Desde su asunción al poder, la presidenta Xiomara Castro ha nombrado siete comisiones interventoras, emulando a sus predecesores
Tegucigalpa, Honduras.- Desde que Xiomara Castro asumió la presidencia el 27 de enero de 2022, se han nombrado siete comisiones interventoras dentro de la administración pública, reflejando la confianza de la mandataria hacia ese tipo de mecanismo.
La más reciente se efectuó el pasado 31 de mayo, con la publicación en el diario oficial La Gaceta de la intervención al Instituto de la Propiedad (IP), que se generó luego de que el Gobierno argumentara que desde 2015 se erogaron a través de fideicomisos más de L18,000 millones sin registros fiables y violando la ley.
Tras la liquidación de los fideicomisos, ahora durante la Administración de Xiomara Castro, se habrían gastado ilegalmente más de L1,000 millones, cuyo destino, que habría sido para supuestas obras sociales, compras de estufas, insumos para salones de belleza, freidoras, máquinas para asar pollos, o acondicionamiento de canchas deportivas y construcción de viviendas, está siendo investigado.
Como solución, al estilo de los gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022), se nombró el 2 de junio en el IP una comisión interventora integrada por Esdras Gutiérrez, Jennifer Flores y Lenín Fúnez.
EL ORIGEN DE LAS COMISIONES INTERVENTORAS
La creación de comisiones interventoras está fundamentada en los artículos 99, 100, 101 y 102 de la Ley General de Administración Pública, una normativa que sirvió a los gobiernos nacionalistas de Lobo Sosa y Hernández para nombrar 31 intervenciones en diversas instituciones del Estado y que ahora se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por la presidenta Xiomara Castro.
La primera intervención se dio en el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) el 22 de febrero de 2022, culminando sus labores el 29 de febrero de 2024, y la segunda el 9 de febrero de 2023 en la Dirección General de Servicio Civil, que dio paso a la creación de la Administración Nacional de Servicio Civil.
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En 2023, la presidenta Xiomara Castro también decidió intervenir la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Tras haber culminado las labores, la Comisión Interventora sugirió su liquidación al no cumplir con una adecuada administración y custodia de bienes incautados por el Estado hondureño.
Otra institución que fue intervenida por la presidenta Xiomara Castro fue el Sistema Nacional de Emergencias 911, con el objetivo de revisar un controversial contrato de servicios de videovigilancia y generar una reestructuración de personal. La Comisión Interventora del 911 sigue activa.
A raíz de varios amotinamientos generados en diversas cárceles, en 2023 también se intervino el sistema penitenciario nacional, primero con una Comisión Interventora a cargo de la Secretaría de Seguridad y después a manos de la Secretaría de Defensa. Esta última intervención, que culminará el próximo 1 de julio, no ha dejado mayores resultados.
COMISIONES INTERVENTORAS RECONOCEN LA INEFICIENCIA
A consideración del analista político Luis León, las intervenciones son una señal de que las personas que son nombradas en ciertas instituciones no son capaces de administrar, y desde la titularidad del Ejecutivo se reconoce su ineficiencia.
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«Nunca he estado de acuerdo con las comisiones interventoras. Se nombran directores y ministros para que gestionen la institucionalidad pública. Al nombrar una intervención, usted dice que esas personas son incapaces», declaró León a Criterio.hn.
Por su lado, el analista en gobernabilidad y democracia, Omar García Calderón, señaló que las intervenciones son adecuadas cuando se necesita corregir o reemplazar una mala administración, pero no cuando son utilizadas con el fin de limpiar culpabilidades de malos administradores de la administración pública.
«Muchas veces, cuando se nombran estas interventoras, da la impresión de que son para limpiar, pero no conforme al marco regulatorio. En el gobierno anterior sirvieron para eso, para limpiar como carta blanca varias secretarías e instituciones, o como una administración paralela en esas instituciones», manifestó García Calderón a Criterio.hn.
Al otorgársele a las comisiones interventoras la potestad de ingresar a las instituciones estatales y hacer recomendaciones en torno al fallido funcionamiento de las mismas, sin suficientes resultados en la resolución de problemas como la corrupción, se refleja la falta de confianza hacia las instituciones encargadas del control del Estado, a consideración de los analistas consultados por este medio de comunicación.
Desde 2010, en Honduras se han nombrado 38 comisiones interventoras y la mayoría de ellas, por su carácter imprevisto, no han estado contempladas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos.
