de indefensión de quienes reclaman sus derechos, el tipo de cultura política, democrática o autoritaria, de quienes defienden los intereses de sus socios o de quienes les pagan; y la forma en que un conflicto social es deformado ideológicamente por quienes ven el país y el mundo a través de la telaraña de la guerra fría o de la perversa manipulación obsesiva de la oposición político partidaria que parece no tener sensatez, integridad y respeto al derecho a elegir con libertad.
Lo anterior viene a mi mente al leer las declaraciones de un diputado, hermano del alcalde de El Progreso, Yoro, cuyo partido Liberal se desliza a gran velocidad hacia posiciones ultraconservadoras y ultraderechistas desde su lamentable papel en el golpe de Estado de 2009, tratando de justificar el ataque e irrespeto a un periodista de Radio Progreso que cubría el ilegal desalojo de una cooperativa, volcando sus ataques furibundos, anquilosados y con tremendo olor a naftalina hacia la radio en que labora el periodista en los siguientes términos:
“Es un medio de radio antisistema democrático ya que su ideología es meramente comunista/socialista por ende influye sobre la sociedad a que se revelen (sic) a las instituciones (sic) democráticamente electas… Esta casa de radio es la fomentadora de las invasiones en el país en detrimento de la propiedad privada y de la inversión…”
Este discurso de un diputado liberal, podría atribuirse fácilmente a un diputado nacionalista y encaja a la perfección con el tono anticomunista del discurso de la oposición política partidaria y de la oposición política-social, disfrazada de sociedad civil, que pretende mostrarse victimizada y perseguida al desempeñarse como actor político de oposición y no como actor auténticamente social. La libertad de expresión es el derecho de todos los ciudadanos a decir lo que piensan, lo que creen y lo que sienten que no está bien en el Estado y en la sociedad. Es un terreno resbaladizo, peligroso y extremadamente sensible en el que se mueven algunas organizaciones de sociedad civil que se proclaman independientes del Estado, aunque en el pasado no lo fueron, pero no lo hacen con respecto a la oposición política a la cual le unen vínculos demasiado cercanos como para vender una imagen independiente.
Si las organizaciones de sociedad civil deben respetar cuidadosamente los límites de la libertad de expresión PARA NO APARECER COMO VOCEROS DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA, los partidos políticos deberían leer más al respecto, en particular la Constitución de la República, ya que la ignorancia “se cura con lectura”. El gobierno central y los gobiernos municipales, por su parte, deben sortear con habilidad, inteligencia y extremo cuidado LA TENTACIÓN AUTORITARIA Y TOTALITARIA DE REPRIMIR, SOFOCAR Y DESCALIFICAR a las organizaciones de la auténtica sociedad civil (no contaminada políticamente) que son y serán siempre la garantía de apoyo y defensa de los derechos individuales y las luchas sociales ante los excesos y abusos del poder, como ha quedado evidenciado en los últimos cincuenta años.
