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Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Estados Unidos condiciona la entrega de los fondos que le corresponden a Honduras, en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad, a la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI).
La condicionante está plasmada como una “sugerencia“en la Ley de Presupuesto aprobado por el Congreso estadounidense el pasado viernes 18 de diciembre cuando se aprobó el otorgamiento de 750 millones de dólares para el Triángulo Norte de Centro América.
CRITERIO tuvo acceso al documento y constató que en el numeral 6 de la página 229, se establece que en Honduras se debe promover y reforzar la democracia, incluyendo la implementación de reformas para mejorar el profesionalismo judicial en cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad, “como es apropiado”, reza el texto.
vi) protect and promote democracy, including implementing reforms to protect the independence and improve the profes- sionalism of the judiciary, and cooperating with the Inter-American Commission on Human Rights, the InterAmerican Court on Human Rights, and international commissions against impunity, as appropriate;
Aquí puede ver la copia de la Ley de Presupuesto de EE.UU. en su versión inglés: https://www.congress.gov/114/bills/s1725/BILLS-114s1725pcs.pdf
La condición de Estados Unidos podría considerarse como un camino a seguir, luego del respaldo brindado al ente investigador en Guatemala a cargo del comisionado de origen colombiano, Iván Velásquez.
El decreto también hace la recomendación a El Salvador, a cuyas autoridades también se les pide que se instale un ente parecido a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). De ser adoptada esta medida, sería tomada como un “avance” por las autoridades del Gobierno estadounidense, especifica el texto que contiene 326 páginas.
El decreto detalla que se le autoriza al Gobierno estadounidense para que haga uso de los fondos destinados para los programas de seguridad regional en Centro América, y que sean invertidos para apoyar la instalación de comisiones internacionales contra la impunidad en El Salvador y Honduras. Los congresistas indican que estos entes deben tener “investigación, independencia y autoridades parecidas a las de la CICIG”.
En el caso de Guatemala, la sugerencia está enfocada en la continuidad y fortalecimientos de la CICIG, ya que los congresistas ampliaron su cooperación con este ente, pues para 2016 se les asignó US$7 millones 500 mil, US$2 millones 500 mil más que este año. Además aportarán US$4 millones para implementar tecnología forense en casos de investigación criminal.
Según la Ley de Presupuesto, las autoridades estadounidenses podrán detener hasta un 75 por ciento la asistencia financiera, en caso que los países no cumplan con los avances establecidos. Esto debido a que la donación de fondos también es parte del Plan Alianza para la Prosperidad, el cual tiene como principal objetivo disminuir la pobreza y aumentar las oportunidades de empleo. Este plan es una estrategia para reducir la migración de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños hacia Estados Unidos.
El ministro coordinador General de Gobierno de Honduras, Jorge Ramón Hernández Alcerro, detalló que parte de los recursos serán destinados y desglosados para programas de asistencia al desarrollo, de los cuales 93 millones serán para Honduras, Guatemala tendrá 112 millones; El Salvador 65 millones y Nicaragua 10 millones.
Asimismo, informó que para el Fondo de Apoyo Económico se asignaron 183.5 millones de dólares, y 222 millones son para control internacional de narcóticos y aplicación de la ley, entre otros programas, hasta totalizar 750 millones de dólares.
Condicionamiento sutil
El analista político de Guatemala, Phillip Chicola, en una publicación del periodico.com.gt, consideró que lo establecido por los representantes estadounidenses en la Ley de Presupuesto, es una forma de “diplomacia blanda… o condicionamiento sutil”.
Según el analista, que además ha sido asesor del Partido Republicano de Estados Unidos, la sugerencia de implementar un ente como la CICIG en los tres países del Triángulo Norte era algo que ya se esperaba por el apoyo que la embajada de la nación del norte le ha mostrado a la Comisión, después de las investigaciones que señalan al expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti como los líderes de la estructura de defraudación aduanera La Línea.
Este último caso permitió que fuera más fácil la prórroga de la CICIG en Guatemala, explicó Chicola y añadió que en el caso de Honduras el instalar una Comisión sería más fácil, por las presiones que el presidente Juan Hernández tiene, tras ser involucrado en casos de corrupción.
La instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad-Honduras (CICIH) ha sido exigida en las calles desde mayo pasado cuando se descubrió el robo de al menos 350 millones de dólares del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de los cuales unos 94.000 mil ingresaron a la campaña del ahora presidente hondureño, según lo admitió el mismo Hernández, quien además prometió devolver los fondos, provocando así el furor de los “indignados”, quienes en las movilizaciones de las antorchas han pedido su destitución.
En cuanto a El Salvador, el analista consideró que la prueba al presidente Salvador Sánchez Cerén y su partido, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL) está en la elección del Fiscal General de ese país, porque autoridades estadounidenses ya han hecho público su rechazo a la reelección del actual jefe de la Fiscalía General, Luis Martínez.
