La PMOP, tras encargarse de llevar a cabo la intervención penitenciaria en todos los centros penales del país, son pocas las veces que ha rendido cuentas de los hallazgos encontrados y las medidas que están implementando que, según analistas, podrían atentar contra la integridad de los privados de libertad
Tegucigalpa, Honduras.-Con poca rendición de cuentas, sin entrega de informes de los avances ante la población y sin evacuar todas las medidas que están implementando desde que tomaron el control de los centros penales, autoridades de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) aseguran que la criminalidad orquestada en las cárceles ya dejó de ser un problema para el gobierno y sociedad hondureña.
Quien aseguró que los centros penales se han convertido en espacios tranquilos para los privados de libertad, fue Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, coronel de la Policía Militar del Orden Público, encargado de encabezar la intervención penitenciaria y que hace un par de meses estuvo envuelto en irregularidades por abusar de su poder para intimidar a sus subordinados.
“Los centros penales dejaron de ser un problema para el país (…) vamos por buen camino, creemos que la próxima semana vamos a tener nueve centros penales con todo equipado para poder tener audiencias virtuales en todos los centros”, dijo el coronel a medios de comunicación del Estado.
Además, según la entrevista hecha por ese medio de comunicación, Muñoz aseguró, sin dar una fecha en específico de inicio, que pretenden acabar con el hacinamiento de privados de unos 1, 000 privados de libertad, construyendo nuevos módulos para brindar mejores condiciones de vida.
“Los centros de reclusión son diferentes, en la actualidad valen la pena, se iniciará con los procesos de construcción de módulos para brindarle condiciones correctas a los privados de libertad”, contó Muñoz.
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POCA RENDICÓN DE CUENTAS ANTE LA POBLACIÓN
Desde que la PMOP tomó el control de los centros penales (uno de julio de 2023), son pocas las veces que han rendido cuentas ante la sociedad hondureña. Por ejemplo, el primer informe presentado por la institución armada fue el 30 de julio, en el que evidenciaron el poder que tenían los líderes de las maras y pandillas en el interior de los centros penales.
Otras veces lo hicieron de manera imprevista como, por ejemplo, cuando se desataron varios amotinamientos (en diferentes días y distintos centros penales, después de tomar el control), en los que fallecieron unos 3 tres privados de libertad en distintos hechos, respectivamente.
Para analistas en temas de seguridad, la Policía Militar del Orden Público se limita a brindar información de las medidas que aplica a los privados de libertad, porque, desde su creación, han sido señalados por violentar los derechos humanos de la población y, además han sido presa fácil de los sobornos ofrecidos por los mismos privados de libertad.
El doctor en derechos humanos Joaquín Mejía sostiene que la decisión del gobierno, de facultar nuevamente a los militares para intervenir las cárceles es errada, ya que ellos no están capacitados, ni fueron preparados para convivir con la población.
“Vamos a seguir señalando que los militares no tienen capacidad ni facultades, y son un peligro para los derechos de las personas porque ellos no ven privados de libertad o ciudadanos, lo que ven son enemigos; ellos fueron formados para la guerra, para luchar contra enemigos”, analizó.
“Los militares no pueden estar en la dirección de las cárceles. De hecho, el Estado debe cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que ordena adecuar los centros penitenciarios a los estándares internacionales con el fin de evitar situaciones como las que se están viviendo (amotinamientos y reyertas)”, agregó Mejía en pláticas con Criterio.hn.
La Policía Militar se encargó de la intervención penitenciaria, luego que en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), asesinaran a 46 privadas de libertad, el pasado 23 de junio del corriente año.
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LA POLICÍA SE ENCARGÓ PRIMERO DE LA INTERVENCIÓN
Antes que la fuerza castrense tomara el control de los centros penales, la encargada de desempeñar la función era la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, enmarcada en el plan “Solución Contra el Crimen Organizado”, sin embargo, tras la tragedia, la presidenta Xiomara Castro le quitó dicha responsabilidad para entregarse a los militares.
Los militares no sólo se están encargado de llevar las riendas de las cárceles del país, sino que también, desde el pasado cuatro de abril de este año, que entró en vigencia la segunda fase del plan “Solución Contra el Crimen Organizado”, la mandataria Xiomara Castro los delegó realizar operaciones en siete departamentos hondureños, para bajar lo incidencia delictiva.
Los departamentos intervenidos por el ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval son: Colón, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios; mientras tanto, la Policía Militar del Orden Público desempeña acciones en Atlántida y Copán.
Estas determinaciones y otras que involucren a los militares, han generado cuestionamientos porque se les está dando facultades y atribuciones que van en contra de la ley y para las cuales no están preparados, como lo planteó el abogado Joaquín Mejía.
Además, el artículo 272 de la Constitución de la República dice literalmente que las Fuerzas Armadas cooperarán con la Policía Nacional para conservar el orden público, contrario a las decisiones que facultan a los militares para encabezar operaciones.
El coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Carlos Sierra, sostiene que a los militares no se les debería pedir ningún tipo de resultado, por sus antecedentes, sino que se debe cuestionar el motivo por el que los entes de seguridad del Gobierno de Castro priorizan darle más facultades.
“El problema es incorporar a los militares en acciones de reacción de seguridad interna por los antecedentes históricos que tienen, Los militares no cuentan con la capacidad para garantizar seguridad interna a los ciudadanos, ni a los privados de libertad”, opinó.
