Fernando Suárez, implicado en el Caso Pandora, será testigo protegido y colaborador ante nuevas líneas de investigación que el Ministerio Público realizará
Fernando Suárez es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) por los delitos de fraude, lavado de activos, abuso de autoridad, prevaricato y uso de documentos públicos falsos
Tegucigalpa, Honduras. – El fiscal general de la República, Johel Zelaya, anunció que con la información que Fernando José Suárez, recientemente extraditado, ha proporcionado se abrirán nuevas líneas de investigación en el «Caso Pandora». Suárez, quien está siendo procesado por su participación en esta red de corrupción, mostró disposición para cooperar con el Ministerio Público, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación.
El miércoles 31 de julio de 2024, el titular de la fiscalía Johel Zelaya y el jefe de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, sostuvieron una reunión con Fernando Suárez, quien se encuentra recluido en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.
Zelaya adelantó que, el imputado ofreció detalles adicionales que podrían arrojar luz sobre cómo se desfalcaron 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Esta suma, desviada mediante una compleja red de corrupción, es una de las mayores malversaciones de fondos en la historia reciente de Honduras.
“Estamos muy motivado porque él –Fernando Suarez— ha sido muy abierto, vamos a emprender nuevas líneas de investigación con la información que él ahora nos ha proporcionado”, dijo el fiscal a los medios de comunicación.
Añadió que en las próximas semanas los fiscales de la Uferco, le estarán tomando una declaración anticipada para ampliar las investigaciones.
De igual manera, expresó que el Ministerio Público está encaminado a llegar al fondo de cualquier acto de corrupción con la colaboración de los testigos.
Tras la reunión con el imputado, Johel Zelaya advirtió que el ente acusador del Estado emitirá nuevos requerimientos fiscales contra personas involucradas en casos de corrupción.
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FERNANDO SUAREZ, UN TESTIGO CLAVE EN EL CASO PANDORA
Durante el juicio que se realizó, en junio de 2021, contra los implicados en el Caso Pandora la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó a Fernando Suarez como “testigo estelar” aportando las pruebas que permitieron desentrañar el saqueo de unos doce millones de dólares de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaría de Finanzas que debían ser usados en proyectos destinados a mujeres campesinas del corredor seco.
Suárez es señalado de ser el apoderado legal de las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, con las cuales se drenaron fondos públicos que fueron depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional, Partido Frente Amplio (Faper) y Partido Liberal.
Según investigaciones de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), el imputado usó 55 millones de lempiras del erario público para su beneficio propio, dinero que realmente estaba destinado para apoyar a campesinos y agricultores.
En ese caso fueron involucrados 22 personas entre: exfuncionarios, exdiputados, socios, familiares y personas naturales por los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos, por un monto superior a 282 millones de lempiras.
Pero en 2022, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un falló que benefició a: Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, entre otros.
FONDOS DESVIADOS DE LA SAG SIRVIERON PARA FINANCIAR CAMPAÑAS POLÍTICAS
Según investigaciones del Ministerio Público parte de los fondos desviados de la Secretaría de Agricultura (SAG) se habrían utilizado para financiar la “tarjeta cachureca”, se entregaron recursos a coordinadores de campaña del Partido Nacional, se compraron dos oficinas en el Edificio Metrópolis y se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99,030,000.00 de lempiras.
