Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Mientras se sigue aplicando la “ley de secretos”, el jefe de gobierno de Honduras, Juan Hernández, ha ratificado el pacto de Gobierno Abierto, herramienta con la que el oficialismo argumenta transparentará la gestión pública, rendirá cuentas y dará acceso a la participación ciudadana mediante el uso tecnologías.
La Alianza para el Gobierno Abierto es una instancia multilateral que agrupa a 75 países y que cuenta con el apoyo del Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Honduras se adhirió a la Alianza del Gobierno Abierto el 10 de agosto de 2011, mediante la firma de la Carta de Intenciones, sin embargo fue hasta el jueves que Hernández ratificó el acuerdo y se comprometió a poner en marcha el IV Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2018-2020, junto a los demás Poderes del Estado, órganos contralores y la empresa privada.
El plan está conformado por 20 compromisos y 90 acciones, que supuestamente conducirán a un Gobierno más transparente y menos corrupto.
Hernández, quien se caracteriza por fomentar la opacidad en la administración pública y de estar salpicado por la corrupción, dijo durante la ceremonia de ratificación del plan de transparencia, que ha redoblado esfuerzos en la lucha por la transparencia y contra la corrupción.
“Este ha sido nuestro compromiso permanente desde que iniciamos el 27 de enero de 2014; hemos ido de frente provocando cambios para instalar una cultura por la transparencia y lucha contra la impunidad”, aseveró.
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LEY DE SECRETOS
El discurso de Hernández contrasta con sus acciones, ya que en el 2013 siendo el presidente de Parlamento impulsó la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales o Desclasificación de la información Pública. Esta normativa, que es más conocida como “ley de secretos”, entró en vigencia el 7 de marzo de 2014, una vez que ya se había convertido en el presidente de la República.
La ley clasifica la información pública en reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta, y el blindaje es de cinco, diez, 15 y 25 años respectivamente, por lo que muchos sectores han llegado a la conclusión que es inconstitucional y un duro golpe para el acceso a la información pública en 16 instituciones del Estado, donde se ha implementado la reserva.
La “ley de secretos” se ha convertido en un obstáculo para el periodismo de investigación y para las labores de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), por lo que esta instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha pedido en reiteradas ocasiones al Congreso, que proceda a reformarla o derogarla.
En junio de 2015, tras descubrirse el colosal saqueo en el instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Hernández confesó que parte de los fondos sirvieron para financiar su campaña política durante el año 2013.
El saqueo al Seguro Social levantó la indignación de los hondureños que se lanzaron a las calles a pedir una comisión anticorrupción de las Naciones Unidas. Sin embargo, Hernández no aceptó y propuso la MACCIH, cuyas acciones están siendo boicoteadas desde el Poder Judicial con fallos que favorecen a los corruptos.
Un comentario
Por favor un tuitt de la Fulton para que JOH ordene la derogación de la ley de secretos…