Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
Para servir a la patria, se ocupa ser patriota. Es decir, no tener compromisos o anhelos contrarios a la utilidad pública o el bien general, que es la patria concreta. No es que sean malos la plata y el Partido, necesarios. Pero nadie sirve bien a dos señores, ¿al dinero y la Patria? ¿al estado y al partido? Al caudillo y al pueblo. Y es un tema laico fácil; no se ocupa fariseo, santón ni mojigato.
Hay parámetros universales. Para desempeñar la función pública hay que tener calidad, integridad, dignidad. En todo tiempo y lugar, hay que ser honrado y decente para ser buen gobernante y servidor, y no solo en la administración, también ser honesto con uno mismo y quien nos rodea, lo cual supone pudor, proporción, modestia. Absoluto respeto por el gobernado por supuesto. Quien no respete al pueblo, ¡no pretenda servirlo!
Siempre se va a ocupar formación, estudio y excelencia intelectual en el mando. Antiguamente, en estas latitudes del Oriente, el príncipe bien nacido tenía que estudiar, y formarse; y se recurría a academias y a exámenes para determinar quién entraba a lo que hoy llamamos el servicio civil y diplomático, y diferentes exámenes para distintos grados. Como también debía someterse a exámenes prácticos y teóricos quien aplicaba al servicio de las armas. Mayormente, se exigía a los literati confucianos que dominaran las letras y la historia, la geografía y las matemáticas, una lengua clásica, los mismos que también en Europa se llamaban estudios generales. Sobre todo, tenían que saber los ritos, a saber, los protocolos, la ética, el deber ser, los procedimientos. Eso es general. También hay particularidades.
En parte por tanto mal gobierno, los hondureños patinamos en desatinos sobre los requisitos y obligaciones de los funcionarios, y sobre las condiciones que hacen buenos y malos oficiales de gobierno.[1] No es una ciencia oculta. Los requerimientos tampoco son absolutos y en todo caso, son diferentes para estratos distintos: de tomadores de decisiones generales, por un lado y ejecutores de directrices específicas por otro.
Estar libre por supuesto de requerimiento judicial del estado y de las prohibiciones legales. Se debe ser una persona de respeto, que ha hecho méritos para llegar a ser considerada, y no solo mérito de activismo, también de profesión, de carrera. Nada más y nada menos, la carrera que fuese, doquier. Todo nombramiento fuera de ese haz de requerimientos cae en la irregularidad. Y lo que es igualmente importante, cualquier asignación que cumpla ese conjunto de requisitos es exactamente lo que se ocupa. El parentesco prohibido y legítimo entre quien da y quien recibe la asignación está prescrito en la ley. La ley es lo que importa; lo demás es cuento. La edad cuenta para bien y mal.
Por lo demás, se habla con propiedad de distintas clases de funciones: cargos políticos y puestos técnicos. La labor suprema del gobierno es de los políticos, que son por necesidad y definición, generalistas. Los presidentes o primeros ministros, los ministros o secretarios de estado han de ser generalistas. Es decir, deben entender en general el gobierno y las destrezas de comunicación y organización, de lógica y visión de conjunto. (Igualmente tonto es pensar que los legisladores deben ser abogados porque su labor fundamental será hacer leyes. De repente en ese congreso habría que tener más campesinos y obreros que una demasía de abogados, por lo demás usualmente empleada por intereses creados, y acaso habría que tener ahí más dedicación que carga previa de mañas y artilugios.) La caricatura de que el congreso debe ser de abogados es buen punto de partida para entender la falacia de la idoneidad equivocada que circula con ínfulas, para servirle a una manipulación variopinta. Lo que necesitan los congresistas es apoyo técnico de investigadores institucionales por un lado y, por otra parte, abogados para formular los conceptos.
No pueden eximirse los gobernantes, presidentes, ministros, embajadores de estudiar las materias que les conciernen; pero siempre son varias y no pueden ser expertos en todas, y muchas veces no conviene que sean técnicos, practicantes o peritos en alguna específica. Nada exige que un ministro de salud sea médico, ni le sirve esa profesión de mucho o lo califica; o que un militar sea ministro de seguridad o defensa, para lo cual no lo califica su puntería en el tiro al blanco, ni que sea maestro un ministro de educación, aunque sí debe ser y haber educado, ni tampoco que el ministro de economía sea un economista que, de repente fuera mejor un artesano, un mecánico o microempresario. Nunca por ninguna causa se han de tomar decisiones de espaldas a los conocimientos. Eso nunca ha funcionado. Los generalistas deben esmerarse por dominar la información de su competencia, estudiar, consultar y atender cuidadosamente los criterios más versados. Que, si no, incurren en responsabilidad.
Pero el ministro de educación debe valorar a los maestros y entender lo que debe exigirles y lo que necesitan para cumplir su labor. Monitorearlos. Un ministro de defensa debe respetar al militar y estimar el sacrificio de un buen soldado, para demandarles a sus subordinados el cumplimiento de su deber. Un ministro de salud debe consagrarse a la labor de resguardar la del público, reunir y organizar a los buenos médicos dedicados a ese fin con sus asistentes, enfermeros y laboratoristas, respetando su expertisse a cada uno, proveerlos de los suministros necesarios y administrar con sentido y compromiso, los recursos que se ponen para ello en sus manos. ¡No ha de ser ginecólogo, caray! Para los cargos políticos el requisito es la moral, la sensibilidad y la visión general. Tener confianza de y en las autoridades del gobierno, que asignan las misiones específicas y, por otro lado, los cargos técnicos requieren destrezas y capacidades profesionales sin las cuales el funcionario no se puede desempeñar, un radiólogo debe operar su máquina un soldado desarmar y limpiar su fusil.
Ha vuelto a resonar el problema cuando últimamente se ha nombrado al literato Julio Escoto director del Banco Central. El Banco cuenta con sobrado equipo técnico, el mejor, y está bien establecido que el directorio es político. No estoy seguro de lo que estipula la ley. Ciertamente debe presidirlo un director técnico. Pero contra lo que alegan los banqueros, que quieren que los directores sean de su misma mentalidad y enfoque, a mi ver conviene que participe en el órgano que va a decidir política sobre la moneda y las tasas de interés, un humanista, con sensibilidad para el tema social, que haga las preguntas incómodas antes de expresarse sobre una decisión que, al final, va a afectar a todos y en todo caso ha de ser colegiada. Julio es un hombre ético, pensante, que aportará espiritualidad al directorio. No es pariente de nadie en el gobierno y no tiene cola que le pisen.
Seúl, 8 de octubre de 2023
[1] También hay circunstancias relevantes. Honduras es un país pequeño, con un sistema educativo deficiente, poca gente a mano tiene la formación requerida y cumple con los requisitos profesionales, el sectarismo y el clasismo margina a los otros siempre de las oportunidades y estamos emparentados en redes que propician favoritismos. Por lo demás, los partidos existen y por supuesto que en la vida pública se adquieren compromisos políticos que se deben respetar. Busco inyectarle sensatez, cordura y racionalidad a una discusión corriente desenfocada sobre este tema en Honduras.
