“En estos momentos de altos niveles de criminalidad , femicidios, y delincuencia organizada, cerrar el MP es un lujo que como país no se puede permitir” Jessica Sánchez
Tegucigalpa. – La crisis generada en el Ministerio Público (MP), ya suma 45 días de exigencias de las y los Fiscales y empleados administrativos de este ente investigador, quienes reclaman se hagan efectivos los dos ajustes salariales, uno por costo de vida y otro por aumento salarial.
Luego de la quinta semana de suspensión de labores, se unió el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien dejó sin efecto el levantamiento cadavérico, pericias o autopsias en Honduras, país centroamericano catalogado como uno de los más violentos del continente.
Ante esta interrupción de labores, el Comité Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), advirtió que, debido a la abstención de realizar levantamientos cadavéricos y otras actividades del Ministerio Público, el Estado de Honduras puede acarrear responsabilidades internacionales.
El CONADEH considera que la acción es “contraria al contenido de los instrumentos internacionales de derechos humanos y compromete la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por hechos internacionalmente ilícitos reclamados por particulares ante órganos con jurisdicción internacional”.
En ese sentido, el ente defensor de los derechos humanos, sugirió a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Ministerio Público y Congreso Nacional, adoptar medidas necesarias para resolver la crisis institucional que enfrenta el Ministerio Público, a fin que “no se comprometa la responsabilidad internacional del Estado por acciones u omisiones de sus agentes que se contraponen a los derechos humanos”.
El llamado lo realizó a través de la Alerta Temprana No. 01- 23, donde además, reconoce la legitimidad de las exigencias de Fiscales y empleados administrativos del Ministerio Público.
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CRISIS SIN RESPUESTA
Las manifestaciones en el MP son dirigidas por la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) y la Asociación de Servidores y Empleados del Ministerio Público de Honduras (ASEMPH) a las que se han sumado fiscales y demás personal del ente acusador del Estado a nivel nacional.
El diputado de partido Libre, Jari Dixon Herrera, quien preside la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, dijo en entrevista con Criterio.hn, “No podemos vivir en un país donde un Ministerio Público está parado, (…) hay que solucionar este problema”.
Para Herrera, el primer llamado para resolver esta problemática que pone en riesgo los derechos humanos de los hondureños y hondureñas, es el fiscal general, Óscar Chinchilla.
“El primero que tiene que dar la cara es el fiscal general, porque hay informes de se les dio presupuesto y ellos no ejecutaban el presupuesto”, refirió el congresista.
Herrera, además señaló que, posterior a que Chinchilla “de la cara”, el siguiente paso es reunirse con el Poder Ejecutivo, para buscar los fondos y que el Congreso Nacional la pruebe una modificación.
La Asociación de Fiscales de Honduras se reunió en el Congreso Nacional, el pasado 2 de marzo, con representantes de las comisiones de Presupuesto, Anticorrupción, y Asuntos Constitucionales, a fin de buscar respuestas oportunas a la crisis.
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PARO LABORES AUMENTA MORA JUDICIAL
Desde el lunes 13 de marzo, hasta la fecha, de acuerdo con el subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, se han registrado 23 homicidios en el país. Hechos que no han pasado por el proceso de autopsias.
“Estamos en un país donde la impunidad es uno de los talones de Aquiles en administración de justicia”, comentó Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC).
Quien además, enfatizó que las mujeres son las más afectadas ante la falta de atención en el MP. “Esto afectaría a las principales usuarias que son las mujeres, porque uno de los delitos más denunciados -después del robo- es violencia doméstica”, refirió Sánchez.
De acuerdo con datos de Centro de Derechos de la Mujer, durante el 2022 el Sistema Nacional de Emergencia (911) registró 38,331 denuncias de violencia doméstica y 59,147 denuncias de maltrato familiar.
En ese sentido, la defensora de derechos humanos, sugirió que deben tener un equipo de emergencia para atender estas estas demandas, antes de que se caiga en una crisis institucional y que la mora judicial se agudice. “En estos momentos de altos niveles de criminalidad, femicidios, y delincuencia organizada, cerrar el MP es un lujo que como país no se puede permitir”, puntualizó Sánchez.
De enero a diciembre 2022 se registraron 299 muertes violentas de mujeres y femicidios de acuerdo a la data del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La Secretaría de Seguridad, por medio del Observatorio de la Violencia y el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) de la policía Nacional, registró 3,433 homicidios en el 2222, que representan una tasa de 35.77 % por cada cien mil habitantes.
