Si el decreto enviado por el Poder Ejecutivo es aprobado por el Congreso Nacional, la dirigencia, conductores y ayudantes del transporte urbano no podrán manifestarse en caso de que el gobierno incumpla con la entrega del subsidio. De hacerlo, paralizando las unidades como una muestra de descontento, la consecuencia será drástica: la cancelación definitiva del bono para las concesiones que se sumen a las protestas
Con el condicionamiento del gobierno al rubro del transporte urbano se estaría violando lo que establece el Artículo 79 de la Constitución de la República, que señala que toda persona tiene el derecho de reunirse con otras pacíficamente y sin armas, en señal de manifestación pública en contra de acciones gubernamentales que sean arbitrarias y perjudiquen a la población
Tegucigalpa, Honduras.– Casi al final de la sesión del pasado 9 de septiembre, tras aprobar la Ley Procesal Electoral, el diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, quizás obedeciendo a una estrategia política para de alguna manera pasarla desapercibida, leyó el dictamen elaborado por la Comisión de Transporte sobre el decreto enviado por el Poder Ejecutivo para aprobar la ampliación del subsidio o bono compensatorio al sector del transporte urbano, correspondiente a los meses de marzo a junio de 2024, período en el cual no se efectuaron los pagos.
Entre los 13 artículos que integran el decreto, llama la atención el número 10, que literalmente indica que los concesionarios a nivel nacional que sean beneficiados con el pago de este subsidio no podrán bajo ningún motivo realizar acciones de protestas como paralizar las unidades en caso de que el gobierno incumpla con el desembolso.
Además, advierte que si los transportistas, tras la aprobación de este decreto en el Congreso Nacional, realizan protestas en las calles, serán sancionados con la cancelación definitiva del bono compensatorio. En caso de que el rubro esté inconforme por el incumplimiento de pago —una crisis que se ha mantenido desde principios de 2024—, el sector deberá resolverlas a través de un diálogo con las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
El decreto, aprobado en un primer debate, en el artículo uno, establece que a cada unidad que cumpla con la rigurosidad del convenio previamente establecido, se le entregará 1, 080 lempiras diarios, lo que representa el subsidio de tres lempiras por pasaje del usuario, durante 26 días de cada mes.
Para que el gobierno cumpla con lo adeudado al sector del transporte entre marzo y junio de 2024, solicitó a la Secretaría de Finanzas (Sefin) que, tras la aprobación del decreto, desembolse al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre la millonaria suma de 244,134,560.00 lempiras, que eventualmente será transferida al sector empresarial de los transportistas.
Entre las condiciones también se incluye que el sector empresarial deberá modernizar todas las unidades de transporte urbano para brindar un servicio mejorado y seguro al usuario. Esto se estableció desde que se firmó el acuerdo entre el gobierno y los transportistas, en 2022, pero no ha sido cumplido por los empresarios. Este factor fue uno de los principales para que el gobierno dejará de entregar el subsidio a los transportistas e impidiera que incrementaran los tres lempiras al pasaje.
El decreto se encuentra en su primer debate; faltan el tercer y último debate para someterlo a votación. Con el favor de la mayoría simple de 65 votos, el nuevo subsidio condicionado para el sector empresarial del transporte urbano entraría en vigencia.
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DECRETO RECHAZADO POR EL RUBRO DEL TRANSPORTE URBANO
El empresario del transporte urbano, Jorge Lanza, cuestionó el decreto ejecutivo en debate, calificándolo de “irresponsabilidad” por parte de las autoridades, especialmente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). Según Lanza, el decreto, como el artículo 10, contiene disposiciones “amañadas” que perjudican al sector y han sido elaboradas en secreto.
“Desde el inicio, hemos solicitado a las autoridades que nos presenten el contenido del decreto, pero en lugar de transparencia, nos encontramos con medidas que afectan gravemente al sector,” denunció Lanza.
El empresario del transporte aseguró que estas acciones pueden sentar un precedente negativo para otros sectores, y que han solicitado a las bancadas opositoras al oficialismo del Congreso Nacional revisar y modificar ciertos artículos del decreto. “No podemos permitir que en un país democrático se limite el derecho a la protesta. No entiendo por qué intentan eliminar nuestro derecho a manifestarnos,” agregó.
Lanza, dueño de las unidades que circulan en la periferia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), también mencionó que desde hace diez días han intentado, sin éxito, obtener una revisión del decreto en el Congreso Nacional. “Hemos sido ignorados y ahora enfrentamos estrategias que no pudimos debatir a tiempo, perjudicando así al rubro,” señaló.
El empresario desmintió las declaraciones de algunos diputados oficialistas que integran la Comisión de Transporte, quienes afirmaron que el sector había conocido y posteriormente dado el visto bueno para que el Congreso aprobara el decreto. “Saben bien que pedimos un borrador para revisar el contenido, y la falta de respuesta de su parte refleja irresponsabilidad. No permitiremos que nos impongan medidas perjudiciales,” concluyó Lanza.
Aunque el empresario argumente que sería un abuso aprobar el decreto tal como lo envió el Poder Ejecutivo, no reconoce que el sector al que pertenece no ha cumplido con el convenio de 2022, en el que se estableció la modernización de las unidades y la oferta de un servicio de transporte seguro.
En cambio, el transporte urbano de Honduras sigue siendo no solo uno de los más atrasados en términos de modernización en Centroamérica, sino también en Latinoamérica. Además, continúa siendo inseguro, siendo uno de los escenarios favoritos de los criminales que a diario perpetran diversos delitos. Esto, bajo el contexto que muchas unidades también están al servicio del crimen organizado.
