Dagoberto Aspra, abogado defensor de Nasry Asfura, interpuso dos recusaciones, una contra el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, y la otra contra el magistrado de Corte de Apelaciones, Guillermo López Lone, por “conflicto de interés” y ser un proceso “políticamente motivado”, ya que ambos “estarían vinculados” con el Partido Libre
El argumento de Aspra se fundamenta en que la esposa del fiscal de Uferco, Luis Javier Santos, fue nombrada como secretaria general de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y por el lado del magistrado de Corte de Apelaciones, Guillermo López Lone, su hija Carmen Hayde López, es aspirante a diputada por el Partido Libre
Tegucigalpa, Honduras. – Profesionales del derecho consultados por Criterio.hn son de la opinión que las recusaciones contra el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) Luis Javier Santos y contra el magistrado de Corte de Apelaciones, Guillermo López Lone, son improcedentes y lo que la defensa del exedil capitalino, Nasry Asfura, busca es dilatar el proceso judicial contra su defendido.
En ese sentido, los juristas observan el caso con interés, indicando que este tipo de recusaciones son estrategias comunes en casos complejos y de alto perfil, pero advierten que también pueden resultar en prolongaciones significativas en los procedimientos judiciales. De aceptarse las recusaciones, Uferco tendría que designar a un nuevo fiscal, lo que podría retrasar la resolución del caso.
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DEFENSA DE ASFURA RECUSAN A FISCAL Y MAGISTRADO
El pasado 5 de noviembre de 2024, la defensa del exalcalde de Tegucigalpa y aspirante presidencial, Nasry Asfura, interpuso una recusación contra Luis Javier Santos, titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), en el marco del proceso judicial que acusa al exedil y siete exfuncionarios de desviar 28 millones de lempiras de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Según el abogado defensor del exalcalde Nasry Asfura, Dagoberto Aspra, la recusación se fundamenta en un posible conflicto de interés debido a la relación del fiscal Luis Javier Santos con el actual gobierno de Libertad y Refundación (Libre), ya que su esposa labora para la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Aspra argumenta que el fiscal no debería ser parte acusadora en el caso, ya que su esposa ocupa el cargo de secretaria general en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), una posición estratégica en el gobierno de Libre. La defensa sostiene que esta relación familiar compromete la imparcialidad de Santos y lo vincula directamente con intereses políticos que buscan influir en el caso contra Asfura.
Además de la recusación contra Santos, la defensa de Asfura también interpuso una recusación –el jueves 7 de noviembre de 2024– contra el magistrado de la Corte de Apelaciones, Guillermo López Lone, quien está encargado de revisar los procedimientos en el caso. De acuerdo, a las declaraciones brindadas por Dagoberto Aspra a medios de comunicación esta segunda recusación, se dehe a que una de las hijas de López Lone, específicamente Carmen Haydeé López es aspirante a diputada por el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).
La estrategia de recusaciones presentada por la defensa busca cambiar a los principales actores judiciales involucrados en el caso, argumentando que tanto el fiscal como el magistrado presentan vínculos que podrían influir en el desarrollo de un juicio justo. Aspra ha reiterado que su cliente, Nasry Asfura, merece un proceso imparcial, libre de cualquier posible interferencia política.
La solicitud de recusación contra el fiscal Santos y el magistrado López Lone plantea un escenario complejo en los tribunales, en un país donde los casos de corrupción y sus consecuencias políticas han sido tema recurrente. La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si las recusaciones presentadas por la defensa son válidas y si los argumentos de Aspra justifican apartar a estos funcionarios del caso.
La defensa de Asfura también levantó un acta notarial en el juzgado de letras, en la cual dejó constancia formal de sus objeciones sobre la imparcialidad de los actores judiciales. Este tipo de documento podría ser utilizado en futuras instancias judiciales, en caso de que el caso escale a apelaciones o se decidan nuevas revisiones legales.
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PROFESIONALES DEL DERECHO CUESTIONAN RECUSACIONES CONTRA FISCAL Y MAGISTRADO
Para la exfiscal del Ministerio Público e integrante del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Kenia Paz, explicó que la defensa del exalcalde Nasry Asfura, puede interponer cualquier solicitud o recusación porque es procesalmente viable, sin embargo, “entendemos que las pretensiones de ellos podrían ser hasta dilatorias”.
En una entrevista brindada a Criterio.hn dijo que estas pretensiones podrían ser motivos más allá de lo jurídicos, y llevándolo a un plano político porque se vincula al fiscal Luis Javier Santos con el partido de gobierno.
“Esa vinculación viene porque su esposa es parte del funcionariado público, sin embargo, esto no significa que el fiscal sea un hombre que haya dedicado en algún momento su vida pública al ámbito político, en ese sentido, creo que las aspiraciones de la defensa no son objetivas”, declaró la jurista.
Además, precisó que será la Dirección de Fiscalías quién va a tener que decidir de manera procesal si es procedente o no la solicitud de la defensa de Asfura.
En esa misma línea de pensamiento opinó el exfiscal general del Ministerio Público y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Edmundo Orellana Mercado, al manifestar que estas recusaciones no tienen “asidero legal”.
“Yo no encuentro asidero legal en eso porque las personas tienen sus militancias políticas, y eso no significa que alguien queda inhabilitado para ejercer una función por sus preferencias políticas”, sostuvo Orellana.
Asimismo, señaló que cuando se habla de conflicto de interés “se refiere a intereses personales, profesionales o económicos”.
El pronunciamiento de ambos expertos subraya la complejidad de un caso que, además de aspectos jurídicos, toca sensibles temas políticos. Las recusaciones de la defensa de Asfura se enmarcan en un contexto de polarización, donde cualquier vínculo, por mínimo que sea, con figuras o instituciones del gobierno es interpretado por la oposición como una señal de parcialidad.
