Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- La Procuraduría General de la República (PGR), que dirige Abrahán Alvarenga, demandó ayer al expresidente, José Manuel Zelaya Rosales, a pagar cinco millones de lempiras, por haber despedido en el 2008 al entonces presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), Gabriela Núñez.
Con esta condena se podría abrir una lluvia de demandas contra expresidentes, funcionarios y exfuncionarios que han despedido ilegalmente a miles de hondureños o que han dejado de cumplir contratos, que al final el Estado ha tenido que pagar esas indemnizaciones.
Esta acción crearía costumbre o jurisprudencia y el pueblo espera que sea la puerta que abra las demandas contra los exfuncioanrios, apoderados legales, jueces y magistrados que han tenido que ver en las «amañadas» demandas contra el estado que pierde mas del 60% de ellas.
Solo en el actual gobierno se registran más de 20 mil despidos masivos en Honduras, según el secretario ejecutivo de la CUTH, Joel Almendrares.
Los presidentes han cambiado varios funcionarios, no solo en el Banco Central, sino en todos los ministerios que conforman el poder Ejecutivo porque es potestad del mandatario de turno nombrar y despedir a sus más cercanos colaboradores.
El artículo 245 de la Constitución de la República reza que el Presidente tiene la administración general del Estado y el numeral 5 dice que entre sus atribuciones está “Nombrar y separar libremente a los secretarios y subsecretarios de Estado y a los demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento no esté atribuido a otras autoridades”.
Gabriela Núñez, presentó su demanda el 10 de enero del 2008, argumentando que ella fue separada de su cargo cuando aún le faltaban dos años para cumplir su período de cuatro años, al frente del BCH.
En su momento Núñez consideró que su despido fue injusto, por lo que acudió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, donde en agosto del 2013, este tribunal ordenó al Estado de Honduras el reintegro de Núñez y cumplir con el pago de los salarios caídos.
Ahora, la PGR desempolvó el expediente, donde existe la figura de “repetición”, con la cual estarían obligando al expresidente Zelaya Rosales, a enterar lo que el Estado pagó por ese juicio, pues se comprobó que el despido es injusto y en este caso, la ley dice que el patrón tiene que cargar con las prestaciones y no el Estado.
Gabriela Núñez, que ahora es precandidata a la presidencia, fue nombrada en el BCH mediante acuerdo 153 del 27 de enero del 2006, devengando un salario de 145 mil lempiras mensuales, más un bono anual, por lo cual la demanda fue promovida por 6,407,000 de lempiras, incluyendo los derechos sociales, correspondientes al contrato colectivo.
Análisis de Criterio.hn
Si la potestad de nombrar los secretarios y subsecretarios de Estado y otros funcionarios como el presidente del Banco Central, corresponde al Presidente de la República ¿Por qué el juzgado de lo contencioso administrativo falló a favor de Gabriela Núñez? ¿Será que se abre aquí la posibilidad de revisar ese fallo porque lo actuado en ese entonces por el presidente Manuel Zelaya era legal y además constitucional?
La institucionalidad actuó en contra de Manuel Zelaya durante su gobierno y citamos el caso del despido del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, quien fue separado de su cargo y en una intromisión del Poder Judicial sobre las atribuciones del presidente, resolvieron que debería volver a su cargo aun y cuando la Carta Magna reza en el artículo 245 numeral 16 que es una de las atribuciones del presidente: “Ejercer el mando en jefe de las Fuerzas Armadas en su carácter de Comandante General y adoptar las medidas necesarias para la defensa dela República”.
Ha sido y es costumbre que los empleados que son despedidos de las instituciones del Estado han demandado al Estado y le han ganado cantidades millonarias en pago de salarios caídos y otros derechos, además que la mayoría han retornado a sus puestos.
La pregunta que todo hondureño debe hacerse es: ¿Condenará la Procuraduría General de la República a todos los expresidentes, funcionarios y exfuncionarios que por sus malas actuaciones el Estado ha tenido que erogar millonarias cantidades de recursos?
En mayo del 2014, el procurador general de la República, Abraham Alvarenga, informaba que las demandas contra el Estado, sumaban más de dos mil 500 y que en caso que los fallos no favorecieran al Estado, como usualmente ocurre, las mismas representaban unos seis mil millones de lempiras.
De 2014 a la fecha se han despedido más de 20 empleados públicos por lo que esas demandas podrían superar las 22 mil y los millones a pagar alcanzarían cifras superiores a los 50 mil millones de lempiras.
Durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti hubo una gran cantidad de despidos ilegales por lo que es en ese gobierno donde más demandas contra el estado hay, dijo Ethel Deras en el año 2014 cuando fungía como Procuradora.
La pregunta que salta inmediatamente es: ¿Por qué no se ha condenado al propio Micheletti o a sus funcionarios por estos actos ilegales donde el Estado ha tendido que erogar miles de millones?
Algunos casos
En diciembre de 2012, la compañía TRADECO ganó una demanda al Estado por 430 millones de lempiras en un juicio promovido contra SOPTRAVI y la procuraduría no procedió contra el titular de esa secretaría.
Esta misma compañía tiene otra demanda por 900 millones de lempiras contra el Instituto de la Propiedad y el caso sigue en los tribunales de lo contencioso administrativo.
En mayo del presente año unos 385 expolicias ganaron una demanda contra el Estado por haber sido despedidos de la secretaría de Seguridad por el entonces secretario Gautama Fonseca, aun no se ha establecido el monto a pagar.
El Instituto Nacional Agrario (INA) perdió 60 demandas que superaron los 400 millones de lempiras. Estas demandas fueron entabladas por propietarios de tierras que les fueron expropiadas mediante el decreto 18-2008.
Este decreto fue aprobado en el gobierno de Manuel Zelaya pero fue en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa cuando, Cesar Ham expropió miles de hectáreas y ninguno de los dos ha sido llamado por la PGR.
